No hubo ‘quinazo’: se trata de simples delincuente - Jorge Fernandez Menendez

La detención de Flavio Sosa, el dirigente de la APPO, que una vez en prisión ha negado tal condición pero ha preferido presentarse como lo que también es: miembro del consejo nacional del PRD, no puede considerarse, de ninguna manera, un equivalente al famoso ‘quinazo’, que en enero del 89 ejecutó el entonces presidente Carlos Salinas en contra de Joaquín Hernández Galicia, ‘La Quina’, quien era un todopoderoso líder del sindicato petrolero que controlaba Pemex en su beneficio y que había financiado las campañas sucias contra Salinas de Gortari.

‘El quinazo’ fue, en efecto, un golpe para demostrar poder. Fue también, para muchos, una suerte de venganza política, pero por sobre todas las cosas era una manera de romper con uno de los movimientos corporativistas más poderosos que había llegado a amenazar públicamente al presidente De la Madrid si se afectaban sus privilegios. ‘La Quina’, en los hechos, se había apropiado de Pemex e incluso eso le había costado, años atrás, la dirección de la empresa a don Jesús Reyes Heroles, uno de los políticos más lúcidos de las últimas décadas y padre del recientemente designado director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles González Garza. Al detener a Hernández Galicia, el presidente Salinas envió muchos mensajes: desde que no aceptaría diluir el poder del Estado frente a poderes fácticos y corporativos hasta la recuperación del control de la empresa más importante de México, pasando por el desmantelamiento de la fuente de financiamiento ilícito de varios importantes frentes opositores.

‘La Quina’ era un personaje de notable poder. Flavio Sosa es un oportunista de baja estofa, que por alguna extraña razón no había sido detenido a pesar de contar con, por lo menos, cinco órdenes de aprehensión en su contra por diversos delitos. Un oscuro dirigente que en unos pocos años pasó por el perredismo, el foxismo, el apoyo incondicional al Gobierno de José Murat; la creación de un partido fantasma, financiado por el Gobierno de Oaxaca, para quitarle votos a la candidatura de Gabino Cué, llamado Unidad Popular. Con la llamada ala campesina trató de reventar a Alternativa socialdemócrata apoyando, en lugar de Patricia Mercado, al Doctor Simi. Ahora sabemos, gracias al propio Flavio y al muy hablador vocero del PRD, Gerardo Fernández Noroña que, mientras Sosa realizaba todas esas maromas políticas era, al mismo tiempo, dirigente del PRD y miembro de su consejo nacional. López Obrador, en consecuencia, ya ha ordenado a su partido encabezar la defensa legal de este personaje. De esa manera, el propio ex candidato se desmiente a sí mismo (o demuestra que una vez más mentía descaradamente) cuando había asegurado, antes de las elecciones, que su partido no tenía nada que ver con la APPO y sus dirigentes. Hoy sabemos, por él mismo, que no era así.

Comparar a Sosa con ‘La Quina’ es un despropósito, pero más lo es comparar las razones de una y otra detención. En el caso de Flavio y los otros miembros de la APPO, estamos ante la ejecución de órdenes de aprehensión que tendrían que haber sido cumplimentadas desde tiempo atrás. La APPO se sustentó en demandas sentidas por buena parte de la sociedad oaxaqueña pero no es representativo de la misma: con el paso del tiempo, los distintos sectores sociales de la oposición democrática fueron desplazados por los grupos más radicales del magisterio y, luego éstos, a su vez, por dirigentes afines a grupos armados como el EPR. Su base de movilización pasó de ser el magisterio a una mezcla de miembros del CGH, el Frente Francisco Villa y otras organizaciones de superficie de la guerrilla sumados a lúmpenes sin ninguna expectativa política, que actuaron una y otra vez como provocadores. Sosa y estos grupos estuvieron al frente de la violenta movilización del 20 de noviembre que dejó, además de enormes daños materiales, 17 edificios históricos del Centro de Oaxaca inutilizados. En la vorágine de violencia, como buen grupo de provocadores manipulables por otras fuerzas, quemaron los archivos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y las oficinas donde estaban todos los expedientes sobre utilización de recursos públicos del Gobierno estatal en los últimos años, borrando así huellas claves para auditar los 95 mil millones de pesos en recursos públicos que las dos últimas administraciones oaxaqueñas no han permitido que fueran indagados por autoridades federales.

Flavio Sosa y los demás detenidos de la APPO simplemente cometieron innumerables delitos: existen pruebas ineludibles de la participación de la mayoría de ellos en los mismos: ahí están las fotos, las filmaciones del momento en que incendian oficinas, hoteles, restaurantes, negocios, cuando disparan con bazookas y molotovs caseras contra las fuerzas policiales. Se trata de simples delincuentes que deben ser juzgados y que si no lo fueron antes es porque durante demasiado tiempo, las autoridades federales se dejaron chantajear por todo tipo de grupos, que podían cometer cualquier delito y, finalmente, sabían que no serían castigados si argumentaban alguna justificación política.

No deja de ser un buen síntoma de que estos personajes, la mayoría de ellos provocadores rentados al mejor postor, sean juzgados. Como no deja de serlo que el mismo día de su toma de posesión, Marcelo Ebrard ordenara que los miembros del Frente Francisco Villa no siguieran bloqueando la zona de Bellas Artes. No se trata de represión ni de ‘quinazos’ o ‘flaviazos’: se trata, simplemente de hacer cumplir el estado de derecho que ha sido vulnerado una y otra vez en los últimos años. Sin esa base nada podrá construirse de cara al futuro.

Por cierto: cuando se habla de estado de derecho, en el caso Oaxaca, ello debe extenderse a los demás actores de ese conflicto, incluyendo, por supuesto, el Gobierno del Estado. 

Brinca PRD en defensa de Flavio; hará movilizaciones

Apoyo. Andrés Manuel López Obrador se reunió con perredistas para delinear la defensa de Flavio Sosa.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) iniciará oficialmente el domingo a las 10:00 horas en Oaxaca movilizaciones en apoyo al líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio —detenido por agentes federales el lunes por la noche—, anunció Jesús Ortega Martínez, miembro de la dirigencia del Frente Amplio Progresista, quien aceptó que dicha decisión se tomó también por consejo de Andrés Manuel López Obrador.
Desde las 19:00 horas empezaron a llegar miembros del PRD y de la APPO a las oficinas ubicadas en Monterrey 50, para saber qué se hará en apoyo a Flavio Sosa.
Ortega Martínez se reunió durante casi tres horas con el coordinador parlamentario de los diputados del PRD, Javier González Garza, de los senadores, Carlos Navarrete, así como dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional y del denominado "presidente legítimo", Andrés Manuel López Obrador, para oficializar la postura del PRD de ayudar legalmente a Sosa.
Esto, "pese a que desde hace unos años no pertenece al PRD", según dijo el ex senador Ortega Martínez.
Señaló que la misión del PRD será ayudar a la gente que esté en situación de represión "sea o no miembro del partido…pero no quiero polemizar al respecto".
Apuntó que habrá acciones diversas en apoyo al pueblo de Oaxaca y de Sosa ya que, señaló, no sólo es el problema de la APPO sino del pueblo de Oaxaca y el gobierno local y el federal no han querido solucionar nada".
Lamentó que el Partido Acción Nacional (PAN) no haya querido solucionar el conflicto en Oaxaca que ya lleva más de seis meses "porque ya cambió el gobierno federal y el asunto sigue estancado y Ulises Ruiz sigue en el cargo".
—¿Esta medida se da porque lo decidió López Obrador?
—No por decisión de él sino por consejo; además de la petición de miembros del Frente Amplio Progresista. Asumiremos su defensa legal sin importar que se trate de un simple ciudadano… no vamos a permitir represión… habrá apoyo absoluto a los detenidos y el asunto de las movilizaciones lo determinamos hace más de 24 horas y no por consejo o decisión única de López Obrador…él sólo mostró su solidaridad con el movimiento.
Dijo que todo el pueblo de México debería resistirse y que las medidas de apoyo de Flavio Sosa empezarán oficialmente el domingo a las 10:00 en Oaxaca y se extenderán "a otros lados". En la marcha de Oaxaca estarán los coordinadores parlamentarios del PRD en el Senado y Cámara de Diputados así como miembros del Comité Ejecutivo Nacional aunque no aseguró la presencia de López Obrador.

El PRD movilizará a su gente en apoyo a Flavio Sosa: Cota
[ Alejandro Velázquez Cervantes ]
El PRD movilizará a su gente para apoyar al líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa Villavicencio —quien la noche del lunes fue capturado por agentes federales luego de ofrecer una conferencia de prensa en la colonia Roma— aseguró ayer el presidente nacional de este partido, Leonel Cota Montaño.
Tras asistir a la toma de posesión del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, Cota Montaño dijo que la detención de Sosa significa un mensaje "clarísimo de la represión que va a significar el gobierno de Felipe Calderón; no hay ninguna intención de diálogo, es un abuso que no podemos avalar".
Lamentó que el gobierno federal llame al diálogo "en la palabra, porque en los hechos demuestra otra cosa porque en los hechos actúa de manera totalmente distinta y desde luego que nosotros vamos a seguir apoyando al movimiento popular de Oaxaca".
Ante los gritos de la gente que se concentró afuera de la Asamblea Legislativa y que apoyaba al "líder de Oaxaca, Flavio Sosa", Cota Montaño aseguró que "es un mensaje de mano dura como ellos le llaman, por eso vamos a apoyar a Flavio y a todos los presos políticos de término de sexenio y de inicio de sexenio".
—¿Cómo apoyarán a Flavio Sosa?
—En términos legales y vamos a movilizar a la gente. El próximo domingo vamos a convocar a una manifestación en Oaxaca, como partido en apoyo a los detenidos.
—¿Y en el DF?
—Igual, vamos a dar la batalla.
Más tarde, el vocero del PRD, Gerardo Fernández Noroña, ratificó que el PRD apoyará jurídica y políticamente a Flavio Sosa Villavicencio —quien ayer negó ser líder de la APPO y se dijo militante del PRD—"porque es un hombre bastante responsable y además consejero nacional del PRD".
En las oficinas de Benjamín Franklin número 84, el perredista dijo que Sosa Villavicencio no sólo es uno de los líderes de la APPO sino miembro del Consejo Nacional del partido.
Por lo tanto —aclaró— es obligación estatutaria del partido darle la defensa jurídica, misma que se extenderá a otros 150 detenidos de la APPO. Criticó las condiciones en que fue aprehendido Sosa, junto con otros dirigentes sociales, ya que "se encontraban en un proceso de negociación, y hoy o mañana estaban citados para un acercamiento de negociaciones con Gobernación".
Anticipó que , durante la reunión del Consejo Nacional, se tratará ese tema porque los estatutos de su partido señalan que cuando uno de sus dirigentes o miembros es privado de su libertad, debe ser defendido por obligación por los órganos jurídicos partidistas.

Perredistas piden libertad a presos de Atenco y Oaxaca
[José Contreras ]
m El PRD pidió en la tribuna del Senado "la libertad de todos los presos políticos de Atenco y de Oaxaca" y presentó una iniciativa de amnistía a favor de quienes estén acusados "por delitos relacionados con el propósito de alterar o modificar la estructura política del Estado Mexicano o el orden social establecido motivado por el conflicto en el estado de Oaxaca".
En tanto, el PAN exigió —también desde la tribuna— que "igual que están actuando contra los miembros de la APPO, se actúe contra los esbirros de Ulises Ruiz, porque allí hay evidencias y hay fotografías en donde hay gente delinquiendo".
Fue un doble debate prolongado entre panistas y perredistas, con los temas entreverados de la detención de Flavio Sosa y la accidentada toma de protesta de Felipe Calderón.
De entrada, Carlos Navarrete, el coordinador del PRD, dijo a los panistas: "¿Ganó el señor Calderón? ¿De verdad lo creen? Bien, pues quédense con su presidente entonces, quédense con su gabinete".
Pero más tarde su compañero de bancada, Pablo Gómez, se dirigió precisamente a ese presidente que desconocía Navarrete:
"Exijo al gobierno de Calderón libertad a los presos políticos, a los de Oaxaca, a los de Atenco, a los luchadores sociales que han dado su esfuerzo, su sacrificio por elevar las condiciones de vida y la dignidad de sus pueblos".
Hay un punto en el que podríamos arrancar a una nueva situación, dijo el senador. Declarar la desaparición de los poderes en Oaxaca y poner en libertad a todos los presos políticos. Lo demandamos hoy como lo hicimos en el año 68, y siempre lo hemos hecho durante todas estas décadas.

El movimiento está intimidado, pero no descabezado
[ Cecilia Téllez Cortés ]
Zenén Bravo, representante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), dijo que tras las detenciones de Flavio Sosa, el hermano de éste y otras dos personas, su movimiento está intimidado pero no descabezado.
Calificó la detención como una trampa urdida tanto por el gobierno federal como por el gobernador Ulises Ruiz. En entrevista previa a una reunión privada que apistas sostuvieron con Mario René Escárcega, encargado de la subsecretaría de Gobernación, exigió la liberación de un centenar y medio de detenidos que han sido traslados a los penales de Nayarit y en el penal de Máxima Seguridad del Altiplano.
Los representantes de la APPO, Zenén Bravo, Erangelio Mendoza, Gilberto Hernández y Jéssica Sánchez, confirmaron que el próximo viernes sostendrán un nuevo encuentro con la Segob, al tiempo que anunciaron una marcha a realizarse el próximo 10 de diciembre con el fin de exigir alto a la represión y libertad de los presos políticos.
Tras el encuentro que sostuvieron con Escárcega –durante tres horas-, Zenén Bravo dijo que sobre la mesa dejaron sus peticiones entre las que se encuentra la liberación de los presos, la suspensión de órdenes de aprehensión, la salida de la PFP de Oaxaca, y la renuncia del gobernador Ulises Ruiz.
Zenén Bravo reconoció la disposición de Gobernación a emprender un diálogo fructífero para solucionar los conflictos en Oaxaca y mencionó que en la reunión hubo el compromiso de que no serían detenidos mientras estuviera vigente la mesa de diálogo y que serán revisadas las órdenes de aprehensión.
A pregunta expresa sobre los vínculos con otros grupos, Zenen indicó: "Deslindamos cualquier vínculo con el PRD y con cualquier otro grupo que esté por fuera de la toma de decisiones de la APPO".

Flavio: soy del PRD y no soy el único líder de APPO
[ Israel Yáñez G. ]
El líder de la APPO, Flavio Sosa Villavicencio, aseveró durante su declaración ministerial ante autoridades de la PGR que no es el único dirigente de esta organización, ya que detrás del movimiento hay por lo menos 200 líderes, así también, aseguró que pertenece al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Sosa Villavicencio reconoció que pertenece al PRD, "yo soy miembro de un partido, el PRD", aunque se deslindó en su totalidad de los hechos violentos que se generaron en Oaxaca, ya que sus intenciones siempre fueron manifestarse por las vías constitucionalmente establecidas, como la huelga de hambre, las marchas y plantones.
Cuando el Ministerio Público de la Federación le cuestionó: "¿Cuál es el objetivo principal de la APPO? se quedó pensando unos instantes y respondió: "Mmm. Una buena pregunta. Ayudar a que en Oaxaca haya democracia".
Asimismo, acusó al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ramírez, de la violencia desatada en la entidad, a través de agentes infiltrados, quienes comenzaron con las agresiones durante los disturbios.
"Porque efectivamente en Oaxaca hay una inconformidad generalizada, cuando hacemos nuestras concentraciones —que son multitudinarias— el gobierno del estado infiltra gentes violentas para que realicen actos delictivos y nos responsabilicen a nosotros", dijo el líder.
Ante autoridades de la subdelegación Metropolitana de la PGR, Flavio Sosa, solicitó que su hermano Erick fuera liberado, ya que el objetivo de su detención fue que declinara a "mis posiciones", y como ya se concretó su captura ahora deben soltar a su consanguíneo.
"Quiero comentarles que ustedes detuvieron a mi hermano en el Aeropuerto (de Oaxaca), él no tiene ninguna participación dentro de la APPO, él es un bombero que trabaja en el aeropuerto; y si el objetivo era que yo estuviera preso, que yo declinara a mis posiciones, ya lo lograron, y les pido atentamente que liberen a mi hermano, que él no es ningún delincuente", indicó en su primer declaración ante autoridades federales.
Las autoridades judiciales del estado de Oaxaca giraron cinco órdenes de aprehensión en contra de Flavio Sosa por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro, lesiones calificadas, robo calificado con violencia en pandilla y daños dolosos al patrimonio contenidas en las causas penales 058/2006, 070/2006, 102/2006 y 136/2006.
El dirigente oaxaqueño, solicitó a las autoridades federales no entregar a la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca a Marcelino Coache e Ignacio García, detenidos junto con él el pasadazo lunes en la ciudad de México, ya que su vida corre peligro, al ser presuntamente sometidos a torturas por las autoridades oaxaqueñas.
"Las personas que vienen conmigo estoy seguro que no tienen ninguna orden de aprehensión y solicito atentamente que ustedes no las entreguen al gobierno del estado porque corre peligro su vida y van a ser torturados, como fue torturado o fueron torturados mis compañeros que han sido detenidos".
Cabe destacar que los detenidos, efectivamente no tienen órdenes de aprehensión pendientes, por lo que están asegurados en la Subprocuraduría Metropolitana de la PGR en la Glorieta de Camarones, y el único ilícito que se les imputa es de "resistencia a particulares", al oponerse al arresto.
Sosa Villavicencio es señalado por las autoridades locales y federales, como uno de los principales líderes del movimiento magisterial, que se caracterizaba por sus métodos radicales para repeler a las autoridades federales, en los cuales se usaron bombas molotov, cohetones, petardos, y se incendiaron inmuebles federales y vehículos.
Junto con el dirigente fue detenido su hermano Horacio, quien también cuenta con órdenes de aprehensión del fuero común de Oaxaca que ya fueron cumplimentadas y quien señaló en su declaración ministerial que sólo es simpatizante de la APPO y que pertenece a la organización Nueva Izquierda de Oaxaca desde hace seis años.
Por su parte Marcelino Coache aseveró que pertenece a la APPO y que es encargado del área de prensa de dicha organización, pero rechazó que ellos hayan instado a la gente para realizar desmanes, y que por el contrario, intentaron en diversas ocasiones contener los actos vandálicos que los agentes infiltrados de Ulises Ruiz realizaban para desprestigiar a la APPO.

La defensa, a cargo de la Unión de Juristas
La defensa de Flavio Sosa Villavicencio, informó que espera que las próximas horas sea tomada la declaración preparatoria al inculpado quien fue detenido en el Distrito Federal el pasado lunes junto con su hermano Horacio, ya que las autoridades que solicitaron la ordenes de aprehensión, no habían enviando el exhorto correspondiente.
El abogado Gilberto Hernández estimó que en el transcurso de las próximas deberá llegar el escrito judicial correspondiente, para después solicitar que se amplié el plazo de término constitucional de 72 a 144 horas, para que se demuestren que no hay pruebas suficientes para quedar sujetos a juicio, y alcance su libertad .
Informó que la defensa corre a cargo la Unión de Juristas de México que preside Eduardo Miranda Esquivel, que se han especializado en casos de represión contra activistas sociales.
Hasta el momento- dijo el litigante- las autoridades correspondientes que solicitaron las ordenes de aprehensión en contra de algunos dirigentes de la APPO no han enviado a los juzgados con sede en el penal del Altiplano, algún exhortó para que se defina la situación jurídica de los inculpados y se le tome su declaración preparatoria.
Trascendió que Flavio y Horacio Sosa enfrentan cuatro causas penales; tres del orden común y una más por delitos federales,, en el Juzgado Cuarto de Distrito, y a decir del abogado deberán ser agrupados en un expediente para el proceso penal.
Flavio Sosa Villavicencio, ingresó la madrugada del martes al penal de Máxima Seguridad del altiplano antes La Palma ubicado en Almoloya de Juárez, mientras que su hermano Horacio, fue trasladado al penal de Nayarit, donde enfrentará el proceso correspondiente por los delitos que se le imputan.
 

Un pez gordo - Pablo Hiriart

 Ya salió de manera oficial, con nombre, ape-llido y número de averiguación, lo que tanto apuntamos en Crónica, con informaciones duras que las autoridades capitalinas atribuían a “golpeteo político”: la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal está en manos del narcotráfico.
Reforma publicó ayer que la PGR, la DEA y la Policía Nacional de España tienen una investigación sobre Gabriel Regino, subsecretario de Seguridad Pública con Marcelo Ebrard.
La liga de Regino es —ni más ni menos—, con el cártel colombiano del Norte del Valle, sucesor del cártel de Cali, responsable de introducir entre el 30 y el 50 por ciento de la cocaína que entra a Estados Unidos.
El capo colombiano Jaime Maya Durán, detenido en Mé-xico el pasado 6 de septiembre y extraditado a EU, era escoltado por doce policías del Grupo Especial de
Reacción e Intervención de la Secretaría de Seguridad Pública del DF.
Los policías capitalinos tenían la misión de cuidar a los miembros del cártel cuando trasladaban cargamentos de droga desde el aeropuerto del DF a hoteles de Polanco y Reforma.
Además, Crónica documenta hoy que Gabriel Regino y Maya Durán hicieron retiros y transferencias de dinero a una cuenta bancaria a nombre de Armando Rincón Baca, aquí en el Distrito Federal.
De confirmarse las informaciones de la DEA, PGR y la policía española, Regino deberá contestar algunas preguntas que van a incomodar a sus jefes.
¿Qué relación hay entre sus presuntas
actuaciones al lado del cártel colombiano de las drogas, con la cadena de muertes de jefes policiacos en el Distrito Federal, ejecutados con el tiro de gracia?
¿Los maletines con dólares por servir al narcotráfico, a dónde se iban?
¿Ese dinero, hasta quién o a quiénes llegaba?
¿Qué relación hay entre su presunta
protección al narcotráfico y su anuencia implícita para que dos oficiales de la Policía Federal Preventiva que investigaban narcomenudeo en Tláhuac fueran linchados por una turba?
¿Qué relación hay entre sus publicadas ligas con el narcotráfico y el crecimiento exponencial del narcomenudeo en la capital del país?
¿Como jefe operativo de la policía del DF li-gado al narco, otorgó facilidades a los grandes traficantes de droga para hacer florecer el narcomenudeo?
¿Quiénes más están en el negocio? ¿Sólo policías?
¿Ayudó, facilitó u operó la fuga de Eduardo González, colaborador suyo y ex director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Publica del DF, involucrado en el asesinato de dos militares en Santa Fe que perseguían a narcotraficantes?
Al dejar el cargo para integrarse al “equipo de transición” entre los gobiernos de Encinas y Ebrard, ¿quién o quiénes se quedaron a cargo del negocio de protección a narcotraficantes?
¿Tuvo alguna relación con la fuga del narcotraficante guatemalteco Otto Herrera del penal de Santa Martha Acatitla?
Estas son sólo algunas preguntas que tendría que responder Regino si es que, como todo indica, su liga con el narcotráfico se confirma.
Pero tan importantes como sus declaraciones son las respuestas que tendrán que dar quienes encumbraron y defendieron a capa y espada a Gabriel Regino: Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador.
¿Por qué sostuvieron a Regino si a diario aparecían revelaciones sobre los vínculos del alto mando de la policía del Distrito Federal con el crimen organizado?
La protección a delincuentes por parte de la policía que comandaba Regino no era algo desconocido.
Aquí en Crónica se publicó que en junio de 2004 la PGR detuvo a una banda de secuestradores que lideraba el negocio del secuestro en el DF, y que había resultado muy escurridiza para atraparla.
¿Por qué había sido tan difícil su captura?
Porque el jefe de la banda, César Gómez Enrique, alias El Diputado, tenía junto con su familia escolta oficial del Gobierno del Distrito Federal.
Y con él trabaja como responsable de la logística en esa organización criminal, Marco Polo Cervantes Hernández, subdirector de las fuerzas especiales del Grupo Cobra, de la Secretaría de Seguridad Pública del DF.
En ese operativo la PGR detuvo también a Francisco Alberto Martínez y David López León, del Grupo Alfa de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, y a Janet Nicanor Rojas, también del Grupo Cobra, acusado de participar en la intercepción y detención de las víctimas.
¿Por qué Ebrard y López Obrador no llamaron a cuentas al jefe de todos ellos, Gabriel Regino?
¿Ni siquiera una explicación? ¿Por qué?
Entre 2001 y 2004 el narcomenudeo creció en el Distrito Federal en 762 por ciento, de acuerdo con el informe que la PGR entregó al Congreso con el título de “Problemática Social Generada por el Narcomenudeo”.
Ahí la PGR apunta que el número de pequeños expendios de droga en el Distrito Federal subió a 10,000.
Y asienta que la subsecretaría de Servicios Educativos de la SEP informa que 62 mil estu-diantes de secundaria del DF ya son consumidores habituales de drogas.
A la vuelta de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, ubicada en la calle de Liverpool, se pueden encontrar vendedores de cocaína.
Hace dos años el reportero Carlos Jiménez
constató con los vendedores de droga que operan en las inmediaciones de la SSP, que cada uno de ellos paga a la policía tres mil pesos a la semana para operar sin ser molestado.
Eso se publicó. Lo mismo que el informe de la PGR al Congreso.
¿Por qué entonces sostuvieron a Regino como subsecretario de Seguridad Pública del DF?
Lo que hay en concreto, ahora, es la confirmación de una larga lista de hechos que ame-ritaban la separación de Regino del cargo y una investigación a fondo sobre su comportamiento.
Por ello, sin especular ni adelantar juicios, parece ineludible que el próximo jefe de Go-bierno, Marcelo Ebrard, ofrezca explicaciones sobre los motivos que lo llevaron a promover y a proteger a Regino no obstante la andana de evidencias en su contra.
¿Por qué lo hizo?
Es que la revelación de las ligas de Regino con el crimen organizado explica Tláhuac.
Y explica la explosión del narcomenudeo en la capital del país.
Y explica los crímenes de jefes policiacos ejecutados, al parecer, por la mafia.
¿Explica también la millonaria campaña de López Obrador?
¿Explica también el millonario soporte a las movilizaciones post electorales de López Obrador?
¿Explica también el lazo que, de manera insólita, une a Ebrard con López Obrador en la aventura post electoral de desconocer al Presidente Constitucional, como no lo ha hecho ningún otro gobernador del PRD?
Para atajar cualquier especulación, Ebrard tendrá que
hacer una investigación a fondo y muy rápida para aclarar, ante la opinión pública, dónde iba a dar el dinero que acumulaban los jefes policiacos de la secretaría a su cargo, merced a la protección oficial a narcotraficantes.
De no haber un deslinde claro de parte del nuevo jefe de Gobierno, estaremos ante un acontecimiento de enormes repercusiones políticas.
El Pemexgate y el caso Amigos de Fox serán juego de niños al lado de lo que puede haber con la colusión de las altas esferas de la policía con grandes capos del narcotráfico.
Por el bien de todos, más vale que aclare.

Cambio de fondo - Macario Schettino

Pocos días antes del cambio de go bierno, Ana Cristina Covarrubias, encuestadora de López Obrador durante la campaña, reconoció ante sus colegas que el 2 de julio sus datos le indicaban que Felipe Calderón había ganado por cerca de un punto porcentual. Se confirma, entonces, que López Obrador sabía, desde la misma noche de la elección, que había perdido. Se confirma, como lo dijimos en estas páginas, que desde entonces ha mentido, una y otra vez, para crear una crisis política.

Nunca hubo evidencia alguna de fraude, porque éste nunca existió. Y nunca hubo la intención de que se contara voto por voto, como sabemos, porque el PRD nunca lo solicitó. Y no lo hizo, como ahora debe ser evidente, porque sabían que habían perdido. Su única apuesta era anular la elección.

Todo el escándalo alrededor del fraude tenía la única intención de crear un ambiente de crisis que hiciese razonable la anulación de la elección. Es un montaje mediático de aquel que tanto se queja de que los medios no le hacen caso.


Con la excusa de un agravio que, ahora vemos, nunca existió, López Obrador y el PRD han jugado un juego perverso. En cada evento significativo, tensan la cuerda hasta donde sea posible, pero dejando abierta la puerta al cumplimiento de la ley, o a algo que pueda interpretarse así. Es decir, ponen al país al borde de la crisis constitucional, aunque con la expectativa de no llegar nunca a ella.


Este juego le está costando mucho a ese partido. Tal vez mucho más de lo que imaginan. La actitud golpista del PRD es posible que le haya permitido mantener a su núcleo duro contento, pero los radicales nunca se satisfacen. Cada intento de golpe ha tenido que ser más violento, con lo que cada vez hay menos personas interesadas en seguir a un líder que ya sólo se solaza en el insulto y el desprecio.


El equilibrio numérico en el Congreso, por otro lado, es un incentivo para que sea el PRI el que coseche cada intransigencia perredista, puesto que el Frente Amplio Progresista, que agrupa al PRD, a Convergencia y al PT, no llega siquiera al 33% de las cámaras. Los acuerdos que se logren sin el Frente pueden llegar a ser modificaciones constitucionales. Y habiendo perdido el apoyo de millones de personas, el Frente ya tampoco tiene la calle.

La coronación del legítimo, lo mismo que la manifestación del viernes pasado, a duras penas juntaron 100 mil personas, que en esta ciudad, y para esa fuerza política, no son nada.

Repito: el Frente no tiene fuerza legislativa para bloquear reformas constitucionales; ha perdido la calle por su actitud golpista, salvo para sus seguidores más leales, que ya no son muchos; y ahora le están quitando las banderas desde la Presidencia. En su afán por no aceptar la derrota electoral que él mismo se asestó, López Obrador está acabando con su partido, si no es que ya lo destruyó.

Entiendo bien lo que los líderes perredistas han intentado hacer desde el 2 de julio. Aunque saben que perdieron la Presidencia, no quieren pecar de ingratitud con el líder que les llevó a ganar un tercio de los votos. Y no han querido arriesgarse a una ruptura interna que los pudiera dañar. Es posible que su decisión haya sido equivocada, y que hayan perdido más por este camino. Pero eso no es fácil de saber.

Como sabemos, la existencia de tres grandes partidos en un régimen presidencial no es estable. Lo que no podemos saber hoy es cuál acabará en los libros de historia y cuáles seguirán en la lucha política. El camino que ha seguido el PRD le ha dado una oportunidad extraordinaria al PRI. No creo que la quieran desaprovechar.

Insisto en que estamos en una nueva etapa de la política mexicana, que ya cerramos el periodo iniciado en 1986, y que habrá cambios de fondo en el mapa de partidos políticos que tenemos. En aquel año, los partidos se transformaron para enfrentar mejor el fin del régimen de la Revolución. Ahora deberán hacerlo para enfrentar un régimen democrático, que empieza a consolidarse. No conviene a los profesionales ignorar este proceso.

Entereza frente al golpismo - Jesus Silva Herzog Marquez

 La protesta de Felipe Calderón fue una muestra de entereza. La salida fácil era ceder ante la presión de los perredistas. Pero los rehenes políticos de López Obrador no formulaban una atendible petición parlamentaria: pretendían intimidar al nuevo mandatario para nublar la legalidad de su asunción. Más que eso: buscaban la ruptura del orden constitucional. Lo gritaron a los cuatro vientos y sin asomo de vergüenza: no permitiremos la toma de posesión. Imaginemos las mismas escenas con distintos actores. Imaginemos que el PRI hubiera declarado hace seis años que impediría por la fuerza la toma de posesión del Presidente panista porque la legitimidad histórica (no la pueril legitimidad institucional) le correspondía al Partido de la Revolución. Ese es el tamaño de la aberración que presenciamos. El intento perredista debe ser nombrado con sus ocho letras: golpismo. No merece otro nombre el afán de imponer por la fuerza una crisis institucional. Federico Reyes Heroles lo adelantó hace una semana: seríamos testigos del intento de un golpe de Estado. En efecto, eso fue lo que vimos. Se intentó romper el orden democrático. Por eso es encomiable la tenacidad de los panistas, la conducta de los priístas y la determinación del Presidente entrante.

Suelen los transitómanos hablar con frecuencia del caso español. Han soñado durante años con una Moncloa, con una constitución paralela a la del 78, con un pacto semejante al de la fundación española. Muchos políticos mexicanos se han imaginado como los personajes de aquella transición. Pues bien, si se quiere insistir en el paralelo, los perredistas han tenido a bien entregarnos una versión patética del coronel Tejero. Que no se haya escuchado un balazo en el salón del Congreso no altera la analogía. En ambos casos se intentó someter la democracia al imperio de la fuerza. La gran diferencia entre el episodio español y el mexicano no es el revólver del militar sino la procedencia de los golpistas mexicanos. Quienes pretendieron la ruptura institucional no eran militares disgustados con las contrariedades del pluralismo. Eran legisladores, esto es, representantes de un orden institucional y democrático. Su título, por cierto, es tan limpio como el del Presidente entrante. Fueron electos el mismo día y bajo las mismas reglas. Los mismos ciudadanos los eligieron y los mismos ciudadanos contaron los votos. Demencial es pensar que el título de unos es incuestionable mientras el del otro es descartado y lanzado al cesto de basura. El episodio es francamente delirante, incomprensible: los encargados de cuidar la casa empeñados en incendiarla. Sin recato alguno, anunciaron su determinación de dinamitar el relevo, es decir, de romper con el orden institucional. Quienes se decían moderados y razonables optaron por cuidar el pescuezo y no molestar al amado o, más bien, temido, líder. Comparsas de esta tragedia de la izquierda mexicana.

El partido que se define por su compromiso democrático, actuó como lacayo de un rencor ciego y destructivo, desesperado y ridículo. El PRD mostró una monolítica convicción antidemocrática. A juzgar por el comportamiento de los perredistas en la cámara y las declaraciones de sus voceros, esa persuasión resultó unánime. Dejo fuera de esta crítica los reparos de los gobernadores perredistas que se distanciaron de la ruta golpista. Lo sorprendente es que ni un solo legislador federal tuvo el valor de oponer su palabra a la bravuconería del vocero perredista. Ni un solo diputado, ni un solo senador fue capaz de esgrimir un argumento frente a la política del rencor y la ambición revanchista. La disciplina del miedo se impuso dentro de ese partido. Los moderados terminaron siendo nada, cómplices silenciosos de la enajenación golpista. La retórica perredista de estas jornadas lamentables no fue más que ostentación de amenazas, anticipos de violencia y vaticinios apocalípticos. Si atendemos las palabras del cacique todavía reinante en esa provincia, el compromiso político del PRD consiste en la ambiciosa tarea de hacer fracasar al Gobierno. Eso. No tratarán de oponerse a sus políticas. No pretenden resistir iniciativas contrarias a su proyecto. Pretenden oponerse también a aquellas medidas que adopten su plan, si es que vienen del Gobierno. Es el patriotismo de la hecatombe. La única forma de hacerle un bien a México es incendiarlo primero para sembrar en tierra enriquecida con cadáveres panistas. El compromiso democrático significa para el PRD empeñarse en el naufragio del Gobierno.

La entereza de Calderón merece reconocimiento. El Presidente venció los obstáculos físicos que le pusieron en el camino, entró al Congreso y ahí protestó el cargo. La frustración de los golpistas que se empeñaban en hacer fracasar la ceremonia es un triunfo democrático. No olvido las enormes dificultades que enfrenta su Gobierno. No menosprecio los retos que enfrentará en el flanco institucional y, sobre todo, en el ámbito de la política salvaje. Creo que su equipo tiene fallas evidentes y que, por algunos nombramientos, envía señales preocupantes. Pero Felipe Calderón ha plantado cara a la intimidación que nos ha gobernado durante seis años. Esa fue, en efecto, la autoridad suprema durante el sexenio de Fox: el chantaje. Padecimos durante años la política de la extorsión, esa política en donde la amenaza era respondida una y otra vez con concesiones. Un Presidente sin idea de gobierno y un grupo de actores políticos sin compromiso alguno con la legalidad; chantaje y cesión. Ese fue el círculo fatal del foxismo. El primer gesto de Calderón ha sido escapar de él. Ese es el atisbo de un buen comienzo.