La detención de Flavio Sosa, el dirigente de la APPO, que una vez en prisión ha negado tal condición pero ha preferido presentarse como lo que también es: miembro del consejo nacional del PRD, no puede considerarse, de ninguna manera, un equivalente al famoso ‘quinazo’, que en enero del 89 ejecutó el entonces presidente Carlos Salinas en contra de Joaquín Hernández Galicia, ‘La Quina’, quien era un todopoderoso líder del sindicato petrolero que controlaba Pemex en su beneficio y que había financiado las campañas sucias contra Salinas de Gortari.
‘El quinazo’ fue, en efecto, un golpe para demostrar poder. Fue también, para muchos, una suerte de venganza política, pero por sobre todas las cosas era una manera de romper con uno de los movimientos corporativistas más poderosos que había llegado a amenazar públicamente al presidente De la Madrid si se afectaban sus privilegios. ‘La Quina’, en los hechos, se había apropiado de Pemex e incluso eso le había costado, años atrás, la dirección de la empresa a don Jesús Reyes Heroles, uno de los políticos más lúcidos de las últimas décadas y padre del recientemente designado director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles González Garza. Al detener a Hernández Galicia, el presidente Salinas envió muchos mensajes: desde que no aceptaría diluir el poder del Estado frente a poderes fácticos y corporativos hasta la recuperación del control de la empresa más importante de México, pasando por el desmantelamiento de la fuente de financiamiento ilícito de varios importantes frentes opositores.
‘La Quina’ era un personaje de notable poder. Flavio Sosa es un oportunista de baja estofa, que por alguna extraña razón no había sido detenido a pesar de contar con, por lo menos, cinco órdenes de aprehensión en su contra por diversos delitos. Un oscuro dirigente que en unos pocos años pasó por el perredismo, el foxismo, el apoyo incondicional al Gobierno de José Murat; la creación de un partido fantasma, financiado por el Gobierno de Oaxaca, para quitarle votos a la candidatura de Gabino Cué, llamado Unidad Popular. Con la llamada ala campesina trató de reventar a Alternativa socialdemócrata apoyando, en lugar de Patricia Mercado, al Doctor Simi. Ahora sabemos, gracias al propio Flavio y al muy hablador vocero del PRD, Gerardo Fernández Noroña que, mientras Sosa realizaba todas esas maromas políticas era, al mismo tiempo, dirigente del PRD y miembro de su consejo nacional. López Obrador, en consecuencia, ya ha ordenado a su partido encabezar la defensa legal de este personaje. De esa manera, el propio ex candidato se desmiente a sí mismo (o demuestra que una vez más mentía descaradamente) cuando había asegurado, antes de las elecciones, que su partido no tenía nada que ver con la APPO y sus dirigentes. Hoy sabemos, por él mismo, que no era así.
Comparar a Sosa con ‘La Quina’ es un despropósito, pero más lo es comparar las razones de una y otra detención. En el caso de Flavio y los otros miembros de la APPO, estamos ante la ejecución de órdenes de aprehensión que tendrían que haber sido cumplimentadas desde tiempo atrás. La APPO se sustentó en demandas sentidas por buena parte de la sociedad oaxaqueña pero no es representativo de la misma: con el paso del tiempo, los distintos sectores sociales de la oposición democrática fueron desplazados por los grupos más radicales del magisterio y, luego éstos, a su vez, por dirigentes afines a grupos armados como el EPR. Su base de movilización pasó de ser el magisterio a una mezcla de miembros del CGH, el Frente Francisco Villa y otras organizaciones de superficie de la guerrilla sumados a lúmpenes sin ninguna expectativa política, que actuaron una y otra vez como provocadores. Sosa y estos grupos estuvieron al frente de la violenta movilización del 20 de noviembre que dejó, además de enormes daños materiales, 17 edificios históricos del Centro de Oaxaca inutilizados. En la vorágine de violencia, como buen grupo de provocadores manipulables por otras fuerzas, quemaron los archivos del Tribunal Superior de Justicia del Estado y las oficinas donde estaban todos los expedientes sobre utilización de recursos públicos del Gobierno estatal en los últimos años, borrando así huellas claves para auditar los 95 mil millones de pesos en recursos públicos que las dos últimas administraciones oaxaqueñas no han permitido que fueran indagados por autoridades federales.
Flavio Sosa y los demás detenidos de la APPO simplemente cometieron innumerables delitos: existen pruebas ineludibles de la participación de la mayoría de ellos en los mismos: ahí están las fotos, las filmaciones del momento en que incendian oficinas, hoteles, restaurantes, negocios, cuando disparan con bazookas y molotovs caseras contra las fuerzas policiales. Se trata de simples delincuentes que deben ser juzgados y que si no lo fueron antes es porque durante demasiado tiempo, las autoridades federales se dejaron chantajear por todo tipo de grupos, que podían cometer cualquier delito y, finalmente, sabían que no serían castigados si argumentaban alguna justificación política.
No deja de ser un buen síntoma de que estos personajes, la mayoría de ellos provocadores rentados al mejor postor, sean juzgados. Como no deja de serlo que el mismo día de su toma de posesión, Marcelo Ebrard ordenara que los miembros del Frente Francisco Villa no siguieran bloqueando la zona de Bellas Artes. No se trata de represión ni de ‘quinazos’ o ‘flaviazos’: se trata, simplemente de hacer cumplir el estado de derecho que ha sido vulnerado una y otra vez en los últimos años. Sin esa base nada podrá construirse de cara al futuro.
Por cierto: cuando se habla de estado de derecho, en el caso Oaxaca, ello debe extenderse a los demás actores de ese conflicto, incluyendo, por supuesto, el Gobierno del Estado.
Thursday, December 07, 2006
Wednesday, December 06, 2006
Brinca PRD en defensa de Flavio; hará movilizaciones
Apoyo. Andrés Manuel López Obrador se reunió con perredistas para delinear la defensa de Flavio Sosa.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) iniciará oficialmente el domingo a las 10:00 horas en Oaxaca movilizaciones en apoyo al líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio —detenido por agentes federales el lunes por la noche—, anunció Jesús Ortega Martínez, miembro de la dirigencia del Frente Amplio Progresista, quien aceptó que dicha decisión se tomó también por consejo de Andrés Manuel López Obrador.
Desde las 19:00 horas empezaron a llegar miembros del PRD y de la APPO a las oficinas ubicadas en Monterrey 50, para saber qué se hará en apoyo a Flavio Sosa.
Ortega Martínez se reunió durante casi tres horas con el coordinador parlamentario de los diputados del PRD, Javier González Garza, de los senadores, Carlos Navarrete, así como dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional y del denominado "presidente legítimo", Andrés Manuel López Obrador, para oficializar la postura del PRD de ayudar legalmente a Sosa.
Esto, "pese a que desde hace unos años no pertenece al PRD", según dijo el ex senador Ortega Martínez.
Señaló que la misión del PRD será ayudar a la gente que esté en situación de represión "sea o no miembro del partido…pero no quiero polemizar al respecto".
Apuntó que habrá acciones diversas en apoyo al pueblo de Oaxaca y de Sosa ya que, señaló, no sólo es el problema de la APPO sino del pueblo de Oaxaca y el gobierno local y el federal no han querido solucionar nada".
Lamentó que el Partido Acción Nacional (PAN) no haya querido solucionar el conflicto en Oaxaca que ya lleva más de seis meses "porque ya cambió el gobierno federal y el asunto sigue estancado y Ulises Ruiz sigue en el cargo".
—¿Esta medida se da porque lo decidió López Obrador?
—No por decisión de él sino por consejo; además de la petición de miembros del Frente Amplio Progresista. Asumiremos su defensa legal sin importar que se trate de un simple ciudadano… no vamos a permitir represión… habrá apoyo absoluto a los detenidos y el asunto de las movilizaciones lo determinamos hace más de 24 horas y no por consejo o decisión única de López Obrador…él sólo mostró su solidaridad con el movimiento.
Dijo que todo el pueblo de México debería resistirse y que las medidas de apoyo de Flavio Sosa empezarán oficialmente el domingo a las 10:00 en Oaxaca y se extenderán "a otros lados". En la marcha de Oaxaca estarán los coordinadores parlamentarios del PRD en el Senado y Cámara de Diputados así como miembros del Comité Ejecutivo Nacional aunque no aseguró la presencia de López Obrador.
El PRD movilizará a su gente en apoyo a Flavio Sosa: Cota
[ Alejandro Velázquez Cervantes ]
El PRD movilizará a su gente para apoyar al líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa Villavicencio —quien la noche del lunes fue capturado por agentes federales luego de ofrecer una conferencia de prensa en la colonia Roma— aseguró ayer el presidente nacional de este partido, Leonel Cota Montaño.
Tras asistir a la toma de posesión del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, Cota Montaño dijo que la detención de Sosa significa un mensaje "clarísimo de la represión que va a significar el gobierno de Felipe Calderón; no hay ninguna intención de diálogo, es un abuso que no podemos avalar".
Lamentó que el gobierno federal llame al diálogo "en la palabra, porque en los hechos demuestra otra cosa porque en los hechos actúa de manera totalmente distinta y desde luego que nosotros vamos a seguir apoyando al movimiento popular de Oaxaca".
Ante los gritos de la gente que se concentró afuera de la Asamblea Legislativa y que apoyaba al "líder de Oaxaca, Flavio Sosa", Cota Montaño aseguró que "es un mensaje de mano dura como ellos le llaman, por eso vamos a apoyar a Flavio y a todos los presos políticos de término de sexenio y de inicio de sexenio".
—¿Cómo apoyarán a Flavio Sosa?
—En términos legales y vamos a movilizar a la gente. El próximo domingo vamos a convocar a una manifestación en Oaxaca, como partido en apoyo a los detenidos.
—¿Y en el DF?
—Igual, vamos a dar la batalla.
Más tarde, el vocero del PRD, Gerardo Fernández Noroña, ratificó que el PRD apoyará jurídica y políticamente a Flavio Sosa Villavicencio —quien ayer negó ser líder de la APPO y se dijo militante del PRD—"porque es un hombre bastante responsable y además consejero nacional del PRD".
En las oficinas de Benjamín Franklin número 84, el perredista dijo que Sosa Villavicencio no sólo es uno de los líderes de la APPO sino miembro del Consejo Nacional del partido.
Por lo tanto —aclaró— es obligación estatutaria del partido darle la defensa jurídica, misma que se extenderá a otros 150 detenidos de la APPO. Criticó las condiciones en que fue aprehendido Sosa, junto con otros dirigentes sociales, ya que "se encontraban en un proceso de negociación, y hoy o mañana estaban citados para un acercamiento de negociaciones con Gobernación".
Anticipó que , durante la reunión del Consejo Nacional, se tratará ese tema porque los estatutos de su partido señalan que cuando uno de sus dirigentes o miembros es privado de su libertad, debe ser defendido por obligación por los órganos jurídicos partidistas.
Perredistas piden libertad a presos de Atenco y Oaxaca
[José Contreras ]
m El PRD pidió en la tribuna del Senado "la libertad de todos los presos políticos de Atenco y de Oaxaca" y presentó una iniciativa de amnistía a favor de quienes estén acusados "por delitos relacionados con el propósito de alterar o modificar la estructura política del Estado Mexicano o el orden social establecido motivado por el conflicto en el estado de Oaxaca".
En tanto, el PAN exigió —también desde la tribuna— que "igual que están actuando contra los miembros de la APPO, se actúe contra los esbirros de Ulises Ruiz, porque allí hay evidencias y hay fotografías en donde hay gente delinquiendo".
Fue un doble debate prolongado entre panistas y perredistas, con los temas entreverados de la detención de Flavio Sosa y la accidentada toma de protesta de Felipe Calderón.
De entrada, Carlos Navarrete, el coordinador del PRD, dijo a los panistas: "¿Ganó el señor Calderón? ¿De verdad lo creen? Bien, pues quédense con su presidente entonces, quédense con su gabinete".
Pero más tarde su compañero de bancada, Pablo Gómez, se dirigió precisamente a ese presidente que desconocía Navarrete:
"Exijo al gobierno de Calderón libertad a los presos políticos, a los de Oaxaca, a los de Atenco, a los luchadores sociales que han dado su esfuerzo, su sacrificio por elevar las condiciones de vida y la dignidad de sus pueblos".
Hay un punto en el que podríamos arrancar a una nueva situación, dijo el senador. Declarar la desaparición de los poderes en Oaxaca y poner en libertad a todos los presos políticos. Lo demandamos hoy como lo hicimos en el año 68, y siempre lo hemos hecho durante todas estas décadas.
El movimiento está intimidado, pero no descabezado
[ Cecilia Téllez Cortés ]
Zenén Bravo, representante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), dijo que tras las detenciones de Flavio Sosa, el hermano de éste y otras dos personas, su movimiento está intimidado pero no descabezado.
Calificó la detención como una trampa urdida tanto por el gobierno federal como por el gobernador Ulises Ruiz. En entrevista previa a una reunión privada que apistas sostuvieron con Mario René Escárcega, encargado de la subsecretaría de Gobernación, exigió la liberación de un centenar y medio de detenidos que han sido traslados a los penales de Nayarit y en el penal de Máxima Seguridad del Altiplano.
Los representantes de la APPO, Zenén Bravo, Erangelio Mendoza, Gilberto Hernández y Jéssica Sánchez, confirmaron que el próximo viernes sostendrán un nuevo encuentro con la Segob, al tiempo que anunciaron una marcha a realizarse el próximo 10 de diciembre con el fin de exigir alto a la represión y libertad de los presos políticos.
Tras el encuentro que sostuvieron con Escárcega –durante tres horas-, Zenén Bravo dijo que sobre la mesa dejaron sus peticiones entre las que se encuentra la liberación de los presos, la suspensión de órdenes de aprehensión, la salida de la PFP de Oaxaca, y la renuncia del gobernador Ulises Ruiz.
Zenén Bravo reconoció la disposición de Gobernación a emprender un diálogo fructífero para solucionar los conflictos en Oaxaca y mencionó que en la reunión hubo el compromiso de que no serían detenidos mientras estuviera vigente la mesa de diálogo y que serán revisadas las órdenes de aprehensión.
A pregunta expresa sobre los vínculos con otros grupos, Zenen indicó: "Deslindamos cualquier vínculo con el PRD y con cualquier otro grupo que esté por fuera de la toma de decisiones de la APPO".
Flavio: soy del PRD y no soy el único líder de APPO
[ Israel Yáñez G. ]
El líder de la APPO, Flavio Sosa Villavicencio, aseveró durante su declaración ministerial ante autoridades de la PGR que no es el único dirigente de esta organización, ya que detrás del movimiento hay por lo menos 200 líderes, así también, aseguró que pertenece al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Sosa Villavicencio reconoció que pertenece al PRD, "yo soy miembro de un partido, el PRD", aunque se deslindó en su totalidad de los hechos violentos que se generaron en Oaxaca, ya que sus intenciones siempre fueron manifestarse por las vías constitucionalmente establecidas, como la huelga de hambre, las marchas y plantones.
Cuando el Ministerio Público de la Federación le cuestionó: "¿Cuál es el objetivo principal de la APPO? se quedó pensando unos instantes y respondió: "Mmm. Una buena pregunta. Ayudar a que en Oaxaca haya democracia".
Asimismo, acusó al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ramírez, de la violencia desatada en la entidad, a través de agentes infiltrados, quienes comenzaron con las agresiones durante los disturbios.
"Porque efectivamente en Oaxaca hay una inconformidad generalizada, cuando hacemos nuestras concentraciones —que son multitudinarias— el gobierno del estado infiltra gentes violentas para que realicen actos delictivos y nos responsabilicen a nosotros", dijo el líder.
Ante autoridades de la subdelegación Metropolitana de la PGR, Flavio Sosa, solicitó que su hermano Erick fuera liberado, ya que el objetivo de su detención fue que declinara a "mis posiciones", y como ya se concretó su captura ahora deben soltar a su consanguíneo.
"Quiero comentarles que ustedes detuvieron a mi hermano en el Aeropuerto (de Oaxaca), él no tiene ninguna participación dentro de la APPO, él es un bombero que trabaja en el aeropuerto; y si el objetivo era que yo estuviera preso, que yo declinara a mis posiciones, ya lo lograron, y les pido atentamente que liberen a mi hermano, que él no es ningún delincuente", indicó en su primer declaración ante autoridades federales.
Las autoridades judiciales del estado de Oaxaca giraron cinco órdenes de aprehensión en contra de Flavio Sosa por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro, lesiones calificadas, robo calificado con violencia en pandilla y daños dolosos al patrimonio contenidas en las causas penales 058/2006, 070/2006, 102/2006 y 136/2006.
El dirigente oaxaqueño, solicitó a las autoridades federales no entregar a la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca a Marcelino Coache e Ignacio García, detenidos junto con él el pasadazo lunes en la ciudad de México, ya que su vida corre peligro, al ser presuntamente sometidos a torturas por las autoridades oaxaqueñas.
"Las personas que vienen conmigo estoy seguro que no tienen ninguna orden de aprehensión y solicito atentamente que ustedes no las entreguen al gobierno del estado porque corre peligro su vida y van a ser torturados, como fue torturado o fueron torturados mis compañeros que han sido detenidos".
Cabe destacar que los detenidos, efectivamente no tienen órdenes de aprehensión pendientes, por lo que están asegurados en la Subprocuraduría Metropolitana de la PGR en la Glorieta de Camarones, y el único ilícito que se les imputa es de "resistencia a particulares", al oponerse al arresto.
Sosa Villavicencio es señalado por las autoridades locales y federales, como uno de los principales líderes del movimiento magisterial, que se caracterizaba por sus métodos radicales para repeler a las autoridades federales, en los cuales se usaron bombas molotov, cohetones, petardos, y se incendiaron inmuebles federales y vehículos.
Junto con el dirigente fue detenido su hermano Horacio, quien también cuenta con órdenes de aprehensión del fuero común de Oaxaca que ya fueron cumplimentadas y quien señaló en su declaración ministerial que sólo es simpatizante de la APPO y que pertenece a la organización Nueva Izquierda de Oaxaca desde hace seis años.
Por su parte Marcelino Coache aseveró que pertenece a la APPO y que es encargado del área de prensa de dicha organización, pero rechazó que ellos hayan instado a la gente para realizar desmanes, y que por el contrario, intentaron en diversas ocasiones contener los actos vandálicos que los agentes infiltrados de Ulises Ruiz realizaban para desprestigiar a la APPO.
La defensa, a cargo de la Unión de Juristas
La defensa de Flavio Sosa Villavicencio, informó que espera que las próximas horas sea tomada la declaración preparatoria al inculpado quien fue detenido en el Distrito Federal el pasado lunes junto con su hermano Horacio, ya que las autoridades que solicitaron la ordenes de aprehensión, no habían enviando el exhorto correspondiente.
El abogado Gilberto Hernández estimó que en el transcurso de las próximas deberá llegar el escrito judicial correspondiente, para después solicitar que se amplié el plazo de término constitucional de 72 a 144 horas, para que se demuestren que no hay pruebas suficientes para quedar sujetos a juicio, y alcance su libertad .
Informó que la defensa corre a cargo la Unión de Juristas de México que preside Eduardo Miranda Esquivel, que se han especializado en casos de represión contra activistas sociales.
Hasta el momento- dijo el litigante- las autoridades correspondientes que solicitaron las ordenes de aprehensión en contra de algunos dirigentes de la APPO no han enviado a los juzgados con sede en el penal del Altiplano, algún exhortó para que se defina la situación jurídica de los inculpados y se le tome su declaración preparatoria.
Trascendió que Flavio y Horacio Sosa enfrentan cuatro causas penales; tres del orden común y una más por delitos federales,, en el Juzgado Cuarto de Distrito, y a decir del abogado deberán ser agrupados en un expediente para el proceso penal.
Flavio Sosa Villavicencio, ingresó la madrugada del martes al penal de Máxima Seguridad del altiplano antes La Palma ubicado en Almoloya de Juárez, mientras que su hermano Horacio, fue trasladado al penal de Nayarit, donde enfrentará el proceso correspondiente por los delitos que se le imputan.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) iniciará oficialmente el domingo a las 10:00 horas en Oaxaca movilizaciones en apoyo al líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Flavio Sosa Villavicencio —detenido por agentes federales el lunes por la noche—, anunció Jesús Ortega Martínez, miembro de la dirigencia del Frente Amplio Progresista, quien aceptó que dicha decisión se tomó también por consejo de Andrés Manuel López Obrador.
Desde las 19:00 horas empezaron a llegar miembros del PRD y de la APPO a las oficinas ubicadas en Monterrey 50, para saber qué se hará en apoyo a Flavio Sosa.
Ortega Martínez se reunió durante casi tres horas con el coordinador parlamentario de los diputados del PRD, Javier González Garza, de los senadores, Carlos Navarrete, así como dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional y del denominado "presidente legítimo", Andrés Manuel López Obrador, para oficializar la postura del PRD de ayudar legalmente a Sosa.
Esto, "pese a que desde hace unos años no pertenece al PRD", según dijo el ex senador Ortega Martínez.
Señaló que la misión del PRD será ayudar a la gente que esté en situación de represión "sea o no miembro del partido…pero no quiero polemizar al respecto".
Apuntó que habrá acciones diversas en apoyo al pueblo de Oaxaca y de Sosa ya que, señaló, no sólo es el problema de la APPO sino del pueblo de Oaxaca y el gobierno local y el federal no han querido solucionar nada".
Lamentó que el Partido Acción Nacional (PAN) no haya querido solucionar el conflicto en Oaxaca que ya lleva más de seis meses "porque ya cambió el gobierno federal y el asunto sigue estancado y Ulises Ruiz sigue en el cargo".
—¿Esta medida se da porque lo decidió López Obrador?
—No por decisión de él sino por consejo; además de la petición de miembros del Frente Amplio Progresista. Asumiremos su defensa legal sin importar que se trate de un simple ciudadano… no vamos a permitir represión… habrá apoyo absoluto a los detenidos y el asunto de las movilizaciones lo determinamos hace más de 24 horas y no por consejo o decisión única de López Obrador…él sólo mostró su solidaridad con el movimiento.
Dijo que todo el pueblo de México debería resistirse y que las medidas de apoyo de Flavio Sosa empezarán oficialmente el domingo a las 10:00 en Oaxaca y se extenderán "a otros lados". En la marcha de Oaxaca estarán los coordinadores parlamentarios del PRD en el Senado y Cámara de Diputados así como miembros del Comité Ejecutivo Nacional aunque no aseguró la presencia de López Obrador.
El PRD movilizará a su gente en apoyo a Flavio Sosa: Cota
[ Alejandro Velázquez Cervantes ]
El PRD movilizará a su gente para apoyar al líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa Villavicencio —quien la noche del lunes fue capturado por agentes federales luego de ofrecer una conferencia de prensa en la colonia Roma— aseguró ayer el presidente nacional de este partido, Leonel Cota Montaño.
Tras asistir a la toma de posesión del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, Cota Montaño dijo que la detención de Sosa significa un mensaje "clarísimo de la represión que va a significar el gobierno de Felipe Calderón; no hay ninguna intención de diálogo, es un abuso que no podemos avalar".
Lamentó que el gobierno federal llame al diálogo "en la palabra, porque en los hechos demuestra otra cosa porque en los hechos actúa de manera totalmente distinta y desde luego que nosotros vamos a seguir apoyando al movimiento popular de Oaxaca".
Ante los gritos de la gente que se concentró afuera de la Asamblea Legislativa y que apoyaba al "líder de Oaxaca, Flavio Sosa", Cota Montaño aseguró que "es un mensaje de mano dura como ellos le llaman, por eso vamos a apoyar a Flavio y a todos los presos políticos de término de sexenio y de inicio de sexenio".
—¿Cómo apoyarán a Flavio Sosa?
—En términos legales y vamos a movilizar a la gente. El próximo domingo vamos a convocar a una manifestación en Oaxaca, como partido en apoyo a los detenidos.
—¿Y en el DF?
—Igual, vamos a dar la batalla.
Más tarde, el vocero del PRD, Gerardo Fernández Noroña, ratificó que el PRD apoyará jurídica y políticamente a Flavio Sosa Villavicencio —quien ayer negó ser líder de la APPO y se dijo militante del PRD—"porque es un hombre bastante responsable y además consejero nacional del PRD".
En las oficinas de Benjamín Franklin número 84, el perredista dijo que Sosa Villavicencio no sólo es uno de los líderes de la APPO sino miembro del Consejo Nacional del partido.
Por lo tanto —aclaró— es obligación estatutaria del partido darle la defensa jurídica, misma que se extenderá a otros 150 detenidos de la APPO. Criticó las condiciones en que fue aprehendido Sosa, junto con otros dirigentes sociales, ya que "se encontraban en un proceso de negociación, y hoy o mañana estaban citados para un acercamiento de negociaciones con Gobernación".
Anticipó que , durante la reunión del Consejo Nacional, se tratará ese tema porque los estatutos de su partido señalan que cuando uno de sus dirigentes o miembros es privado de su libertad, debe ser defendido por obligación por los órganos jurídicos partidistas.
Perredistas piden libertad a presos de Atenco y Oaxaca
[José Contreras ]
m El PRD pidió en la tribuna del Senado "la libertad de todos los presos políticos de Atenco y de Oaxaca" y presentó una iniciativa de amnistía a favor de quienes estén acusados "por delitos relacionados con el propósito de alterar o modificar la estructura política del Estado Mexicano o el orden social establecido motivado por el conflicto en el estado de Oaxaca".
En tanto, el PAN exigió —también desde la tribuna— que "igual que están actuando contra los miembros de la APPO, se actúe contra los esbirros de Ulises Ruiz, porque allí hay evidencias y hay fotografías en donde hay gente delinquiendo".
Fue un doble debate prolongado entre panistas y perredistas, con los temas entreverados de la detención de Flavio Sosa y la accidentada toma de protesta de Felipe Calderón.
De entrada, Carlos Navarrete, el coordinador del PRD, dijo a los panistas: "¿Ganó el señor Calderón? ¿De verdad lo creen? Bien, pues quédense con su presidente entonces, quédense con su gabinete".
Pero más tarde su compañero de bancada, Pablo Gómez, se dirigió precisamente a ese presidente que desconocía Navarrete:
"Exijo al gobierno de Calderón libertad a los presos políticos, a los de Oaxaca, a los de Atenco, a los luchadores sociales que han dado su esfuerzo, su sacrificio por elevar las condiciones de vida y la dignidad de sus pueblos".
Hay un punto en el que podríamos arrancar a una nueva situación, dijo el senador. Declarar la desaparición de los poderes en Oaxaca y poner en libertad a todos los presos políticos. Lo demandamos hoy como lo hicimos en el año 68, y siempre lo hemos hecho durante todas estas décadas.
El movimiento está intimidado, pero no descabezado
[ Cecilia Téllez Cortés ]
Zenén Bravo, representante de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), dijo que tras las detenciones de Flavio Sosa, el hermano de éste y otras dos personas, su movimiento está intimidado pero no descabezado.
Calificó la detención como una trampa urdida tanto por el gobierno federal como por el gobernador Ulises Ruiz. En entrevista previa a una reunión privada que apistas sostuvieron con Mario René Escárcega, encargado de la subsecretaría de Gobernación, exigió la liberación de un centenar y medio de detenidos que han sido traslados a los penales de Nayarit y en el penal de Máxima Seguridad del Altiplano.
Los representantes de la APPO, Zenén Bravo, Erangelio Mendoza, Gilberto Hernández y Jéssica Sánchez, confirmaron que el próximo viernes sostendrán un nuevo encuentro con la Segob, al tiempo que anunciaron una marcha a realizarse el próximo 10 de diciembre con el fin de exigir alto a la represión y libertad de los presos políticos.
Tras el encuentro que sostuvieron con Escárcega –durante tres horas-, Zenén Bravo dijo que sobre la mesa dejaron sus peticiones entre las que se encuentra la liberación de los presos, la suspensión de órdenes de aprehensión, la salida de la PFP de Oaxaca, y la renuncia del gobernador Ulises Ruiz.
Zenén Bravo reconoció la disposición de Gobernación a emprender un diálogo fructífero para solucionar los conflictos en Oaxaca y mencionó que en la reunión hubo el compromiso de que no serían detenidos mientras estuviera vigente la mesa de diálogo y que serán revisadas las órdenes de aprehensión.
A pregunta expresa sobre los vínculos con otros grupos, Zenen indicó: "Deslindamos cualquier vínculo con el PRD y con cualquier otro grupo que esté por fuera de la toma de decisiones de la APPO".
Flavio: soy del PRD y no soy el único líder de APPO
[ Israel Yáñez G. ]
El líder de la APPO, Flavio Sosa Villavicencio, aseveró durante su declaración ministerial ante autoridades de la PGR que no es el único dirigente de esta organización, ya que detrás del movimiento hay por lo menos 200 líderes, así también, aseguró que pertenece al Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Sosa Villavicencio reconoció que pertenece al PRD, "yo soy miembro de un partido, el PRD", aunque se deslindó en su totalidad de los hechos violentos que se generaron en Oaxaca, ya que sus intenciones siempre fueron manifestarse por las vías constitucionalmente establecidas, como la huelga de hambre, las marchas y plantones.
Cuando el Ministerio Público de la Federación le cuestionó: "¿Cuál es el objetivo principal de la APPO? se quedó pensando unos instantes y respondió: "Mmm. Una buena pregunta. Ayudar a que en Oaxaca haya democracia".
Asimismo, acusó al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ramírez, de la violencia desatada en la entidad, a través de agentes infiltrados, quienes comenzaron con las agresiones durante los disturbios.
"Porque efectivamente en Oaxaca hay una inconformidad generalizada, cuando hacemos nuestras concentraciones —que son multitudinarias— el gobierno del estado infiltra gentes violentas para que realicen actos delictivos y nos responsabilicen a nosotros", dijo el líder.
Ante autoridades de la subdelegación Metropolitana de la PGR, Flavio Sosa, solicitó que su hermano Erick fuera liberado, ya que el objetivo de su detención fue que declinara a "mis posiciones", y como ya se concretó su captura ahora deben soltar a su consanguíneo.
"Quiero comentarles que ustedes detuvieron a mi hermano en el Aeropuerto (de Oaxaca), él no tiene ninguna participación dentro de la APPO, él es un bombero que trabaja en el aeropuerto; y si el objetivo era que yo estuviera preso, que yo declinara a mis posiciones, ya lo lograron, y les pido atentamente que liberen a mi hermano, que él no es ningún delincuente", indicó en su primer declaración ante autoridades federales.
Las autoridades judiciales del estado de Oaxaca giraron cinco órdenes de aprehensión en contra de Flavio Sosa por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro, lesiones calificadas, robo calificado con violencia en pandilla y daños dolosos al patrimonio contenidas en las causas penales 058/2006, 070/2006, 102/2006 y 136/2006.
El dirigente oaxaqueño, solicitó a las autoridades federales no entregar a la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca a Marcelino Coache e Ignacio García, detenidos junto con él el pasadazo lunes en la ciudad de México, ya que su vida corre peligro, al ser presuntamente sometidos a torturas por las autoridades oaxaqueñas.
"Las personas que vienen conmigo estoy seguro que no tienen ninguna orden de aprehensión y solicito atentamente que ustedes no las entreguen al gobierno del estado porque corre peligro su vida y van a ser torturados, como fue torturado o fueron torturados mis compañeros que han sido detenidos".
Cabe destacar que los detenidos, efectivamente no tienen órdenes de aprehensión pendientes, por lo que están asegurados en la Subprocuraduría Metropolitana de la PGR en la Glorieta de Camarones, y el único ilícito que se les imputa es de "resistencia a particulares", al oponerse al arresto.
Sosa Villavicencio es señalado por las autoridades locales y federales, como uno de los principales líderes del movimiento magisterial, que se caracterizaba por sus métodos radicales para repeler a las autoridades federales, en los cuales se usaron bombas molotov, cohetones, petardos, y se incendiaron inmuebles federales y vehículos.
Junto con el dirigente fue detenido su hermano Horacio, quien también cuenta con órdenes de aprehensión del fuero común de Oaxaca que ya fueron cumplimentadas y quien señaló en su declaración ministerial que sólo es simpatizante de la APPO y que pertenece a la organización Nueva Izquierda de Oaxaca desde hace seis años.
Por su parte Marcelino Coache aseveró que pertenece a la APPO y que es encargado del área de prensa de dicha organización, pero rechazó que ellos hayan instado a la gente para realizar desmanes, y que por el contrario, intentaron en diversas ocasiones contener los actos vandálicos que los agentes infiltrados de Ulises Ruiz realizaban para desprestigiar a la APPO.
La defensa, a cargo de la Unión de Juristas
La defensa de Flavio Sosa Villavicencio, informó que espera que las próximas horas sea tomada la declaración preparatoria al inculpado quien fue detenido en el Distrito Federal el pasado lunes junto con su hermano Horacio, ya que las autoridades que solicitaron la ordenes de aprehensión, no habían enviando el exhorto correspondiente.
El abogado Gilberto Hernández estimó que en el transcurso de las próximas deberá llegar el escrito judicial correspondiente, para después solicitar que se amplié el plazo de término constitucional de 72 a 144 horas, para que se demuestren que no hay pruebas suficientes para quedar sujetos a juicio, y alcance su libertad .
Informó que la defensa corre a cargo la Unión de Juristas de México que preside Eduardo Miranda Esquivel, que se han especializado en casos de represión contra activistas sociales.
Hasta el momento- dijo el litigante- las autoridades correspondientes que solicitaron las ordenes de aprehensión en contra de algunos dirigentes de la APPO no han enviado a los juzgados con sede en el penal del Altiplano, algún exhortó para que se defina la situación jurídica de los inculpados y se le tome su declaración preparatoria.
Trascendió que Flavio y Horacio Sosa enfrentan cuatro causas penales; tres del orden común y una más por delitos federales,, en el Juzgado Cuarto de Distrito, y a decir del abogado deberán ser agrupados en un expediente para el proceso penal.
Flavio Sosa Villavicencio, ingresó la madrugada del martes al penal de Máxima Seguridad del altiplano antes La Palma ubicado en Almoloya de Juárez, mientras que su hermano Horacio, fue trasladado al penal de Nayarit, donde enfrentará el proceso correspondiente por los delitos que se le imputan.
Tuesday, December 05, 2006
Un pez gordo - Pablo Hiriart
Ya salió de manera oficial, con nombre, ape-llido y número de averiguación, lo que tanto apuntamos en Crónica, con informaciones duras que las autoridades capitalinas atribuían a “golpeteo político”: la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal está en manos del narcotráfico.
Reforma publicó ayer que la PGR, la DEA y la Policía Nacional de España tienen una investigación sobre Gabriel Regino, subsecretario de Seguridad Pública con Marcelo Ebrard.
La liga de Regino es —ni más ni menos—, con el cártel colombiano del Norte del Valle, sucesor del cártel de Cali, responsable de introducir entre el 30 y el 50 por ciento de la cocaína que entra a Estados Unidos.
El capo colombiano Jaime Maya Durán, detenido en Mé-xico el pasado 6 de septiembre y extraditado a EU, era escoltado por doce policías del Grupo Especial de
Reacción e Intervención de la Secretaría de Seguridad Pública del DF.
Los policías capitalinos tenían la misión de cuidar a los miembros del cártel cuando trasladaban cargamentos de droga desde el aeropuerto del DF a hoteles de Polanco y Reforma.
Además, Crónica documenta hoy que Gabriel Regino y Maya Durán hicieron retiros y transferencias de dinero a una cuenta bancaria a nombre de Armando Rincón Baca, aquí en el Distrito Federal.
De confirmarse las informaciones de la DEA, PGR y la policía española, Regino deberá contestar algunas preguntas que van a incomodar a sus jefes.
¿Qué relación hay entre sus presuntas
actuaciones al lado del cártel colombiano de las drogas, con la cadena de muertes de jefes policiacos en el Distrito Federal, ejecutados con el tiro de gracia?
¿Los maletines con dólares por servir al narcotráfico, a dónde se iban?
¿Ese dinero, hasta quién o a quiénes llegaba?
¿Qué relación hay entre su presunta
protección al narcotráfico y su anuencia implícita para que dos oficiales de la Policía Federal Preventiva que investigaban narcomenudeo en Tláhuac fueran linchados por una turba?
¿Qué relación hay entre sus publicadas ligas con el narcotráfico y el crecimiento exponencial del narcomenudeo en la capital del país?
¿Como jefe operativo de la policía del DF li-gado al narco, otorgó facilidades a los grandes traficantes de droga para hacer florecer el narcomenudeo?
¿Quiénes más están en el negocio? ¿Sólo policías?
¿Ayudó, facilitó u operó la fuga de Eduardo González, colaborador suyo y ex director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Publica del DF, involucrado en el asesinato de dos militares en Santa Fe que perseguían a narcotraficantes?
Al dejar el cargo para integrarse al “equipo de transición” entre los gobiernos de Encinas y Ebrard, ¿quién o quiénes se quedaron a cargo del negocio de protección a narcotraficantes?
¿Tuvo alguna relación con la fuga del narcotraficante guatemalteco Otto Herrera del penal de Santa Martha Acatitla?
Estas son sólo algunas preguntas que tendría que responder Regino si es que, como todo indica, su liga con el narcotráfico se confirma.
Pero tan importantes como sus declaraciones son las respuestas que tendrán que dar quienes encumbraron y defendieron a capa y espada a Gabriel Regino: Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador.
¿Por qué sostuvieron a Regino si a diario aparecían revelaciones sobre los vínculos del alto mando de la policía del Distrito Federal con el crimen organizado?
La protección a delincuentes por parte de la policía que comandaba Regino no era algo desconocido.
Aquí en Crónica se publicó que en junio de 2004 la PGR detuvo a una banda de secuestradores que lideraba el negocio del secuestro en el DF, y que había resultado muy escurridiza para atraparla.
¿Por qué había sido tan difícil su captura?
Porque el jefe de la banda, César Gómez Enrique, alias El Diputado, tenía junto con su familia escolta oficial del Gobierno del Distrito Federal.
Y con él trabaja como responsable de la logística en esa organización criminal, Marco Polo Cervantes Hernández, subdirector de las fuerzas especiales del Grupo Cobra, de la Secretaría de Seguridad Pública del DF.
En ese operativo la PGR detuvo también a Francisco Alberto Martínez y David López León, del Grupo Alfa de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, y a Janet Nicanor Rojas, también del Grupo Cobra, acusado de participar en la intercepción y detención de las víctimas.
¿Por qué Ebrard y López Obrador no llamaron a cuentas al jefe de todos ellos, Gabriel Regino?
¿Ni siquiera una explicación? ¿Por qué?
Entre 2001 y 2004 el narcomenudeo creció en el Distrito Federal en 762 por ciento, de acuerdo con el informe que la PGR entregó al Congreso con el título de “Problemática Social Generada por el Narcomenudeo”.
Ahí la PGR apunta que el número de pequeños expendios de droga en el Distrito Federal subió a 10,000.
Y asienta que la subsecretaría de Servicios Educativos de la SEP informa que 62 mil estu-diantes de secundaria del DF ya son consumidores habituales de drogas.
A la vuelta de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, ubicada en la calle de Liverpool, se pueden encontrar vendedores de cocaína.
Hace dos años el reportero Carlos Jiménez
constató con los vendedores de droga que operan en las inmediaciones de la SSP, que cada uno de ellos paga a la policía tres mil pesos a la semana para operar sin ser molestado.
Eso se publicó. Lo mismo que el informe de la PGR al Congreso.
¿Por qué entonces sostuvieron a Regino como subsecretario de Seguridad Pública del DF?
Lo que hay en concreto, ahora, es la confirmación de una larga lista de hechos que ame-ritaban la separación de Regino del cargo y una investigación a fondo sobre su comportamiento.
Por ello, sin especular ni adelantar juicios, parece ineludible que el próximo jefe de Go-bierno, Marcelo Ebrard, ofrezca explicaciones sobre los motivos que lo llevaron a promover y a proteger a Regino no obstante la andana de evidencias en su contra.
¿Por qué lo hizo?
Es que la revelación de las ligas de Regino con el crimen organizado explica Tláhuac.
Y explica la explosión del narcomenudeo en la capital del país.
Y explica los crímenes de jefes policiacos ejecutados, al parecer, por la mafia.
¿Explica también la millonaria campaña de López Obrador?
¿Explica también el millonario soporte a las movilizaciones post electorales de López Obrador?
¿Explica también el lazo que, de manera insólita, une a Ebrard con López Obrador en la aventura post electoral de desconocer al Presidente Constitucional, como no lo ha hecho ningún otro gobernador del PRD?
Para atajar cualquier especulación, Ebrard tendrá que
hacer una investigación a fondo y muy rápida para aclarar, ante la opinión pública, dónde iba a dar el dinero que acumulaban los jefes policiacos de la secretaría a su cargo, merced a la protección oficial a narcotraficantes.
De no haber un deslinde claro de parte del nuevo jefe de Gobierno, estaremos ante un acontecimiento de enormes repercusiones políticas.
El Pemexgate y el caso Amigos de Fox serán juego de niños al lado de lo que puede haber con la colusión de las altas esferas de la policía con grandes capos del narcotráfico.
Por el bien de todos, más vale que aclare.
Reforma publicó ayer que la PGR, la DEA y la Policía Nacional de España tienen una investigación sobre Gabriel Regino, subsecretario de Seguridad Pública con Marcelo Ebrard.
La liga de Regino es —ni más ni menos—, con el cártel colombiano del Norte del Valle, sucesor del cártel de Cali, responsable de introducir entre el 30 y el 50 por ciento de la cocaína que entra a Estados Unidos.
El capo colombiano Jaime Maya Durán, detenido en Mé-xico el pasado 6 de septiembre y extraditado a EU, era escoltado por doce policías del Grupo Especial de
Reacción e Intervención de la Secretaría de Seguridad Pública del DF.
Los policías capitalinos tenían la misión de cuidar a los miembros del cártel cuando trasladaban cargamentos de droga desde el aeropuerto del DF a hoteles de Polanco y Reforma.
Además, Crónica documenta hoy que Gabriel Regino y Maya Durán hicieron retiros y transferencias de dinero a una cuenta bancaria a nombre de Armando Rincón Baca, aquí en el Distrito Federal.
De confirmarse las informaciones de la DEA, PGR y la policía española, Regino deberá contestar algunas preguntas que van a incomodar a sus jefes.
¿Qué relación hay entre sus presuntas
actuaciones al lado del cártel colombiano de las drogas, con la cadena de muertes de jefes policiacos en el Distrito Federal, ejecutados con el tiro de gracia?
¿Los maletines con dólares por servir al narcotráfico, a dónde se iban?
¿Ese dinero, hasta quién o a quiénes llegaba?
¿Qué relación hay entre su presunta
protección al narcotráfico y su anuencia implícita para que dos oficiales de la Policía Federal Preventiva que investigaban narcomenudeo en Tláhuac fueran linchados por una turba?
¿Qué relación hay entre sus publicadas ligas con el narcotráfico y el crecimiento exponencial del narcomenudeo en la capital del país?
¿Como jefe operativo de la policía del DF li-gado al narco, otorgó facilidades a los grandes traficantes de droga para hacer florecer el narcomenudeo?
¿Quiénes más están en el negocio? ¿Sólo policías?
¿Ayudó, facilitó u operó la fuga de Eduardo González, colaborador suyo y ex director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Publica del DF, involucrado en el asesinato de dos militares en Santa Fe que perseguían a narcotraficantes?
Al dejar el cargo para integrarse al “equipo de transición” entre los gobiernos de Encinas y Ebrard, ¿quién o quiénes se quedaron a cargo del negocio de protección a narcotraficantes?
¿Tuvo alguna relación con la fuga del narcotraficante guatemalteco Otto Herrera del penal de Santa Martha Acatitla?
Estas son sólo algunas preguntas que tendría que responder Regino si es que, como todo indica, su liga con el narcotráfico se confirma.
Pero tan importantes como sus declaraciones son las respuestas que tendrán que dar quienes encumbraron y defendieron a capa y espada a Gabriel Regino: Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador.
¿Por qué sostuvieron a Regino si a diario aparecían revelaciones sobre los vínculos del alto mando de la policía del Distrito Federal con el crimen organizado?
La protección a delincuentes por parte de la policía que comandaba Regino no era algo desconocido.
Aquí en Crónica se publicó que en junio de 2004 la PGR detuvo a una banda de secuestradores que lideraba el negocio del secuestro en el DF, y que había resultado muy escurridiza para atraparla.
¿Por qué había sido tan difícil su captura?
Porque el jefe de la banda, César Gómez Enrique, alias El Diputado, tenía junto con su familia escolta oficial del Gobierno del Distrito Federal.
Y con él trabaja como responsable de la logística en esa organización criminal, Marco Polo Cervantes Hernández, subdirector de las fuerzas especiales del Grupo Cobra, de la Secretaría de Seguridad Pública del DF.
En ese operativo la PGR detuvo también a Francisco Alberto Martínez y David López León, del Grupo Alfa de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, y a Janet Nicanor Rojas, también del Grupo Cobra, acusado de participar en la intercepción y detención de las víctimas.
¿Por qué Ebrard y López Obrador no llamaron a cuentas al jefe de todos ellos, Gabriel Regino?
¿Ni siquiera una explicación? ¿Por qué?
Entre 2001 y 2004 el narcomenudeo creció en el Distrito Federal en 762 por ciento, de acuerdo con el informe que la PGR entregó al Congreso con el título de “Problemática Social Generada por el Narcomenudeo”.
Ahí la PGR apunta que el número de pequeños expendios de droga en el Distrito Federal subió a 10,000.
Y asienta que la subsecretaría de Servicios Educativos de la SEP informa que 62 mil estu-diantes de secundaria del DF ya son consumidores habituales de drogas.
A la vuelta de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, ubicada en la calle de Liverpool, se pueden encontrar vendedores de cocaína.
Hace dos años el reportero Carlos Jiménez
constató con los vendedores de droga que operan en las inmediaciones de la SSP, que cada uno de ellos paga a la policía tres mil pesos a la semana para operar sin ser molestado.
Eso se publicó. Lo mismo que el informe de la PGR al Congreso.
¿Por qué entonces sostuvieron a Regino como subsecretario de Seguridad Pública del DF?
Lo que hay en concreto, ahora, es la confirmación de una larga lista de hechos que ame-ritaban la separación de Regino del cargo y una investigación a fondo sobre su comportamiento.
Por ello, sin especular ni adelantar juicios, parece ineludible que el próximo jefe de Go-bierno, Marcelo Ebrard, ofrezca explicaciones sobre los motivos que lo llevaron a promover y a proteger a Regino no obstante la andana de evidencias en su contra.
¿Por qué lo hizo?
Es que la revelación de las ligas de Regino con el crimen organizado explica Tláhuac.
Y explica la explosión del narcomenudeo en la capital del país.
Y explica los crímenes de jefes policiacos ejecutados, al parecer, por la mafia.
¿Explica también la millonaria campaña de López Obrador?
¿Explica también el millonario soporte a las movilizaciones post electorales de López Obrador?
¿Explica también el lazo que, de manera insólita, une a Ebrard con López Obrador en la aventura post electoral de desconocer al Presidente Constitucional, como no lo ha hecho ningún otro gobernador del PRD?
Para atajar cualquier especulación, Ebrard tendrá que
hacer una investigación a fondo y muy rápida para aclarar, ante la opinión pública, dónde iba a dar el dinero que acumulaban los jefes policiacos de la secretaría a su cargo, merced a la protección oficial a narcotraficantes.
De no haber un deslinde claro de parte del nuevo jefe de Gobierno, estaremos ante un acontecimiento de enormes repercusiones políticas.
El Pemexgate y el caso Amigos de Fox serán juego de niños al lado de lo que puede haber con la colusión de las altas esferas de la policía con grandes capos del narcotráfico.
Por el bien de todos, más vale que aclare.
Cambio de fondo - Macario Schettino
Pocos días antes del cambio de go bierno, Ana Cristina Covarrubias, encuestadora de López Obrador durante la campaña, reconoció ante sus colegas que el 2 de julio sus datos le indicaban que Felipe Calderón había ganado por cerca de un punto porcentual. Se confirma, entonces, que López Obrador sabía, desde la misma noche de la elección, que había perdido. Se confirma, como lo dijimos en estas páginas, que desde entonces ha mentido, una y otra vez, para crear una crisis política.
Nunca hubo evidencia alguna de fraude, porque éste nunca existió. Y nunca hubo la intención de que se contara voto por voto, como sabemos, porque el PRD nunca lo solicitó. Y no lo hizo, como ahora debe ser evidente, porque sabían que habían perdido. Su única apuesta era anular la elección.
Todo el escándalo alrededor del fraude tenía la única intención de crear un ambiente de crisis que hiciese razonable la anulación de la elección. Es un montaje mediático de aquel que tanto se queja de que los medios no le hacen caso.
Con la excusa de un agravio que, ahora vemos, nunca existió, López Obrador y el PRD han jugado un juego perverso. En cada evento significativo, tensan la cuerda hasta donde sea posible, pero dejando abierta la puerta al cumplimiento de la ley, o a algo que pueda interpretarse así. Es decir, ponen al país al borde de la crisis constitucional, aunque con la expectativa de no llegar nunca a ella.
Este juego le está costando mucho a ese partido. Tal vez mucho más de lo que imaginan. La actitud golpista del PRD es posible que le haya permitido mantener a su núcleo duro contento, pero los radicales nunca se satisfacen. Cada intento de golpe ha tenido que ser más violento, con lo que cada vez hay menos personas interesadas en seguir a un líder que ya sólo se solaza en el insulto y el desprecio.
El equilibrio numérico en el Congreso, por otro lado, es un incentivo para que sea el PRI el que coseche cada intransigencia perredista, puesto que el Frente Amplio Progresista, que agrupa al PRD, a Convergencia y al PT, no llega siquiera al 33% de las cámaras. Los acuerdos que se logren sin el Frente pueden llegar a ser modificaciones constitucionales. Y habiendo perdido el apoyo de millones de personas, el Frente ya tampoco tiene la calle.
La coronación del legítimo, lo mismo que la manifestación del viernes pasado, a duras penas juntaron 100 mil personas, que en esta ciudad, y para esa fuerza política, no son nada.
Repito: el Frente no tiene fuerza legislativa para bloquear reformas constitucionales; ha perdido la calle por su actitud golpista, salvo para sus seguidores más leales, que ya no son muchos; y ahora le están quitando las banderas desde la Presidencia. En su afán por no aceptar la derrota electoral que él mismo se asestó, López Obrador está acabando con su partido, si no es que ya lo destruyó.
Entiendo bien lo que los líderes perredistas han intentado hacer desde el 2 de julio. Aunque saben que perdieron la Presidencia, no quieren pecar de ingratitud con el líder que les llevó a ganar un tercio de los votos. Y no han querido arriesgarse a una ruptura interna que los pudiera dañar. Es posible que su decisión haya sido equivocada, y que hayan perdido más por este camino. Pero eso no es fácil de saber.
Como sabemos, la existencia de tres grandes partidos en un régimen presidencial no es estable. Lo que no podemos saber hoy es cuál acabará en los libros de historia y cuáles seguirán en la lucha política. El camino que ha seguido el PRD le ha dado una oportunidad extraordinaria al PRI. No creo que la quieran desaprovechar.
Insisto en que estamos en una nueva etapa de la política mexicana, que ya cerramos el periodo iniciado en 1986, y que habrá cambios de fondo en el mapa de partidos políticos que tenemos. En aquel año, los partidos se transformaron para enfrentar mejor el fin del régimen de la Revolución. Ahora deberán hacerlo para enfrentar un régimen democrático, que empieza a consolidarse. No conviene a los profesionales ignorar este proceso.
Nunca hubo evidencia alguna de fraude, porque éste nunca existió. Y nunca hubo la intención de que se contara voto por voto, como sabemos, porque el PRD nunca lo solicitó. Y no lo hizo, como ahora debe ser evidente, porque sabían que habían perdido. Su única apuesta era anular la elección.
Todo el escándalo alrededor del fraude tenía la única intención de crear un ambiente de crisis que hiciese razonable la anulación de la elección. Es un montaje mediático de aquel que tanto se queja de que los medios no le hacen caso.
Con la excusa de un agravio que, ahora vemos, nunca existió, López Obrador y el PRD han jugado un juego perverso. En cada evento significativo, tensan la cuerda hasta donde sea posible, pero dejando abierta la puerta al cumplimiento de la ley, o a algo que pueda interpretarse así. Es decir, ponen al país al borde de la crisis constitucional, aunque con la expectativa de no llegar nunca a ella.
Este juego le está costando mucho a ese partido. Tal vez mucho más de lo que imaginan. La actitud golpista del PRD es posible que le haya permitido mantener a su núcleo duro contento, pero los radicales nunca se satisfacen. Cada intento de golpe ha tenido que ser más violento, con lo que cada vez hay menos personas interesadas en seguir a un líder que ya sólo se solaza en el insulto y el desprecio.
El equilibrio numérico en el Congreso, por otro lado, es un incentivo para que sea el PRI el que coseche cada intransigencia perredista, puesto que el Frente Amplio Progresista, que agrupa al PRD, a Convergencia y al PT, no llega siquiera al 33% de las cámaras. Los acuerdos que se logren sin el Frente pueden llegar a ser modificaciones constitucionales. Y habiendo perdido el apoyo de millones de personas, el Frente ya tampoco tiene la calle.
La coronación del legítimo, lo mismo que la manifestación del viernes pasado, a duras penas juntaron 100 mil personas, que en esta ciudad, y para esa fuerza política, no son nada.
Repito: el Frente no tiene fuerza legislativa para bloquear reformas constitucionales; ha perdido la calle por su actitud golpista, salvo para sus seguidores más leales, que ya no son muchos; y ahora le están quitando las banderas desde la Presidencia. En su afán por no aceptar la derrota electoral que él mismo se asestó, López Obrador está acabando con su partido, si no es que ya lo destruyó.
Entiendo bien lo que los líderes perredistas han intentado hacer desde el 2 de julio. Aunque saben que perdieron la Presidencia, no quieren pecar de ingratitud con el líder que les llevó a ganar un tercio de los votos. Y no han querido arriesgarse a una ruptura interna que los pudiera dañar. Es posible que su decisión haya sido equivocada, y que hayan perdido más por este camino. Pero eso no es fácil de saber.
Como sabemos, la existencia de tres grandes partidos en un régimen presidencial no es estable. Lo que no podemos saber hoy es cuál acabará en los libros de historia y cuáles seguirán en la lucha política. El camino que ha seguido el PRD le ha dado una oportunidad extraordinaria al PRI. No creo que la quieran desaprovechar.
Insisto en que estamos en una nueva etapa de la política mexicana, que ya cerramos el periodo iniciado en 1986, y que habrá cambios de fondo en el mapa de partidos políticos que tenemos. En aquel año, los partidos se transformaron para enfrentar mejor el fin del régimen de la Revolución. Ahora deberán hacerlo para enfrentar un régimen democrático, que empieza a consolidarse. No conviene a los profesionales ignorar este proceso.
Sunday, December 03, 2006
Entereza frente al golpismo - Jesus Silva Herzog Marquez
La protesta de Felipe Calderón fue una muestra de entereza. La salida fácil era ceder ante la presión de los perredistas. Pero los rehenes políticos de López Obrador no formulaban una atendible petición parlamentaria: pretendían intimidar al nuevo mandatario para nublar la legalidad de su asunción. Más que eso: buscaban la ruptura del orden constitucional. Lo gritaron a los cuatro vientos y sin asomo de vergüenza: no permitiremos la toma de posesión. Imaginemos las mismas escenas con distintos actores. Imaginemos que el PRI hubiera declarado hace seis años que impediría por la fuerza la toma de posesión del Presidente panista porque la legitimidad histórica (no la pueril legitimidad institucional) le correspondía al Partido de la Revolución. Ese es el tamaño de la aberración que presenciamos. El intento perredista debe ser nombrado con sus ocho letras: golpismo. No merece otro nombre el afán de imponer por la fuerza una crisis institucional. Federico Reyes Heroles lo adelantó hace una semana: seríamos testigos del intento de un golpe de Estado. En efecto, eso fue lo que vimos. Se intentó romper el orden democrático. Por eso es encomiable la tenacidad de los panistas, la conducta de los priístas y la determinación del Presidente entrante.
Suelen los transitómanos hablar con frecuencia del caso español. Han soñado durante años con una Moncloa, con una constitución paralela a la del 78, con un pacto semejante al de la fundación española. Muchos políticos mexicanos se han imaginado como los personajes de aquella transición. Pues bien, si se quiere insistir en el paralelo, los perredistas han tenido a bien entregarnos una versión patética del coronel Tejero. Que no se haya escuchado un balazo en el salón del Congreso no altera la analogía. En ambos casos se intentó someter la democracia al imperio de la fuerza. La gran diferencia entre el episodio español y el mexicano no es el revólver del militar sino la procedencia de los golpistas mexicanos. Quienes pretendieron la ruptura institucional no eran militares disgustados con las contrariedades del pluralismo. Eran legisladores, esto es, representantes de un orden institucional y democrático. Su título, por cierto, es tan limpio como el del Presidente entrante. Fueron electos el mismo día y bajo las mismas reglas. Los mismos ciudadanos los eligieron y los mismos ciudadanos contaron los votos. Demencial es pensar que el título de unos es incuestionable mientras el del otro es descartado y lanzado al cesto de basura. El episodio es francamente delirante, incomprensible: los encargados de cuidar la casa empeñados en incendiarla. Sin recato alguno, anunciaron su determinación de dinamitar el relevo, es decir, de romper con el orden institucional. Quienes se decían moderados y razonables optaron por cuidar el pescuezo y no molestar al amado o, más bien, temido, líder. Comparsas de esta tragedia de la izquierda mexicana.
El partido que se define por su compromiso democrático, actuó como lacayo de un rencor ciego y destructivo, desesperado y ridículo. El PRD mostró una monolítica convicción antidemocrática. A juzgar por el comportamiento de los perredistas en la cámara y las declaraciones de sus voceros, esa persuasión resultó unánime. Dejo fuera de esta crítica los reparos de los gobernadores perredistas que se distanciaron de la ruta golpista. Lo sorprendente es que ni un solo legislador federal tuvo el valor de oponer su palabra a la bravuconería del vocero perredista. Ni un solo diputado, ni un solo senador fue capaz de esgrimir un argumento frente a la política del rencor y la ambición revanchista. La disciplina del miedo se impuso dentro de ese partido. Los moderados terminaron siendo nada, cómplices silenciosos de la enajenación golpista. La retórica perredista de estas jornadas lamentables no fue más que ostentación de amenazas, anticipos de violencia y vaticinios apocalípticos. Si atendemos las palabras del cacique todavía reinante en esa provincia, el compromiso político del PRD consiste en la ambiciosa tarea de hacer fracasar al Gobierno. Eso. No tratarán de oponerse a sus políticas. No pretenden resistir iniciativas contrarias a su proyecto. Pretenden oponerse también a aquellas medidas que adopten su plan, si es que vienen del Gobierno. Es el patriotismo de la hecatombe. La única forma de hacerle un bien a México es incendiarlo primero para sembrar en tierra enriquecida con cadáveres panistas. El compromiso democrático significa para el PRD empeñarse en el naufragio del Gobierno.
La entereza de Calderón merece reconocimiento. El Presidente venció los obstáculos físicos que le pusieron en el camino, entró al Congreso y ahí protestó el cargo. La frustración de los golpistas que se empeñaban en hacer fracasar la ceremonia es un triunfo democrático. No olvido las enormes dificultades que enfrenta su Gobierno. No menosprecio los retos que enfrentará en el flanco institucional y, sobre todo, en el ámbito de la política salvaje. Creo que su equipo tiene fallas evidentes y que, por algunos nombramientos, envía señales preocupantes. Pero Felipe Calderón ha plantado cara a la intimidación que nos ha gobernado durante seis años. Esa fue, en efecto, la autoridad suprema durante el sexenio de Fox: el chantaje. Padecimos durante años la política de la extorsión, esa política en donde la amenaza era respondida una y otra vez con concesiones. Un Presidente sin idea de gobierno y un grupo de actores políticos sin compromiso alguno con la legalidad; chantaje y cesión. Ese fue el círculo fatal del foxismo. El primer gesto de Calderón ha sido escapar de él. Ese es el atisbo de un buen comienzo.
Suelen los transitómanos hablar con frecuencia del caso español. Han soñado durante años con una Moncloa, con una constitución paralela a la del 78, con un pacto semejante al de la fundación española. Muchos políticos mexicanos se han imaginado como los personajes de aquella transición. Pues bien, si se quiere insistir en el paralelo, los perredistas han tenido a bien entregarnos una versión patética del coronel Tejero. Que no se haya escuchado un balazo en el salón del Congreso no altera la analogía. En ambos casos se intentó someter la democracia al imperio de la fuerza. La gran diferencia entre el episodio español y el mexicano no es el revólver del militar sino la procedencia de los golpistas mexicanos. Quienes pretendieron la ruptura institucional no eran militares disgustados con las contrariedades del pluralismo. Eran legisladores, esto es, representantes de un orden institucional y democrático. Su título, por cierto, es tan limpio como el del Presidente entrante. Fueron electos el mismo día y bajo las mismas reglas. Los mismos ciudadanos los eligieron y los mismos ciudadanos contaron los votos. Demencial es pensar que el título de unos es incuestionable mientras el del otro es descartado y lanzado al cesto de basura. El episodio es francamente delirante, incomprensible: los encargados de cuidar la casa empeñados en incendiarla. Sin recato alguno, anunciaron su determinación de dinamitar el relevo, es decir, de romper con el orden institucional. Quienes se decían moderados y razonables optaron por cuidar el pescuezo y no molestar al amado o, más bien, temido, líder. Comparsas de esta tragedia de la izquierda mexicana.
El partido que se define por su compromiso democrático, actuó como lacayo de un rencor ciego y destructivo, desesperado y ridículo. El PRD mostró una monolítica convicción antidemocrática. A juzgar por el comportamiento de los perredistas en la cámara y las declaraciones de sus voceros, esa persuasión resultó unánime. Dejo fuera de esta crítica los reparos de los gobernadores perredistas que se distanciaron de la ruta golpista. Lo sorprendente es que ni un solo legislador federal tuvo el valor de oponer su palabra a la bravuconería del vocero perredista. Ni un solo diputado, ni un solo senador fue capaz de esgrimir un argumento frente a la política del rencor y la ambición revanchista. La disciplina del miedo se impuso dentro de ese partido. Los moderados terminaron siendo nada, cómplices silenciosos de la enajenación golpista. La retórica perredista de estas jornadas lamentables no fue más que ostentación de amenazas, anticipos de violencia y vaticinios apocalípticos. Si atendemos las palabras del cacique todavía reinante en esa provincia, el compromiso político del PRD consiste en la ambiciosa tarea de hacer fracasar al Gobierno. Eso. No tratarán de oponerse a sus políticas. No pretenden resistir iniciativas contrarias a su proyecto. Pretenden oponerse también a aquellas medidas que adopten su plan, si es que vienen del Gobierno. Es el patriotismo de la hecatombe. La única forma de hacerle un bien a México es incendiarlo primero para sembrar en tierra enriquecida con cadáveres panistas. El compromiso democrático significa para el PRD empeñarse en el naufragio del Gobierno.
La entereza de Calderón merece reconocimiento. El Presidente venció los obstáculos físicos que le pusieron en el camino, entró al Congreso y ahí protestó el cargo. La frustración de los golpistas que se empeñaban en hacer fracasar la ceremonia es un triunfo democrático. No olvido las enormes dificultades que enfrenta su Gobierno. No menosprecio los retos que enfrentará en el flanco institucional y, sobre todo, en el ámbito de la política salvaje. Creo que su equipo tiene fallas evidentes y que, por algunos nombramientos, envía señales preocupantes. Pero Felipe Calderón ha plantado cara a la intimidación que nos ha gobernado durante seis años. Esa fue, en efecto, la autoridad suprema durante el sexenio de Fox: el chantaje. Padecimos durante años la política de la extorsión, esa política en donde la amenaza era respondida una y otra vez con concesiones. Un Presidente sin idea de gobierno y un grupo de actores políticos sin compromiso alguno con la legalidad; chantaje y cesión. Ese fue el círculo fatal del foxismo. El primer gesto de Calderón ha sido escapar de él. Ese es el atisbo de un buen comienzo.
Monday, October 09, 2006
La semana que viviremos en peligro - Jorge Fernández Menéndez
| Esta semana será, en muchos sentidos, decisiva para el futuro inmediato del país. Será, también, una de las semanas más peligrosas para la estabilidad, porque existen fuerzas decididas a provocar enfrentamientos y violencia. Y todo girará en torno a las elecciones del próximo domingo en Tabasco, teniendo como escenario privilegiado el conflicto oaxaqueño que para hoy ya estará trasplantado a la ciudad de México. El domingo hay elecciones en Tabasco y todas las encuestas, sin excepción, anticipan una debacle del PRD pero más particularmente de Andrés Manuel López Obrador, que el 2 de julio ganó con amplitud las elecciones federales en el estado y que el domingo 15, a pesar de haber tomado la campaña local como suya y haber desplazado al candidato César Raúl Ojeda, terminará perdiendo por unos 10 puntos ante el priísta Andrés Granier. Es la demostración de que la sociedad no apoya (incluyendo su estado) ni la tesis del fraude electoral, ni la llamada resistencia civil ni mucho menos el absurdo de verlo hacer campaña enfundado en una banda presidencial de a mentiritas. La gente en Tabasco lo que quiere es trabajar, aprovechar el buen momento de las finanzas petroleras, las posibilidades de fuertes inversiones en el sector energético en el estado. Ya ha comprobado los costos de las “luchas” de López Obrador durante años, los de la distancia con la Federación por el enfrentamiento López Obrador-Madrazo y de éste con el entonces presidente Zedillo. Ha visto, también, el costo de la anulación de una elección para Gobernador y, por otra parte, cómo puede avanzar, pese a todo, cuando existe una buena comunicación entre el Gobierno federal y el local, como se dio en los últimos tiempos entre el presidente Fox y el gobernador Manuel Andrade que, además, tuvo el tino de dejar que llegara a la candidatura priísta no su preferido sino el mejor candidato: ése es Granier y ello se refrendará en los resultados electorales del domingo...si no sucede algo extraño. Porque existe el interés, bastante transparente, del lopezobradorismo de reventar las elecciones para no exponerse a otra derrota. Para ello la gente más radical del ex candidato se ha trasladado a Tabasco para tomar el control de la campaña de Ojeda Zubieta, que ha quedado desplazado al papel de acompañante de López Obrador y que incluso ha tenido que abandonar el discurso conciliador que había manejado en los últimos tiempos, sabiendo que la postura de López Obrador no tiene apoyo popular, quedando en un mundo extraño, donde en unos espacios dice que apoya al autodenominado presidente legítimo y en otros asegura que acepta los resultados electorales y se compromete a trabajar con el presidente Felipe Calderón. En lugar de mejorar su posición ello, evidentemente, la empeora y López Obrador hace todo lo posible por terminar de arruinar las cosas. El problema es que los costos para su partido son cada día más altos y ya hay sectores decididos, en el PRD a comenzar a exigir cuentas: en Chiapas, la posición de López casi hizo perder a Juan Sabines, que se ha apresurado a reconocer a Calderón como Presidente y deslindarse de las posiciones del lopezobradorismo. En Tabasco los está llevando, en línea recta, a la derrota. En las cámaras y en la vida política, el PRD está haciendo un desfiguro tras otro, porque su posición es cada día más contradictoria: la semana pasada, después de hacer un escándalo para tratar de que el presidente no fuera este 10 de octubre a entregar la medalla Belisario Domínguez, asistieran sólo tres de sus senadores a la sesión para designar al acreedor de la misma; Javier González Garza se hace bolas cuando habla de apoyar o no proyectos de otras fuerzas y hasta despierta ternura tanta confusión del coordinador de los diputados, que se ha impuesto a un lenguaje cantinflesco para no tener que explicar qué opina de verdad sobre estos temas; mientras todos los mandatarios de origen socialdemócrata del continente estaban reuniéndose con Calderón y haciendo planes para el futuro, apareció en el foro de Biarritz, Muñoz Ledo (que hasta el año pasado asistía al mismo con embajador de Fox) hablando de una dictadura en México, demostrando la distancia que se ha instalado entre el ex embajador y la realidad. En el DF, los talibanes de Martí Batres y Fernández Noroña están buscando expulsar a una joven diputada que cometió el pecado de decir que se debe trabajar con Calderón. Todo ello demuestra, en última instancia, la desesperación de esa corriente ultra que sigue radicalizando su lenguaje porque, como ha perdido casi todo, considera que esa es ya su única apuesta posible: la coerción a los miembros de su propio partido para que no haya disidencia alguna. Pero la disidencia allí está y estallará pasado el desastre tabasqueño. Por eso también, este lunes la APPO rechazará la propuesta gubernamental y radicalizará aún más sus acciones, esperando que el Gobierno, finalmente, haga uso de la fuerza pública y pueda utilizar ese argumento para calentar Tabasco. Lo hace, además, conciente de que al traer el conflicto a la ciudad de México con la complicidad de las autoridades locales, tratará de generar un estallido mediático que fortalezca las debilitadas posiciones del lopezobradorismo. Allí está el peligro y allí también, el costo de la cerrazón de sectores del priísmo que no quieren asumir responsabilidad alguna en Oaxaca, cuando podrían capitalizarlo políticamente en su favor y sumarlo, de esa manera, al triunfo en Tabasco. La popularidad y aceptación de Calderón ha crecido; su gira por Centro y Sudamérica fue exitosa; excepto puntos muy específicos, la estabilidad del país es la norma; la popularidad de López Obrador se derrumba, perderá las elecciones locales y su tiempo se acaba. Necesita reventar el escenario político: intentará hacerlo esta semana utilizando Oaxaca y las elecciones tabasqueñas. | |||
Monday, August 21, 2006
El mesías y el dictador, el abrazo videograbado - Jorge Fernandez Menendez
Imaginemos por un momento que un hombre de negocios mexicanos, que acusa a fuerzas gubernamentales de estar chantajeándolo, fuera a Medio Oriente, a Iraq por ejemplo, para escapar de esas persecusiones. Al llegar, pese a que tiene todos sus papeles en regla, es ilegalmente detenido por las fuerzas de seguridad y recluido en una mazmorra tipo Abu Ghraib. Allí está incomunicado durante semanas, despojado de todas sus pertenencias, no se le permiten contactos con el exterior y menos aún un abogado defensor; allí es sometido a torturas físicas y sicológicas. Los carceleros en medio de todo eso le ofrecen un trato: para quedar bien con un amigo, adversario del detenido, quieren filmar su “declaración” donde repite, textual, la versión que su enemigo. La filmación se hace, incluso se graban hasta los ensayos del “interrogatorio” y queda finalmente, un paquete de más de 40 horas ilegales de “confesiones” arrancadas bajo presión. Pero los carceleros no cumplen su palabra e ilegalmente, una vez más, lo envían a su país de origen, donde es encarcelado por sus propios enemigos, y una vez más incomunicado, se le prohíbe cualquier contacto con los medios para hacer llegar su versión de los hechos y la justicia se ensaña con él aunque no tiene elementos para culparlo. De todas maneras, logra explicar públicamente cómo se obtuvieron esas grabaciones, qué le habían pedido que dijera y cuál fue el objetivo de sus captores al realizarlas.
Pasan más de dos años, sigue encarcelado y sin contactos con los medios, su familia, incluso, es objeto de un atentado que las propias autoridades encargadas de investigarlo tratan de desvirtuar cuando anuncia que podría dar a conocer más información sobre las corruptelas de las mismas. Y repentinamente, cuando sus enemigos políticos están a punto de entrar en una debacle total, resucitan el viejo video, pero lo presentan tan mal que es evidente la edición, la manipulación, los recortes de distintos momentos del larguísimo interrogatorio, de forma tal que de las 40 horas quedan sólo 10 minutos mal editados. Y eso es presentado como prueba irrefutable para demostrar que hubo un complot contra los sufridos enemigos del empresario detenido.
Si eso ocurriera, los defensores permanentes de las buenas causas se alzarían; reclamarían por la violación de los derechos humanos del perseguido; rechazarían cualquier evidencia obtenida ilegalmente, bajo prisión, coacción y tortura de un detenido político, acción ejercida, además, por un gobierno dictatorial y reclamarían con enjundia la libertad del detenido. Pero como ese detenido se llama Carlos Ahumada, como sus perseguidores están encabezados por López Obrador, como los corruptos de la historia son sus principales operadores; como la dictadura que detuvo y torturó a Ahumada es la de Fidel Castro y no el Gobierno estadounidense, y como López Obrador está desesperado no sólo porque perdió las elecciones sino porque todo su tinglado se está hundiendo, surge, llegada de La Habana vía Caracas, la cinta para tratar de salvar algo. Y algunos medios, que también están tratando de salvar sus pertenencias del naufragio, se prestan a divulgarla en forma acrítica.
Si se tuviera que presentar una sola prueba de que López Obrador es cualquier cosa menos un político progresista y tolerante, allí estaría su actitud ante las denuncias de Ahumada: a todos sus colaboradores corruptos, desde Gustavo Ponce Meléndez hasta René Bejarano y Carlos Imaz, los apoyó, a uno lo ayudó a escapar, a los otros no los persiguió y le dio la libertad, a sus esposas les dio cargos privilegiados en el Gobierno, a sus seguidores los colocó entre los más fieles. Jamás le ha reclamado, siquiera, que digan qué hicieron con el dinero que recibieron. Ahumada, puede ser culpable o inocente, pero se lo ha perseguido como sólo pueden hacerlo los inquisidores, los que persiguen consideran que se ha violado la fe. López Obrador, que se compara modestamente con Jesús, Gandhi y Luther King, se parece más a Torquemada: ha permitido que ilegalmente entren al reclusorio los medios “amigos” para fotografiar en paños menores a Ahumada, pero nos ha prohibido a los periodistas que hemos solicitado una entrevista con él (o él con nosotros, en forma destacada a Ciro Gómez Leyva y a quien esto escribe) realizarla. Es un prisionero que a dos años y medio de su detención sigue incomunicado y que no ha podido dar su versión de los hechos, mientras que López Obrador y sus incondicionales siguen utilizando material ilegal, producto de una detención también ilegal (incluso para los niveles de la dictadura cubana), que sólo puede provenir de la isla como una forma de intervenir en los asuntos internos de México.
Es vergonzoso que las autoridades del DF sigan siendo parte de esta maquinación digna de un gobierno totalitario; que mantengan incomunicado de esta manera a un preso obviamente político; que López Obrador quiera utilizar este tipo de cintas, con ese origen, para tratar de levantar su deteriorada imagen, aunque después de dos años y medio ni siquiera nos ha dicho en qué utilizaron él y los suyos ese dinero y si estaban extorsionando a Ahumada, como él dice, y si éste “sólo” los estaba corrompiendo; que el Gobierno cubano siga interviniendo de una forma tan obvia en nuestra vida política y que alguno de los seguidores de Fidel todavía se quejen de que la administración Fox no envió “una nota diplomática preguntando por la evolución de la salud de Fidel” (sic); que algunos medios utilicen en forma acrítica, fuera de contexto, sin cuestionamiento alguno, una información que manipulada y obtenida bajo coerción. Es la mejor muestra del deterioro ético de una corriente política que alguna vez se dijo progresista y de izquierda. ¿Qué esperan para regresar a los cauces que le dieron prestigio y legitimidad moral en el pasado?
Pasan más de dos años, sigue encarcelado y sin contactos con los medios, su familia, incluso, es objeto de un atentado que las propias autoridades encargadas de investigarlo tratan de desvirtuar cuando anuncia que podría dar a conocer más información sobre las corruptelas de las mismas. Y repentinamente, cuando sus enemigos políticos están a punto de entrar en una debacle total, resucitan el viejo video, pero lo presentan tan mal que es evidente la edición, la manipulación, los recortes de distintos momentos del larguísimo interrogatorio, de forma tal que de las 40 horas quedan sólo 10 minutos mal editados. Y eso es presentado como prueba irrefutable para demostrar que hubo un complot contra los sufridos enemigos del empresario detenido.
Si eso ocurriera, los defensores permanentes de las buenas causas se alzarían; reclamarían por la violación de los derechos humanos del perseguido; rechazarían cualquier evidencia obtenida ilegalmente, bajo prisión, coacción y tortura de un detenido político, acción ejercida, además, por un gobierno dictatorial y reclamarían con enjundia la libertad del detenido. Pero como ese detenido se llama Carlos Ahumada, como sus perseguidores están encabezados por López Obrador, como los corruptos de la historia son sus principales operadores; como la dictadura que detuvo y torturó a Ahumada es la de Fidel Castro y no el Gobierno estadounidense, y como López Obrador está desesperado no sólo porque perdió las elecciones sino porque todo su tinglado se está hundiendo, surge, llegada de La Habana vía Caracas, la cinta para tratar de salvar algo. Y algunos medios, que también están tratando de salvar sus pertenencias del naufragio, se prestan a divulgarla en forma acrítica.
Si se tuviera que presentar una sola prueba de que López Obrador es cualquier cosa menos un político progresista y tolerante, allí estaría su actitud ante las denuncias de Ahumada: a todos sus colaboradores corruptos, desde Gustavo Ponce Meléndez hasta René Bejarano y Carlos Imaz, los apoyó, a uno lo ayudó a escapar, a los otros no los persiguió y le dio la libertad, a sus esposas les dio cargos privilegiados en el Gobierno, a sus seguidores los colocó entre los más fieles. Jamás le ha reclamado, siquiera, que digan qué hicieron con el dinero que recibieron. Ahumada, puede ser culpable o inocente, pero se lo ha perseguido como sólo pueden hacerlo los inquisidores, los que persiguen consideran que se ha violado la fe. López Obrador, que se compara modestamente con Jesús, Gandhi y Luther King, se parece más a Torquemada: ha permitido que ilegalmente entren al reclusorio los medios “amigos” para fotografiar en paños menores a Ahumada, pero nos ha prohibido a los periodistas que hemos solicitado una entrevista con él (o él con nosotros, en forma destacada a Ciro Gómez Leyva y a quien esto escribe) realizarla. Es un prisionero que a dos años y medio de su detención sigue incomunicado y que no ha podido dar su versión de los hechos, mientras que López Obrador y sus incondicionales siguen utilizando material ilegal, producto de una detención también ilegal (incluso para los niveles de la dictadura cubana), que sólo puede provenir de la isla como una forma de intervenir en los asuntos internos de México.
Es vergonzoso que las autoridades del DF sigan siendo parte de esta maquinación digna de un gobierno totalitario; que mantengan incomunicado de esta manera a un preso obviamente político; que López Obrador quiera utilizar este tipo de cintas, con ese origen, para tratar de levantar su deteriorada imagen, aunque después de dos años y medio ni siquiera nos ha dicho en qué utilizaron él y los suyos ese dinero y si estaban extorsionando a Ahumada, como él dice, y si éste “sólo” los estaba corrompiendo; que el Gobierno cubano siga interviniendo de una forma tan obvia en nuestra vida política y que alguno de los seguidores de Fidel todavía se quejen de que la administración Fox no envió “una nota diplomática preguntando por la evolución de la salud de Fidel” (sic); que algunos medios utilicen en forma acrítica, fuera de contexto, sin cuestionamiento alguno, una información que manipulada y obtenida bajo coerción. Es la mejor muestra del deterioro ético de una corriente política que alguna vez se dijo progresista y de izquierda. ¿Qué esperan para regresar a los cauces que le dieron prestigio y legitimidad moral en el pasado?
La hora cero - Raymundo Riva Palacio
Si uno se atiene a lo que ve y escucha, todos se están pintando la cara para ir a la guerra en las barricadas del megaplantón
A ún no se vislumbraba el fin del proceso de validez de la elección presidencial y declaración del presidente electo cuando Andrés Manuel López Obrador modificó la estrategia. En una semana en que plantearon sus voceros que transitarían de la resistencia civil a la desobediencia civil -o sea, de la ilegalidad a la ilegalidad-, implementaron un laboratorio de pruebas en el Congreso al intentar su toma para una protesta con el aparente propósito de medir hasta dónde estaba dispuesta la policía federal, que ya ocupaba el recinto legislativo, a responder a la provocación. Cuando vieron que los toletazos estaban listos para ellos, inició lo que parece ser una nueva estrategia de lucha.
Necesitaban tiempo, por supuesto. Y éste les llegó con la operación de propaganda a través del vehículo más leal que han tenido en los últimos meses, para diseminar extractos del relato que hizo el empresario Carlos Ahumada a la seguridad cubana sobre los pormenores de la conspiración en contra del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal y renovar su alegato de que el 2 de julio se consumó una elección de Estado. El video, que no aporta nada nuevo ni revela detalles significativos a la vieja historia del complot, luce como una iniciativa para bloquear lo que el equipo de López Obrador pensaba que se daría este fin de semana: la declaración de presidente electo de Felipe Calderón.
Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación iba o no a hacerlo -en efecto, se esperaba una sesión para este domingo-, no se sabe hasta este momento. Si el reciclado de Ahumada alteró los tiempos del Tribunal y aplazó el fallo de la validez de la elección y la declaratoria de presidente electo, tampoco se sabe.
Lo que sí es verificable es que fue un distractor para reforzar a los grupos de choque en el megaplantón de la ciudad de México, donde ya se pueden observar los campamentos del movimiento Francisco Villa y de la Asamblea de Barrios en los puntos neurálgicos de la espina dorsal de la protesta, así como pequeños grupos de Panchos colocados a cada 200 y 300 metros entre sí.
Estos grupos, particularmente los Panchos, son los más experimentados en enfrentamientos con la policía, y responden a los intereses de quienes los crearon: Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, manejados a través de René Bejarano y Dolores Padierna. De hecho, los contingentes que intentaron la toma del Congreso la semana pasada reciben órdenes de ellos. Tras los toletazos en el Congreso, nuevos grupos se integraron al plantón. Por un lado los ambulantes, a cuyos líderes solicitaron golpeadores a cambio de que las autoridades del Distrito Federal regularizaran sus casos pendientes.
Otros grupos ilegales creados durante el gobierno de López Obrador, los taxis panteras, también aportaron contingentes además de las importantes cuotas -100 pesos diarios por cada uno de los más de 50 mil panteras- para financiar la protesta. A ellos se les suman aliados inopinados, como miembros del EPR que, de acuerdo con dirigentes perredistas, se encuentran en algunos campamentos sobre Paseo de la Reforma.
Dentro del campo lopezobradorista no sólo están buscando la provocación al gobierno federal, sino están convencidos de que habrá un intento de desalojo. Aunque la Presidencia ha dicho que no puede actuar sin una petición del GDF, en el caso del Distrito Federal el artículo 122 constitucional le otorga al Presidente la atribución sobre el mando de la fuerza pública. Altos funcionarios federales descartan una acción de fuerza del gobierno, pero no se descarta que una vez que el Tribunal falle en definitiva sobre la elección, si como se espera sea negativo a López Obrador, se modifique el criterio.
De hecho, nos estamos acercando a la hora cero. Dentro del gobierno federal existe desde hace un par de semanas un plan de desalojo de Paseo de la Reforma que deberá ser muy complejo y vasto si se toma en cuenta que, para que una operación de esa naturaleza pueda tener éxito, se requiere que su fuerza triplique cuando menos a quienes enfrentan; es decir, el desalojo del megaplantón podría significar una fuerza de choque federal de cuando menos 12 mil elementos que, sin contar al Ejército -que no está dispuesto hoy en día a resolver problemas emanados de los civiles-, no se sabe de dónde pueda salir.
Pero si para el gobierno federal es un dilema cómo encontrar la mejor salida a la crisis política que se vive, no menos complicado es para los partidos de la coalición Por el Bien de Todos. Al reencauzarse el movimiento de López Obrador por la ruta de la desobediencia civil, los partidos coligados, PRD, PT y Convergencia, tienen que romper con él formalmente, pues si incurrieran en los delitos que Gerardo Fernández Noroña, vocero del PRD, anticipó sin detallar, podrían perder su registro como partidos. Es probable que el movimiento de López Obrador cambie de nombre por uno independiente de los partidos, para evitar que incurran en nuevos delitos electorales. Esto es lo más sencillo.
Lo más entrampado en estos momentos a nivel interno es qué sucederá después del 1 de septiembre, cuando se empiecen a dividir de forma creciente las fuerzas dentro del PRD, al asumir sus cargos de elección popular, al no poder avalar actos fuera de la ley pues pueden ser sujetos a juicios políticos, desafuero y responsabilidades del fuero común. Más grave aún es para el jefe de Gobierno entrante, Marcelo Ebrard, quien tomará posesión el 5 de septiembre, pues además de ese mismo escenario, debe presentar por ley una terna al presidente Vicente Fox sobre sus candidatos a procurador y jefe de policía, que lo encajona aún más.
La institucionalidad que los llevó al poder también les impone la frontera de la legalidad. López Obrador los presionó en julio y agosto para que se fueran a navegar con él por el mar de la ilegalidad. Varias figuras del PRD próximas a ocupar cargos de elección popular saben que septiembre es su parteaguas. López Obrador se ha convertido en un lastre para ellos pero se les abre una oportunidad en esta hora cero. Desde la frialdad política, el enfrentamiento que se viene cocinando en las barricadas del megaplantón les conviene enormemente. Si se da, por un lado será López Obrador quien pague las facturas, y por el otro, la acción de fuerza gubernamental les dará un inagotable discurso contra la represión, ayudándoles en la legitimidad frente a sectores fuera del PRD, sin dejar de darle aspirinas solidarias a su ex caudillo que, en realidad, se encontraría en fase política terminal.
Esta opción no es nada agradable, pero hace buen tiempo se desvanecieron aquellas salidas donde todos cedían para ganar. La hora cero es al revés de lo que podría ser la lógica política: todos pierden. El punto fino para cada uno es saber en dónde minimiza su daño y recorta sus pérdidas.
A ún no se vislumbraba el fin del proceso de validez de la elección presidencial y declaración del presidente electo cuando Andrés Manuel López Obrador modificó la estrategia. En una semana en que plantearon sus voceros que transitarían de la resistencia civil a la desobediencia civil -o sea, de la ilegalidad a la ilegalidad-, implementaron un laboratorio de pruebas en el Congreso al intentar su toma para una protesta con el aparente propósito de medir hasta dónde estaba dispuesta la policía federal, que ya ocupaba el recinto legislativo, a responder a la provocación. Cuando vieron que los toletazos estaban listos para ellos, inició lo que parece ser una nueva estrategia de lucha.
Necesitaban tiempo, por supuesto. Y éste les llegó con la operación de propaganda a través del vehículo más leal que han tenido en los últimos meses, para diseminar extractos del relato que hizo el empresario Carlos Ahumada a la seguridad cubana sobre los pormenores de la conspiración en contra del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal y renovar su alegato de que el 2 de julio se consumó una elección de Estado. El video, que no aporta nada nuevo ni revela detalles significativos a la vieja historia del complot, luce como una iniciativa para bloquear lo que el equipo de López Obrador pensaba que se daría este fin de semana: la declaración de presidente electo de Felipe Calderón.
Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación iba o no a hacerlo -en efecto, se esperaba una sesión para este domingo-, no se sabe hasta este momento. Si el reciclado de Ahumada alteró los tiempos del Tribunal y aplazó el fallo de la validez de la elección y la declaratoria de presidente electo, tampoco se sabe.
Lo que sí es verificable es que fue un distractor para reforzar a los grupos de choque en el megaplantón de la ciudad de México, donde ya se pueden observar los campamentos del movimiento Francisco Villa y de la Asamblea de Barrios en los puntos neurálgicos de la espina dorsal de la protesta, así como pequeños grupos de Panchos colocados a cada 200 y 300 metros entre sí.
Estos grupos, particularmente los Panchos, son los más experimentados en enfrentamientos con la policía, y responden a los intereses de quienes los crearon: Manuel Camacho y Marcelo Ebrard, manejados a través de René Bejarano y Dolores Padierna. De hecho, los contingentes que intentaron la toma del Congreso la semana pasada reciben órdenes de ellos. Tras los toletazos en el Congreso, nuevos grupos se integraron al plantón. Por un lado los ambulantes, a cuyos líderes solicitaron golpeadores a cambio de que las autoridades del Distrito Federal regularizaran sus casos pendientes.
Otros grupos ilegales creados durante el gobierno de López Obrador, los taxis panteras, también aportaron contingentes además de las importantes cuotas -100 pesos diarios por cada uno de los más de 50 mil panteras- para financiar la protesta. A ellos se les suman aliados inopinados, como miembros del EPR que, de acuerdo con dirigentes perredistas, se encuentran en algunos campamentos sobre Paseo de la Reforma.
Dentro del campo lopezobradorista no sólo están buscando la provocación al gobierno federal, sino están convencidos de que habrá un intento de desalojo. Aunque la Presidencia ha dicho que no puede actuar sin una petición del GDF, en el caso del Distrito Federal el artículo 122 constitucional le otorga al Presidente la atribución sobre el mando de la fuerza pública. Altos funcionarios federales descartan una acción de fuerza del gobierno, pero no se descarta que una vez que el Tribunal falle en definitiva sobre la elección, si como se espera sea negativo a López Obrador, se modifique el criterio.
De hecho, nos estamos acercando a la hora cero. Dentro del gobierno federal existe desde hace un par de semanas un plan de desalojo de Paseo de la Reforma que deberá ser muy complejo y vasto si se toma en cuenta que, para que una operación de esa naturaleza pueda tener éxito, se requiere que su fuerza triplique cuando menos a quienes enfrentan; es decir, el desalojo del megaplantón podría significar una fuerza de choque federal de cuando menos 12 mil elementos que, sin contar al Ejército -que no está dispuesto hoy en día a resolver problemas emanados de los civiles-, no se sabe de dónde pueda salir.
Pero si para el gobierno federal es un dilema cómo encontrar la mejor salida a la crisis política que se vive, no menos complicado es para los partidos de la coalición Por el Bien de Todos. Al reencauzarse el movimiento de López Obrador por la ruta de la desobediencia civil, los partidos coligados, PRD, PT y Convergencia, tienen que romper con él formalmente, pues si incurrieran en los delitos que Gerardo Fernández Noroña, vocero del PRD, anticipó sin detallar, podrían perder su registro como partidos. Es probable que el movimiento de López Obrador cambie de nombre por uno independiente de los partidos, para evitar que incurran en nuevos delitos electorales. Esto es lo más sencillo.
Lo más entrampado en estos momentos a nivel interno es qué sucederá después del 1 de septiembre, cuando se empiecen a dividir de forma creciente las fuerzas dentro del PRD, al asumir sus cargos de elección popular, al no poder avalar actos fuera de la ley pues pueden ser sujetos a juicios políticos, desafuero y responsabilidades del fuero común. Más grave aún es para el jefe de Gobierno entrante, Marcelo Ebrard, quien tomará posesión el 5 de septiembre, pues además de ese mismo escenario, debe presentar por ley una terna al presidente Vicente Fox sobre sus candidatos a procurador y jefe de policía, que lo encajona aún más.
La institucionalidad que los llevó al poder también les impone la frontera de la legalidad. López Obrador los presionó en julio y agosto para que se fueran a navegar con él por el mar de la ilegalidad. Varias figuras del PRD próximas a ocupar cargos de elección popular saben que septiembre es su parteaguas. López Obrador se ha convertido en un lastre para ellos pero se les abre una oportunidad en esta hora cero. Desde la frialdad política, el enfrentamiento que se viene cocinando en las barricadas del megaplantón les conviene enormemente. Si se da, por un lado será López Obrador quien pague las facturas, y por el otro, la acción de fuerza gubernamental les dará un inagotable discurso contra la represión, ayudándoles en la legitimidad frente a sectores fuera del PRD, sin dejar de darle aspirinas solidarias a su ex caudillo que, en realidad, se encontraría en fase política terminal.
Esta opción no es nada agradable, pero hace buen tiempo se desvanecieron aquellas salidas donde todos cedían para ganar. La hora cero es al revés de lo que podría ser la lógica política: todos pierden. El punto fino para cada uno es saber en dónde minimiza su daño y recorta sus pérdidas.
Sunday, August 20, 2006
Interrogatorio en Cuba, para reforzar protesta de AMLO - Interrogatorio en Cuba, para reforzar protesta de AMLO
Usa declaraciones de Ahumada, pero le impide entrevistas
De entre las leyes de la física, la tercera de Newton se ha convertido en una verdadera "ley de la política". Dice Newton: "A toda acción corresponde una reacción igual pero en sentido contrario". Es decir, que a toda presión o acontecimiento político corresponderá siempre una respuesta de la misma magnitud que la primera, pero en sentido contrario, a manera de respuesta.
Lo que presenciamos con la difusión de nuevos videos, editados del extenso interrogatorio que el gobierno cubano le hizo a Carlos Ahumada -que confirman no sólo la corrupción del primer círculo del gobierno de AMLO, sino que esas evidencias fueron utilizadas en su momento por círculos del gobierno de Vicente Fox para debilitar la imagen del entonces jefe de Gobierno-, no es más que eso, una respuesta desesperada del equipo de AMLO, a quien si bien no pudieron eliminar de la carrera presidencial con los videoescándalos y menos con el "desafuero", sí derrotaron los electores en las urnas.
La difusión tardía de esos nuevos videos son la respuesta del equipo de López Obrador a una realidad que se abre paso, a pesar de la confusión deliberada sembrada por el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, y que en los hechos no ha sido más que un verdadero complot contra las instituciones electorales mexicanas. Incluso hay quienes ya señalan esa maniobra de AMLO como "golpe de Estado" contra esas instituciones.
En efecto, los videos muestran a un Carlos Ahumada revelando el entramado perverso de un puñado de funcionarios públicos de primer nivel del gobierno "del cambio", los que junto con la poderosa televisión privada hicieron estallar el escándalo de la corrupción del gobierno de AMLO con fines político-electorales. En realidad nada nuevo respecto a lo que ya se sabía del escándalo.
Pero esos nuevos videos podrían resultar contrarios a la causa que se busca, ya que dejan más preguntas sin responder y hasta pueden llevar a la confirmación de otras variables hasta el momento no exploradas. Nos referimos a la corrupción del gobierno del DF, también con fines político-electorales y, sobre todo, a la intromisión del gobierno cubano, en el más reñido de los procesos electorales mexicanos.
¿De parte de quién?
Pero vamos por partes. Todos saben que en los primeros meses de 2004 el empresario Carlos Ahumada se refugió en Cuba, presuntamente a recomendación de Carlos Salinas, en donde el otrora amigo del ex presidente mexicano, Fidel Castro, le daría protección. En efecto, Carlos Ahumada entró a Cuba sin ningún problema y durante semanas dirigió desde la isla su defensa por los videoescándalos, al grado de que era visitado por abogados, familiares y personas cercanas. Eso lo sabía el gobierno cubano, en cuyo territorio nadie se mueve sin su aval y el ojo experto de sus espías. Todo indica que en efecto, el régimen de Castro había aceptado asilar a Ahumada.
Sin embargo algo pasó, algunos hilos se movieron y, repentinamente, Ahumada pasó de asilado político a petición de un influyente amigo del presidente Castro, a perseguido. Fue detenido y sometido a un extenso interrogatorio, al estilo del gobierno cubano. De ese interrogatorio forman parte los cuatro minutos de revelaciones que el pasado viernes fueron difundidos. La crisis que provocó la detención de Ahumada y su prolongado interrogatorio se convirtieron en un conflicto diplomático que tensó al máximo las relaciones diplomáticas entre México y Cuba. Para nadie es un secreto que la diplomacia entre los dos países sigue en un momento de máxima tensión, cercano a la ruptura.
Desde entonces era claro que el gobierno de Castro brindaba todo su respaldo al entonces precandidato presidencial y jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador -apoyo que también ofreció el presidente de Venezuela, Hugo Chávez-, y que algo se había fracturado entre la relación del ex presidente Salinas y Fidel Castro. Se sabía de la existencia del interrogatorio de Carlos Ahumada en Cuba, y el propio gobierno de la isla había usado fragmentos de ese interrogatorio para cobrar facturas al gobierno de México. Incluso el propio gobierno mexicano solicitó, sin éxito, una copia de las grabaciones del citado interrogatorio.
El asunto pasó a segundo plano cuando López Obrador superó no sólo los videoescándalos, sino el desafuero, y se convirtió, finalmente, en el candidato presidencial de la mal llamada izquierda mexicana. Había ganado su grito de campaña: "¡Que le ganen en las urnas!". Y en efecto, el 2 de julio le ganaron en las urnas, a pesar de la engañosa y hasta tramposa campaña de que se cometió un supuesto fraude electoral; fraude que por cierto nadie ha podido comprobar.
Preguntas sin respuesta
Pero repentinamente, cuando una buena parte de la opinión pública nacional y la mayoría de la prensa internacional han llegado a la conclusión de que el supuesto fraude no existe más que en el imaginario de AMLO y de sus generales -y de un sector duro de sus fieles-, reaparecen nuevos videos de la corrupción y López Obrador se monta de nuevo en la estrategia del complot. Pero al mismo tiempo aparecieron muchas preguntas también sin respuesta.
¿Quién puso en manos de AMLO y del PRD parte del interrogatorio que le hizo la policía cubana a Carlos Ahumada? ¿Cuál es la intención política de esa filtración? ¿Por qué ahora, y no antes, en los previos al 2 de julio? ¿Quién, del gobierno cubano, está interesado en la defensa política de AMLO? ¿Cuál es el papel, en esa estrategia, que juega el presidente venezolano, Hugo Chávez?
Resultaría ingenuo suponer, por decir lo menos, que el PRD y AMLO son ajenos a esas filtraciones, sobre todo porque se trata de un video editado en el que sólo se exhibe lo que beneficia a la causa de López Obrador. Está claro que el gobierno de Cuba sigue ofreciendo todo su respaldo a López Obrador y que ese gobierno le apuesta no sólo a la crisis política que ha generado la postura de AMLO, sino que está dispuesto a ofrecer todo lo que sabe y todos sus oficios para empujar la insurrección de AMLO y de llegar al golpe de Estado que en la práctica el candidato de la coalición Por el Bien de Todos le ha asestado ya a las instituciones democráticas.
Es reveladora la declaración de AMLO, horas después de que se conocieron las nuevas filtraciones. Dijo López Obrador: "Si así es como se procede, nos tienen que entregar la Presidencia de la República". ¿Qué quiere decir esa declaración? Es bastante clara; es la confirmación de que López Obrador no iba por la Presidencia por los cauces de la democracia, en donde gana el que obtiene más votos, sino que su estrategia era la de arrebatar el poder por los métodos que fueran, incluso por encima de la destrucción del entrañado legal que soporta la democracia electoral mexicana.
La filtración de los nuevos videos confirma que la mano del gobierno cubano está presente en el proceso electoral mexicano, y que ahora se intenta presionar al Tribunal Electoral para que declare la anulación de todo el proceso. El argumento es precisamente ese, que sin importar la elección, el resultado, sin importar las instituciones electorales y el propio Tribunal, AMLO debe ser presidente, por razones morales, porque su causa es la causa justa. En pocas palabras, se intenta un golpe de Estado a las instituciones y la imposición de un gobierno "popular", con el apoyo de gobiernos extranjeros, como el de Cuba y acaso el de Venezuela.
Existen versiones de que el PRD tenía en sus manos una parte del interrogatorio de Ahumada en Cuba -un interrogatorio nada confiable por el descrédito no sólo del interrogado, sino de los interrogadores- que no había sido utilizado porque AMLO y sus leales ya daban por descontado que ganarían el 2 de julio. Esa versión parece poco creíble, porque de haber existido antes se habría hecho pública inmediatamente después del 2 de julio e incluso habría sido parte del expediente para reclamar la nulidad abstracta de la elección. No, por la forma y por el fondo, se puede aventurar que se trató de un hallazgo de reciente manufactura. Y para guardar toda posible pista, se recurrió a mensajeros afines.
Preso político
Pero además resulta ridículo, de risa, y hasta un insulto al sentido común y a la inteligencia de los ciudadanos y los electores, que López Obrador y el PRD pretendan convertir a Carlos Ahumada en escudo para justificar el presunto complot en su contra -mediante una declaración arrancada por la policía cubana en donde los derechos humanos son letra muerta y el Estado violenta todas las garantías individuales-, cuando en México, en el arbitrario Gobierno del Distrito Federal, el jefe de Gobierno López Obrador ordenó que el propio Carlos Ahumada fuera mantenido en calidad de preso político, sin derecho a presentarse a los medios para ser entrevistado y para ofrecer su verdad. En las cárceles del Distrito Federal, por instrucciones de AMLO, primero, y de Alejandro Encinas, después, al señor Ahumada se le ha impedido que diga lo que sabe sobre los videoescándalos, sobre la corrupción en el gobierno de AMLO, sobre su huida y posterior detención en Cuba, sobre la forma en que fue tratado en la isla y cómo se obtuvo la declaración que hoy utiliza AMLO para su causa. ¿Por qué no le permiten hablar? ¿A qué le temen AMLO y el PRD si Ahumada ofrece una entrevista?
Está claro que el señor Carlos Ahumada no es una hermana de la caridad, que es un empresario que se enriqueció a partir de todas las malas artes de la política, del contubernio entre empresarios y servidores públicos. Pero también es cierto que el señor Ahumada fue uno de los mecenas de una buena cantidad de políticos del PRD, probablemente del propio AMLO, en su campaña como candidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal. Existen evidencias y declaraciones del propio Ahumada de que reaccionó con los videos de la corrupción porque un grupo de perredistas vinculados al grupo de AMLO pretendió extorsionarlo.
Pero lo peor es que AMLO y sus leales, con la ayuda de aliados mediáticos, pretendieron desviar la atención sobre el corazón de los escándalos de la corrupción; que no es otra cosa que esa, el dinero que de manera ilegal e inmoral se manejó desde la administración de AMLO a través de sus escuderos, como René Bejarano, Carlos Ímaz y Gustavo Ponce. ¿Qué se sabe del origen y el destino del dinero que a puños se llevaron Bejarano, Ímaz y Ponce? Nada. El GDF simuló una investigación que terminó con unos meses de prisión para Bejarano -encarcelamiento en el que gozó de todos los beneficios, mientras que Ahumada era tratado como preso político-, en tanto que Ímaz sigue tan campante, como si nada. ¿Qué hay de Ponce, el hombre que derrochaba millones de pesos en Las Vegas? Resulta otro insulto a todos, sean o no simpatizantes de AMLO, que en su momento el ex jefe de Gobierno haya dicho que no estaba enterado que su secretario de finanzas era un pillo, que haya facilitado su huida, y que ahora salga con el cuento de que se trata de un complot.
Y lo más simpático, que sería de risa si no es por el agravio a la sociedad entera, es que hoy la esposa de René Bejarano, la diputada Dolores Padierna, y el señor Carlos Ímaz, que es el esposo de Claudia Sheinbaum -quien a su vez es la más cercana colaboradora de AMLO-, sean los puntales de la resistencia civil, de los plantones, y que sean responsables de la movilización contra el supuesto fraude. Parece que son muchos los mexicanos, los simpatizantes de AMLO que no quieren ver que sin corrupción, como la comprobada en turno a López Obrador, no habrían existido los videoescándalos y no habría elementos para tal persecución.
Por eso no es descabellado señalar que el otro complot, el verdadero complot es el que mediante un monstruoso engaño colectivo pretende imponer el señor López Obrador. Y en efecto, son muchos los mexicanos que se han tragado el cuento del fraude, de la persecución perversa, pero el tiempo pondrá a cada quién en su lugar. Al tiempo.
De entre las leyes de la física, la tercera de Newton se ha convertido en una verdadera "ley de la política". Dice Newton: "A toda acción corresponde una reacción igual pero en sentido contrario". Es decir, que a toda presión o acontecimiento político corresponderá siempre una respuesta de la misma magnitud que la primera, pero en sentido contrario, a manera de respuesta.
Lo que presenciamos con la difusión de nuevos videos, editados del extenso interrogatorio que el gobierno cubano le hizo a Carlos Ahumada -que confirman no sólo la corrupción del primer círculo del gobierno de AMLO, sino que esas evidencias fueron utilizadas en su momento por círculos del gobierno de Vicente Fox para debilitar la imagen del entonces jefe de Gobierno-, no es más que eso, una respuesta desesperada del equipo de AMLO, a quien si bien no pudieron eliminar de la carrera presidencial con los videoescándalos y menos con el "desafuero", sí derrotaron los electores en las urnas.
La difusión tardía de esos nuevos videos son la respuesta del equipo de López Obrador a una realidad que se abre paso, a pesar de la confusión deliberada sembrada por el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, y que en los hechos no ha sido más que un verdadero complot contra las instituciones electorales mexicanas. Incluso hay quienes ya señalan esa maniobra de AMLO como "golpe de Estado" contra esas instituciones.
En efecto, los videos muestran a un Carlos Ahumada revelando el entramado perverso de un puñado de funcionarios públicos de primer nivel del gobierno "del cambio", los que junto con la poderosa televisión privada hicieron estallar el escándalo de la corrupción del gobierno de AMLO con fines político-electorales. En realidad nada nuevo respecto a lo que ya se sabía del escándalo.
Pero esos nuevos videos podrían resultar contrarios a la causa que se busca, ya que dejan más preguntas sin responder y hasta pueden llevar a la confirmación de otras variables hasta el momento no exploradas. Nos referimos a la corrupción del gobierno del DF, también con fines político-electorales y, sobre todo, a la intromisión del gobierno cubano, en el más reñido de los procesos electorales mexicanos.
¿De parte de quién?
Pero vamos por partes. Todos saben que en los primeros meses de 2004 el empresario Carlos Ahumada se refugió en Cuba, presuntamente a recomendación de Carlos Salinas, en donde el otrora amigo del ex presidente mexicano, Fidel Castro, le daría protección. En efecto, Carlos Ahumada entró a Cuba sin ningún problema y durante semanas dirigió desde la isla su defensa por los videoescándalos, al grado de que era visitado por abogados, familiares y personas cercanas. Eso lo sabía el gobierno cubano, en cuyo territorio nadie se mueve sin su aval y el ojo experto de sus espías. Todo indica que en efecto, el régimen de Castro había aceptado asilar a Ahumada.
Sin embargo algo pasó, algunos hilos se movieron y, repentinamente, Ahumada pasó de asilado político a petición de un influyente amigo del presidente Castro, a perseguido. Fue detenido y sometido a un extenso interrogatorio, al estilo del gobierno cubano. De ese interrogatorio forman parte los cuatro minutos de revelaciones que el pasado viernes fueron difundidos. La crisis que provocó la detención de Ahumada y su prolongado interrogatorio se convirtieron en un conflicto diplomático que tensó al máximo las relaciones diplomáticas entre México y Cuba. Para nadie es un secreto que la diplomacia entre los dos países sigue en un momento de máxima tensión, cercano a la ruptura.
Desde entonces era claro que el gobierno de Castro brindaba todo su respaldo al entonces precandidato presidencial y jefe de Gobierno del DF, Andrés Manuel López Obrador -apoyo que también ofreció el presidente de Venezuela, Hugo Chávez-, y que algo se había fracturado entre la relación del ex presidente Salinas y Fidel Castro. Se sabía de la existencia del interrogatorio de Carlos Ahumada en Cuba, y el propio gobierno de la isla había usado fragmentos de ese interrogatorio para cobrar facturas al gobierno de México. Incluso el propio gobierno mexicano solicitó, sin éxito, una copia de las grabaciones del citado interrogatorio.
El asunto pasó a segundo plano cuando López Obrador superó no sólo los videoescándalos, sino el desafuero, y se convirtió, finalmente, en el candidato presidencial de la mal llamada izquierda mexicana. Había ganado su grito de campaña: "¡Que le ganen en las urnas!". Y en efecto, el 2 de julio le ganaron en las urnas, a pesar de la engañosa y hasta tramposa campaña de que se cometió un supuesto fraude electoral; fraude que por cierto nadie ha podido comprobar.
Preguntas sin respuesta
Pero repentinamente, cuando una buena parte de la opinión pública nacional y la mayoría de la prensa internacional han llegado a la conclusión de que el supuesto fraude no existe más que en el imaginario de AMLO y de sus generales -y de un sector duro de sus fieles-, reaparecen nuevos videos de la corrupción y López Obrador se monta de nuevo en la estrategia del complot. Pero al mismo tiempo aparecieron muchas preguntas también sin respuesta.
¿Quién puso en manos de AMLO y del PRD parte del interrogatorio que le hizo la policía cubana a Carlos Ahumada? ¿Cuál es la intención política de esa filtración? ¿Por qué ahora, y no antes, en los previos al 2 de julio? ¿Quién, del gobierno cubano, está interesado en la defensa política de AMLO? ¿Cuál es el papel, en esa estrategia, que juega el presidente venezolano, Hugo Chávez?
Resultaría ingenuo suponer, por decir lo menos, que el PRD y AMLO son ajenos a esas filtraciones, sobre todo porque se trata de un video editado en el que sólo se exhibe lo que beneficia a la causa de López Obrador. Está claro que el gobierno de Cuba sigue ofreciendo todo su respaldo a López Obrador y que ese gobierno le apuesta no sólo a la crisis política que ha generado la postura de AMLO, sino que está dispuesto a ofrecer todo lo que sabe y todos sus oficios para empujar la insurrección de AMLO y de llegar al golpe de Estado que en la práctica el candidato de la coalición Por el Bien de Todos le ha asestado ya a las instituciones democráticas.
Es reveladora la declaración de AMLO, horas después de que se conocieron las nuevas filtraciones. Dijo López Obrador: "Si así es como se procede, nos tienen que entregar la Presidencia de la República". ¿Qué quiere decir esa declaración? Es bastante clara; es la confirmación de que López Obrador no iba por la Presidencia por los cauces de la democracia, en donde gana el que obtiene más votos, sino que su estrategia era la de arrebatar el poder por los métodos que fueran, incluso por encima de la destrucción del entrañado legal que soporta la democracia electoral mexicana.
La filtración de los nuevos videos confirma que la mano del gobierno cubano está presente en el proceso electoral mexicano, y que ahora se intenta presionar al Tribunal Electoral para que declare la anulación de todo el proceso. El argumento es precisamente ese, que sin importar la elección, el resultado, sin importar las instituciones electorales y el propio Tribunal, AMLO debe ser presidente, por razones morales, porque su causa es la causa justa. En pocas palabras, se intenta un golpe de Estado a las instituciones y la imposición de un gobierno "popular", con el apoyo de gobiernos extranjeros, como el de Cuba y acaso el de Venezuela.
Existen versiones de que el PRD tenía en sus manos una parte del interrogatorio de Ahumada en Cuba -un interrogatorio nada confiable por el descrédito no sólo del interrogado, sino de los interrogadores- que no había sido utilizado porque AMLO y sus leales ya daban por descontado que ganarían el 2 de julio. Esa versión parece poco creíble, porque de haber existido antes se habría hecho pública inmediatamente después del 2 de julio e incluso habría sido parte del expediente para reclamar la nulidad abstracta de la elección. No, por la forma y por el fondo, se puede aventurar que se trató de un hallazgo de reciente manufactura. Y para guardar toda posible pista, se recurrió a mensajeros afines.
Preso político
Pero además resulta ridículo, de risa, y hasta un insulto al sentido común y a la inteligencia de los ciudadanos y los electores, que López Obrador y el PRD pretendan convertir a Carlos Ahumada en escudo para justificar el presunto complot en su contra -mediante una declaración arrancada por la policía cubana en donde los derechos humanos son letra muerta y el Estado violenta todas las garantías individuales-, cuando en México, en el arbitrario Gobierno del Distrito Federal, el jefe de Gobierno López Obrador ordenó que el propio Carlos Ahumada fuera mantenido en calidad de preso político, sin derecho a presentarse a los medios para ser entrevistado y para ofrecer su verdad. En las cárceles del Distrito Federal, por instrucciones de AMLO, primero, y de Alejandro Encinas, después, al señor Ahumada se le ha impedido que diga lo que sabe sobre los videoescándalos, sobre la corrupción en el gobierno de AMLO, sobre su huida y posterior detención en Cuba, sobre la forma en que fue tratado en la isla y cómo se obtuvo la declaración que hoy utiliza AMLO para su causa. ¿Por qué no le permiten hablar? ¿A qué le temen AMLO y el PRD si Ahumada ofrece una entrevista?
Está claro que el señor Carlos Ahumada no es una hermana de la caridad, que es un empresario que se enriqueció a partir de todas las malas artes de la política, del contubernio entre empresarios y servidores públicos. Pero también es cierto que el señor Ahumada fue uno de los mecenas de una buena cantidad de políticos del PRD, probablemente del propio AMLO, en su campaña como candidato a jefe de Gobierno del Distrito Federal. Existen evidencias y declaraciones del propio Ahumada de que reaccionó con los videos de la corrupción porque un grupo de perredistas vinculados al grupo de AMLO pretendió extorsionarlo.
Pero lo peor es que AMLO y sus leales, con la ayuda de aliados mediáticos, pretendieron desviar la atención sobre el corazón de los escándalos de la corrupción; que no es otra cosa que esa, el dinero que de manera ilegal e inmoral se manejó desde la administración de AMLO a través de sus escuderos, como René Bejarano, Carlos Ímaz y Gustavo Ponce. ¿Qué se sabe del origen y el destino del dinero que a puños se llevaron Bejarano, Ímaz y Ponce? Nada. El GDF simuló una investigación que terminó con unos meses de prisión para Bejarano -encarcelamiento en el que gozó de todos los beneficios, mientras que Ahumada era tratado como preso político-, en tanto que Ímaz sigue tan campante, como si nada. ¿Qué hay de Ponce, el hombre que derrochaba millones de pesos en Las Vegas? Resulta otro insulto a todos, sean o no simpatizantes de AMLO, que en su momento el ex jefe de Gobierno haya dicho que no estaba enterado que su secretario de finanzas era un pillo, que haya facilitado su huida, y que ahora salga con el cuento de que se trata de un complot.
Y lo más simpático, que sería de risa si no es por el agravio a la sociedad entera, es que hoy la esposa de René Bejarano, la diputada Dolores Padierna, y el señor Carlos Ímaz, que es el esposo de Claudia Sheinbaum -quien a su vez es la más cercana colaboradora de AMLO-, sean los puntales de la resistencia civil, de los plantones, y que sean responsables de la movilización contra el supuesto fraude. Parece que son muchos los mexicanos, los simpatizantes de AMLO que no quieren ver que sin corrupción, como la comprobada en turno a López Obrador, no habrían existido los videoescándalos y no habría elementos para tal persecución.
Por eso no es descabellado señalar que el otro complot, el verdadero complot es el que mediante un monstruoso engaño colectivo pretende imponer el señor López Obrador. Y en efecto, son muchos los mexicanos que se han tragado el cuento del fraude, de la persecución perversa, pero el tiempo pondrá a cada quién en su lugar. Al tiempo.
Saturday, August 19, 2006
En el límite - Jaime Sanchez Susarrey
El tiempo pasa inexorablemente. El conteo de las 11 mil casillas ha quedado atrás. No existe ya la posibilidad de que el resultado de la elección se revierta ni de que el Tribunal Electoral ordene la apertura de todos los paquetes y se cuente voto por voto. Las quejas de un gran fraude electoral no han sido documentadas y no lo serán en lo que resta del proceso. Tampoco hay margen para que se anule la elección. Además, la resolución del Trife será inapelable. Así que no hay vuelta de hoja: antes del primero de septiembre, Felipe Calderón será declarado oficialmente Presidente electo de la República.
Eso explica la radicalización del discurso de López Obrador. Esta semana escaló un peldaño más. El martes invocó al espíritu de Emiliano Zapata y llamó a sus colaboradores a firmar la Convocatoria a la Convención Nacional Democrática que habrá de celebrarse en el Zócalo de la ciudad de México el 15 y 16 de septiembre. No sobra recordar que el primero en utilizar esta figura fue el subcomandante Marcos en la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona.
Para justificar su decisión, AMLO citó el artículo 39 de la Constitución que establece: “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instruye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
No hay, pues, que quebrarse la cabeza. Más claro ni el agua. El candidato de la Alianza por el Bien de Todos se apresta a desconocer no sólo al nuevo Presidente de la República, sino al conjunto de las instituciones del Estado mexicano. En ese paquete van el Instituto Federal Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Federal Electoral y, por supuesto, el nuevo Congreso de la Unión.
Frente a esos poderes espurios, que se habrían robado la elección, la Convención Nacional Democrática tendrá las facultades de una Asamblea Constituyente que podría incluso reconocer a AMLO como el único Presidente legítimo. La resistencia y la lucha no serán de unas semanas o de unos meses. AMLO se apresta, como Juárez, a recorrer la República en un carruaje defendiendo las “instituciones” que él mismo fundará en un acto solemne en el Zócalo de la Ciudad de México.
Todo esto puede parecer, y en parte es, una pacotilla. López Obrador podría convertirse a la larga en un presidente de opereta. Un presidente que, a su paso, suscite carcajadas y groserías. Pero en lo inmediato existen riesgos que es necesario advertir. Hay un sector de la población que tiene fe ciega en su candidato y que está convencido de que hubo fraude. Y no sólo eso. Las corrientes más radicales y siniestras del PRD, encabezadas por Dolores Padierna y René Bejarano, le son incondicionales y tienen la fuerza y la capacidad de realizar movilizaciones y plantones a lo largo y ancho de la ciudad de México.
El futuro de esta estrategia depende de una serie de factores adicionales. Tres son particularmente importantes: el primero se relaciona con la instalación de la LX Legislatura los días 27 y 28 de agosto. En esa fecha, los diputados y senadores del PRD tomarán posesión y protestarán cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Será la fracción más importante en toda la historia del Partido de la Revolución Democrática. Sus integrantes enfrentarán inmediatamente el dilema de ajustarse a una práctica institucional o sumarse al proyecto insurreccional de López Obrador.
En el PRD han coexistido dos almas: una revolucionaria y otra pragmática y negociadora. La primera ha estado siempre ahí. Está en los genes de la izquierda socialista y en la memoria de los expriístas. Todos ellos creen en el mito del pueblo en armas haciéndose justicia y fundando un nuevo orden. México en 1910, la URSS en 1917 o Cuba en 1959. La segunda es la que convirtió al PRD en un partido con vocación de gobierno, que apostó al voto y a la moderación.
Por paradojas de la historia, el mayor salto electoral que ha dado el PRD se debe al mismo personaje que ahora se propone desconocer las instituciones y con ellas la victoria y los avances de su propio partido. Porque para ningún perredista es un misterio que la aventura insurreccional del mesías de Macuspana puede terminar hundiéndolos definitivamente. Los costos de las movilizaciones, los plantones y las acciones de desobediencia civil, que ya han sido anunciadas, se pagarán irremediablemente en la elección intermedia de 2009.
El segundo factor es el Gobierno de la Ciudad de México. Alejandro Encinas se encuentra en una situación extremadamente difícil. Su sometimiento incondicional a López Obrador ha afectado ya su imagen y su popularidad. Pero además, desde un punto de vista institucional está llegando al límite. Su prueba de fuego será no el primero, pero sí el 15 y 16 de septiembre. En esas fechas deberá optar entre las responsabilidades de su cargo y la lealtad incondicional a López Obrador. En el Zócalo no cabe una Convención Nacional por la tarde y una parada militar por la mañana. Es una o la otra. No hay más.
Tercer factor: La respuesta del Gobierno federal. Hasta ahora la tolerancia ha rendido muy buenos frutos. Los excesos verbales y las acciones ilegales le han quitado la máscara a López Obrador. Muchos de los ciudadanos que votaron por él están decepcionados y aterrados con el personaje. Los costos económicos, sin embargo, han sido muy altos. Pero esa estrategia tiene un límite. Las provocaciones van a subir de tono y el uso de la fuerza pública, como ocurrió a las afueras de San Lázaro, se va a tornar indispensable.
Los días y semanas que vienen serán cruciales. López Obrador apostará a que sus provocaciones desemboquen en enfrentamientos para denunciar al Gobierno de la República como represor y autoritario. Él sabe que ese es su mejor seguro para mantener a los perredistas moderados bajo control so pena de denunciarlos como traidores. No hay, en consecuencia, por qué esperar que abra la más mínima rendija de negociación en las fechas claves que se avecinan: 1º y 15-16 de septiembre. Antes al contrario, va a echar toda la carne al asador.
El Gobierno de la República y el Presidente electo, por su parte, deberán ponderar si pueden dejar el mando de la policía y la procuraduría del Distrito Federal en manos de dos incondicionales de López Obrador.
Se avecinan tiempos difíciles en los que nada está decidido de antemano. Exigen prudencia, pero también mucha firmeza. Esperemos que Fox y Calderón estén a la altura de sus responsabilidades.
Eso explica la radicalización del discurso de López Obrador. Esta semana escaló un peldaño más. El martes invocó al espíritu de Emiliano Zapata y llamó a sus colaboradores a firmar la Convocatoria a la Convención Nacional Democrática que habrá de celebrarse en el Zócalo de la ciudad de México el 15 y 16 de septiembre. No sobra recordar que el primero en utilizar esta figura fue el subcomandante Marcos en la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona.
Para justificar su decisión, AMLO citó el artículo 39 de la Constitución que establece: “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instruye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
No hay, pues, que quebrarse la cabeza. Más claro ni el agua. El candidato de la Alianza por el Bien de Todos se apresta a desconocer no sólo al nuevo Presidente de la República, sino al conjunto de las instituciones del Estado mexicano. En ese paquete van el Instituto Federal Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Federal Electoral y, por supuesto, el nuevo Congreso de la Unión.
Frente a esos poderes espurios, que se habrían robado la elección, la Convención Nacional Democrática tendrá las facultades de una Asamblea Constituyente que podría incluso reconocer a AMLO como el único Presidente legítimo. La resistencia y la lucha no serán de unas semanas o de unos meses. AMLO se apresta, como Juárez, a recorrer la República en un carruaje defendiendo las “instituciones” que él mismo fundará en un acto solemne en el Zócalo de la Ciudad de México.
Todo esto puede parecer, y en parte es, una pacotilla. López Obrador podría convertirse a la larga en un presidente de opereta. Un presidente que, a su paso, suscite carcajadas y groserías. Pero en lo inmediato existen riesgos que es necesario advertir. Hay un sector de la población que tiene fe ciega en su candidato y que está convencido de que hubo fraude. Y no sólo eso. Las corrientes más radicales y siniestras del PRD, encabezadas por Dolores Padierna y René Bejarano, le son incondicionales y tienen la fuerza y la capacidad de realizar movilizaciones y plantones a lo largo y ancho de la ciudad de México.
El futuro de esta estrategia depende de una serie de factores adicionales. Tres son particularmente importantes: el primero se relaciona con la instalación de la LX Legislatura los días 27 y 28 de agosto. En esa fecha, los diputados y senadores del PRD tomarán posesión y protestarán cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Será la fracción más importante en toda la historia del Partido de la Revolución Democrática. Sus integrantes enfrentarán inmediatamente el dilema de ajustarse a una práctica institucional o sumarse al proyecto insurreccional de López Obrador.
En el PRD han coexistido dos almas: una revolucionaria y otra pragmática y negociadora. La primera ha estado siempre ahí. Está en los genes de la izquierda socialista y en la memoria de los expriístas. Todos ellos creen en el mito del pueblo en armas haciéndose justicia y fundando un nuevo orden. México en 1910, la URSS en 1917 o Cuba en 1959. La segunda es la que convirtió al PRD en un partido con vocación de gobierno, que apostó al voto y a la moderación.
Por paradojas de la historia, el mayor salto electoral que ha dado el PRD se debe al mismo personaje que ahora se propone desconocer las instituciones y con ellas la victoria y los avances de su propio partido. Porque para ningún perredista es un misterio que la aventura insurreccional del mesías de Macuspana puede terminar hundiéndolos definitivamente. Los costos de las movilizaciones, los plantones y las acciones de desobediencia civil, que ya han sido anunciadas, se pagarán irremediablemente en la elección intermedia de 2009.
El segundo factor es el Gobierno de la Ciudad de México. Alejandro Encinas se encuentra en una situación extremadamente difícil. Su sometimiento incondicional a López Obrador ha afectado ya su imagen y su popularidad. Pero además, desde un punto de vista institucional está llegando al límite. Su prueba de fuego será no el primero, pero sí el 15 y 16 de septiembre. En esas fechas deberá optar entre las responsabilidades de su cargo y la lealtad incondicional a López Obrador. En el Zócalo no cabe una Convención Nacional por la tarde y una parada militar por la mañana. Es una o la otra. No hay más.
Tercer factor: La respuesta del Gobierno federal. Hasta ahora la tolerancia ha rendido muy buenos frutos. Los excesos verbales y las acciones ilegales le han quitado la máscara a López Obrador. Muchos de los ciudadanos que votaron por él están decepcionados y aterrados con el personaje. Los costos económicos, sin embargo, han sido muy altos. Pero esa estrategia tiene un límite. Las provocaciones van a subir de tono y el uso de la fuerza pública, como ocurrió a las afueras de San Lázaro, se va a tornar indispensable.
Los días y semanas que vienen serán cruciales. López Obrador apostará a que sus provocaciones desemboquen en enfrentamientos para denunciar al Gobierno de la República como represor y autoritario. Él sabe que ese es su mejor seguro para mantener a los perredistas moderados bajo control so pena de denunciarlos como traidores. No hay, en consecuencia, por qué esperar que abra la más mínima rendija de negociación en las fechas claves que se avecinan: 1º y 15-16 de septiembre. Antes al contrario, va a echar toda la carne al asador.
El Gobierno de la República y el Presidente electo, por su parte, deberán ponderar si pueden dejar el mando de la policía y la procuraduría del Distrito Federal en manos de dos incondicionales de López Obrador.
Se avecinan tiempos difíciles en los que nada está decidido de antemano. Exigen prudencia, pero también mucha firmeza. Esperemos que Fox y Calderón estén a la altura de sus responsabilidades.
Tuesday, August 15, 2006
Ni informe, ni Grito ni desfile: Sólo provocación - Jorge Fernandez Menendez
Dirían los muy jóvenes que a López Obrador “ya lo perdimos”. Con un discurso cada día más alejado de la realidad, convencido de que está destinado a encabezar la “purificación” nacional, Andrés Manuel (¿alguien todavía duda de que el señor es un místico tropical, como diría Krauze?) sigue con un sermón donde lo único comprensible es que cada día su posición se endurece más, al tiempo que se queda cada día, también, más solo.
En estos momentos, la intención de López Obrador no parece pasar, siquiera, por la anulación de las elecciones: sabe que eso es imposible, que el nuevo conteo, el tercero, confirmó los datos que teníamos desde horas después del 2 de julio; que es mentira que hubo fraude y que no tiene una sola prueba que demuestre que existieron irregularidades. Que lo que llaman el plantón, sale cada día más caro porque son cada vez menos quienes permanecen en él (incluyendo el propio López Obrador que se va rigurosamente a dormir bajo techo) y sus “asambleas informativas” son raquíticas. En los próximos días, el Tribunal Electoral calificará las elecciones de legisladores y la de Presidente de la República y declarará a Felipe Calderón Presidente electo. El primero de mes se instalará el Congreso.
De la misma manera que muchos pensaban que las locuras programáticas y políticas de Andrés Manuel se circunscribían a la campaña electoral y que incluso, en ésta se atemperaría (lo que se demostró falso), algunos hoy piensan que terminado el proceso electoral en sí, con la constancia para Calderón, López Obrador dejará paulatinamente las protestas para permitir que su partido y sus aliados se dediquen a hacer política y a aprovechar el capital acumulado. No lo conocen: no es ni será así. López Obrador ya ha anunciado que pide, en el momento en que se entregue la constancia de Presidente electo a Calderón, que su gente se manifieste “donde sea y como sea” (¿puede haber una irresponsabilidad mayor de un dirigente que dejar en ese libre albedrío de presunta violencia a sus seguidores?); anunció que se quedará en el plantón “varios meses”; que “contestará” desde el Zócalo el informe presidencial, donde ordena a sus seguidores a “estar presentes”; que el 15 en la noche él dará el Grito; que el 16, el día de la parada militar, convocará en el mismo lugar y a la misma hora que el desfile, a una “asamblea extraordinaria”. Son todas provocaciones, medidas sin sentido que sólo buscan generar violencia e inestabilidad, pero que están alejando cada día más a López Obrador no sólo del resto del sistema político, con el que ya no tiene relación, sino también de sus propios seguidores.
El ex candidato ya no le aporta nada su partido. Pero le resta más cotidianamente. Este fin de semana en Chiapas, salvo el acto de Tapachula, pasó sin pena ni gloria, pero, además, enarbolando un discurso sobre el fraude y la elección de estado que en Chiapas es el que utiliza la coalición opositora PRI-PAN-Verde-Nueva Alianza en contra del Gobierno y el candidato perredista local. Juan Sabines le debe pedir a López Obrador que ya no lo ayude, mientras que a Pablo Salazar la visita del ex candidato le complicó las cosas aún más, porque fortaleció la idea de que se quiere establecer una suerte de cerco en el sur controlando Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Por lo pronto, el proselitismo de López Obrador ha logrado ya, una alianza de facto PRI-PAN en Chiapas; en Tabasco, donde habrá elecciones en octubre, César Ojeda ha visto desaparecer su ventaja ante el priísta Andrés Granier y se puede repetir el fenómeno chiapaneco. En Oaxaca, hasta el pintor Francisco Toledo ha tenido que tomar distancia respecto a una asamblea popular, que cada vez más dirige el EPR y que aleja la posibilidad de encontrar una salida política al conflicto. Paradójicamente, el endurecimiento de López Obrador y de la APPO lo único que hace es debilitar al PRD y a Convergencia y consolidar a Ulises Ruiz.
Pero López Obrador no sólo está dañando a sus compañeros de ruta en el sur, también a nivel nacional y, sobre todo, en el DF. El perredismo ganó con amplitud las elecciones en el DF pero su respaldo cae en forma vertical. La administración del GDF está paralizada y a las órdenes del ex candidato. Alejandro Encinas prometió el viernes que no habría problemas en septiembre con el plantón y las fiestas nacionales porque para esos días, dijo el jefe de Gobierno, la elección ya estaría calificada, el congreso instalado y desaparecerían las causas del conflicto. Aseguró, incluso, que el desfile militar se haría por su recorrido habitual que es precisamente donde está colocado el plantón, desde el Zócalo hasta el Auditorio. Para fortalecer la idea, el propio presidente nacional del PRD, Leonel Cota Montaño, dijo al llegar el sábado a Chiapas que se estaba analizando levantar el plantón y continuar “la resistencia civil” por otras vías. Pero el mismo sábado, López Obrador desmintió al presidente de su partido y al jefe de Gobierno capitalino: dijo que el plantón continuaría durante “varios meses más” y enumeró, el domingo, todas las actividades que tiene programas para las siguientes semanas, desde impedir el informe y el grito hasta obstaculizar el desfile militar. Ayer, Encinas, no sabía qué decir.
Son las de López Obrador provocaciones graves que desprestigian y comprometen a las autoridades locales (que AMLO ve como patrimonio suyo) y al perredismo (al que simplemente ignora). No consulta sus decisiones con nadie. No le importa si el gobierno de Encinas se derrumba, si su partido se está desangrando, si los futuros legisladores están hablando de acuerdos, mientras él apuesta por la vía insurreccional y la provocación. El problema es que se está quedando cada vez más solo y eso le permite, a una imaginación muy fértil y sin ataduras con la realidad, alejarse cada vez más de ella.
En estos momentos, la intención de López Obrador no parece pasar, siquiera, por la anulación de las elecciones: sabe que eso es imposible, que el nuevo conteo, el tercero, confirmó los datos que teníamos desde horas después del 2 de julio; que es mentira que hubo fraude y que no tiene una sola prueba que demuestre que existieron irregularidades. Que lo que llaman el plantón, sale cada día más caro porque son cada vez menos quienes permanecen en él (incluyendo el propio López Obrador que se va rigurosamente a dormir bajo techo) y sus “asambleas informativas” son raquíticas. En los próximos días, el Tribunal Electoral calificará las elecciones de legisladores y la de Presidente de la República y declarará a Felipe Calderón Presidente electo. El primero de mes se instalará el Congreso.
De la misma manera que muchos pensaban que las locuras programáticas y políticas de Andrés Manuel se circunscribían a la campaña electoral y que incluso, en ésta se atemperaría (lo que se demostró falso), algunos hoy piensan que terminado el proceso electoral en sí, con la constancia para Calderón, López Obrador dejará paulatinamente las protestas para permitir que su partido y sus aliados se dediquen a hacer política y a aprovechar el capital acumulado. No lo conocen: no es ni será así. López Obrador ya ha anunciado que pide, en el momento en que se entregue la constancia de Presidente electo a Calderón, que su gente se manifieste “donde sea y como sea” (¿puede haber una irresponsabilidad mayor de un dirigente que dejar en ese libre albedrío de presunta violencia a sus seguidores?); anunció que se quedará en el plantón “varios meses”; que “contestará” desde el Zócalo el informe presidencial, donde ordena a sus seguidores a “estar presentes”; que el 15 en la noche él dará el Grito; que el 16, el día de la parada militar, convocará en el mismo lugar y a la misma hora que el desfile, a una “asamblea extraordinaria”. Son todas provocaciones, medidas sin sentido que sólo buscan generar violencia e inestabilidad, pero que están alejando cada día más a López Obrador no sólo del resto del sistema político, con el que ya no tiene relación, sino también de sus propios seguidores.
El ex candidato ya no le aporta nada su partido. Pero le resta más cotidianamente. Este fin de semana en Chiapas, salvo el acto de Tapachula, pasó sin pena ni gloria, pero, además, enarbolando un discurso sobre el fraude y la elección de estado que en Chiapas es el que utiliza la coalición opositora PRI-PAN-Verde-Nueva Alianza en contra del Gobierno y el candidato perredista local. Juan Sabines le debe pedir a López Obrador que ya no lo ayude, mientras que a Pablo Salazar la visita del ex candidato le complicó las cosas aún más, porque fortaleció la idea de que se quiere establecer una suerte de cerco en el sur controlando Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Por lo pronto, el proselitismo de López Obrador ha logrado ya, una alianza de facto PRI-PAN en Chiapas; en Tabasco, donde habrá elecciones en octubre, César Ojeda ha visto desaparecer su ventaja ante el priísta Andrés Granier y se puede repetir el fenómeno chiapaneco. En Oaxaca, hasta el pintor Francisco Toledo ha tenido que tomar distancia respecto a una asamblea popular, que cada vez más dirige el EPR y que aleja la posibilidad de encontrar una salida política al conflicto. Paradójicamente, el endurecimiento de López Obrador y de la APPO lo único que hace es debilitar al PRD y a Convergencia y consolidar a Ulises Ruiz.
Pero López Obrador no sólo está dañando a sus compañeros de ruta en el sur, también a nivel nacional y, sobre todo, en el DF. El perredismo ganó con amplitud las elecciones en el DF pero su respaldo cae en forma vertical. La administración del GDF está paralizada y a las órdenes del ex candidato. Alejandro Encinas prometió el viernes que no habría problemas en septiembre con el plantón y las fiestas nacionales porque para esos días, dijo el jefe de Gobierno, la elección ya estaría calificada, el congreso instalado y desaparecerían las causas del conflicto. Aseguró, incluso, que el desfile militar se haría por su recorrido habitual que es precisamente donde está colocado el plantón, desde el Zócalo hasta el Auditorio. Para fortalecer la idea, el propio presidente nacional del PRD, Leonel Cota Montaño, dijo al llegar el sábado a Chiapas que se estaba analizando levantar el plantón y continuar “la resistencia civil” por otras vías. Pero el mismo sábado, López Obrador desmintió al presidente de su partido y al jefe de Gobierno capitalino: dijo que el plantón continuaría durante “varios meses más” y enumeró, el domingo, todas las actividades que tiene programas para las siguientes semanas, desde impedir el informe y el grito hasta obstaculizar el desfile militar. Ayer, Encinas, no sabía qué decir.
Son las de López Obrador provocaciones graves que desprestigian y comprometen a las autoridades locales (que AMLO ve como patrimonio suyo) y al perredismo (al que simplemente ignora). No consulta sus decisiones con nadie. No le importa si el gobierno de Encinas se derrumba, si su partido se está desangrando, si los futuros legisladores están hablando de acuerdos, mientras él apuesta por la vía insurreccional y la provocación. El problema es que se está quedando cada vez más solo y eso le permite, a una imaginación muy fértil y sin ataduras con la realidad, alejarse cada vez más de ella.
Friday, August 11, 2006
El plantón de los sueños rotos - Jorge Fernández Menéndez
En su “boulevar de los sueños rotos” (un tema dedicado a Chavela Vargas), Joaquín Sabina dice que por allí “pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda”. Pero en “el plantón de los sueños rotos”, ese que paraliza el Centro Histórico de la Ciudad de México y el Paseo de la Reforma, nada (ni el tequila) parece consolar a los dirigentes del lopezobradorismo y al propio candidato. En la locura maximalista en la que se han encerrado no hay salida posible: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concedió, en una decisión insólita, porque se realiza como una acción judicial, la apertura de casi doce mil casillas, que son casi dos tercios de las impugnadas por la Coalición Por el Bien de Todos. Para cualquiera sería un enorme triunfo, pero no para López Obrador que se lanzó contra el Tribunal y las instituciones a las que ahora “de la manera que sea” piensa nada más y nada menos que “purgar” y “refundar”.
Peor aún: llevamos ya dos días de conteos y no pasó nada, los números apenas sí se movieron, lo que se descubrió fueron errores matemáticos o de procedimiento menores, que no han alterado en nada el resultado electoral. En el distrito 15 del DF donde se había centrado el llamado “recurso madre” que demostraría, según López Obrador y acólitos que lo acompañan, el “fraude electoral” no sólo no se demostró éste en absoluto, sino que terminó aumentando la cuenta de Felipe Calderón en un par de votos. Y lo mismo está sucediendo en todas y cada una de las casillas revisadas.
Como el argumento del “fraude cibernético” y el “fraude a la antigüita” ya no sirve, ahora los lopezobradoristas han vuelto ha mostrar sus cartas. Durante el conteo distrital pidieron que se abrieran distintos paquetes electorales, a lo que accedieron las autoridades del IFE. Cuando comenzaron a pedir que se abrieran prácticamente todos los paquetes, las autoridades electorales no accedieron a ello porque en la solicitud estaba la trampa: en 2000, en la elección estatal en Tabasco, pidieron que se abrieran casi el 60 por ciento de los paquetes electorales y luego, con el argumento de que esos paquetes estaban abiertos, pidieron la anulación de la elección, lo que el Tribunal Electoral aceptó invocando la famosa “nulidad abstracta”, una decisión que el propio Trife tuvo que revisar y reglamentar después, porque había sido, muy probablemente, un exceso jurídico. Ahora se intentó hacer lo mismo y se argumenta que, para justificar la nulidad del proceso, hay paquetes electorales abiertos. Y sí, hay paquetes electorales abiertos en las casillas que los propios perredistas solicitaron que se abrieran en el conteo distrital del miércoles 5 de julio. En todo caso, lo importante no es eso sino que los datos del acta firmada por los representantes de casillas y de los partidos en la noche del 2 de julio, de la cual tienen copias las autoridades electorales y partidarias, coincida con la de la casilla y con los votos allí localizados. Y esa coincidencia es la que está confirmando este nuevo recuento. Lo otro es un intento más de confusión deliberado, un argumento insostenible.
El hecho es que en la medida en que concluye este conteo en las casillas impugnadas por la Alianza Por el Bien de Todos y las cifras no se modifican, López Obrador se ha quedado sin argumentos. Su popularidad cae día con día, el apoyo escasea, el plantón en la ciudad de México es un gran campamento donde hay muchas carpas y más policías que manifestantes y su equipo ya no sabe qué hacer para no caer en contradicciones y mantener viva una causa que ya murió.
Así, además de quejarse por los paquetes abiertos que ellos mismos solicitaron abrir en su momento, Jesús Ortega, por ejemplo, asegura que ni Dolores Padierna ni Carlos Ímaz son representantes del lopezobradorismo en el recuento ordenado por el Trife, pero resulta que ahí están las fotos de ambos, la primera en la Delegación Cuauhtémoc y el segundo en Monterrey, representando a la coalición. Así, Alejandro Encinas (posiblemente el que, junto con López Obrador, mayor capital político ha perdido con todo esto) dice que está “en contra” del plantón porque sería “esquizofrénico” si estuviera a favor del mismo. Pues que Encinas se busque rápido un siquiatra, porque su diagnóstico es acertado: si no está a favor del plantón, lo disimula perfectamente bien, porque todas y cada una de las medidas adoptadas por el Gobierno capitalino, han tenido como objeto beneficiar a los manifestantes. Incluso, en los primeros días del mismo, Encinas, dijo públicamente, no sólo que lo apoyaba, sino también que si tenía que pagar un costo político por ello estaba dispuesto a asumirlo. El problema es que ahora, como ha comenzando a pagarlo y a un precio altísimo, ya quiere bajar los costos. Pero ha quedado atrapado entre su responsabilidad y el chantaje de los duros que sólo están esperando a ver quién es el primero que se deslinda del ex candidato para denunciar al “traidor”...y luego seguir el mismo camino sin cargo de conciencia.
Lo que está en el fondo del tema y que ha sido un tema recurrente en la práctica política de López Obrador es que existe entre un desconocimiento y un desprecio por la legalidad básica del Estado, que permea todas sus acciones. Ello viene desde aquellas tomas y marchas de López Obrador en Tabasco, hasta su designación como candidato al GDF cuando no cumplía con los requisitos legales para ello, hasta sus controversias y rechazos a cumplir con la ley durante su gestión en el DF y ahora su negativa a aceptar que perdió la elección y no puede hacer nada para evitarlo. Claro, ante ello sólo queda el argumento de “purgar” y “refundar” las instituciones. O “sorprenderse”, porque la Suprema Corte amparó a Oscar Espinosa después de años de procesos inútiles, porque el Gobierno capitalino, simplemente ignoró la ley al procesarlo, ya que no tenía atribuciones para ello.
Peor aún: llevamos ya dos días de conteos y no pasó nada, los números apenas sí se movieron, lo que se descubrió fueron errores matemáticos o de procedimiento menores, que no han alterado en nada el resultado electoral. En el distrito 15 del DF donde se había centrado el llamado “recurso madre” que demostraría, según López Obrador y acólitos que lo acompañan, el “fraude electoral” no sólo no se demostró éste en absoluto, sino que terminó aumentando la cuenta de Felipe Calderón en un par de votos. Y lo mismo está sucediendo en todas y cada una de las casillas revisadas.
Como el argumento del “fraude cibernético” y el “fraude a la antigüita” ya no sirve, ahora los lopezobradoristas han vuelto ha mostrar sus cartas. Durante el conteo distrital pidieron que se abrieran distintos paquetes electorales, a lo que accedieron las autoridades del IFE. Cuando comenzaron a pedir que se abrieran prácticamente todos los paquetes, las autoridades electorales no accedieron a ello porque en la solicitud estaba la trampa: en 2000, en la elección estatal en Tabasco, pidieron que se abrieran casi el 60 por ciento de los paquetes electorales y luego, con el argumento de que esos paquetes estaban abiertos, pidieron la anulación de la elección, lo que el Tribunal Electoral aceptó invocando la famosa “nulidad abstracta”, una decisión que el propio Trife tuvo que revisar y reglamentar después, porque había sido, muy probablemente, un exceso jurídico. Ahora se intentó hacer lo mismo y se argumenta que, para justificar la nulidad del proceso, hay paquetes electorales abiertos. Y sí, hay paquetes electorales abiertos en las casillas que los propios perredistas solicitaron que se abrieran en el conteo distrital del miércoles 5 de julio. En todo caso, lo importante no es eso sino que los datos del acta firmada por los representantes de casillas y de los partidos en la noche del 2 de julio, de la cual tienen copias las autoridades electorales y partidarias, coincida con la de la casilla y con los votos allí localizados. Y esa coincidencia es la que está confirmando este nuevo recuento. Lo otro es un intento más de confusión deliberado, un argumento insostenible.
El hecho es que en la medida en que concluye este conteo en las casillas impugnadas por la Alianza Por el Bien de Todos y las cifras no se modifican, López Obrador se ha quedado sin argumentos. Su popularidad cae día con día, el apoyo escasea, el plantón en la ciudad de México es un gran campamento donde hay muchas carpas y más policías que manifestantes y su equipo ya no sabe qué hacer para no caer en contradicciones y mantener viva una causa que ya murió.
Así, además de quejarse por los paquetes abiertos que ellos mismos solicitaron abrir en su momento, Jesús Ortega, por ejemplo, asegura que ni Dolores Padierna ni Carlos Ímaz son representantes del lopezobradorismo en el recuento ordenado por el Trife, pero resulta que ahí están las fotos de ambos, la primera en la Delegación Cuauhtémoc y el segundo en Monterrey, representando a la coalición. Así, Alejandro Encinas (posiblemente el que, junto con López Obrador, mayor capital político ha perdido con todo esto) dice que está “en contra” del plantón porque sería “esquizofrénico” si estuviera a favor del mismo. Pues que Encinas se busque rápido un siquiatra, porque su diagnóstico es acertado: si no está a favor del plantón, lo disimula perfectamente bien, porque todas y cada una de las medidas adoptadas por el Gobierno capitalino, han tenido como objeto beneficiar a los manifestantes. Incluso, en los primeros días del mismo, Encinas, dijo públicamente, no sólo que lo apoyaba, sino también que si tenía que pagar un costo político por ello estaba dispuesto a asumirlo. El problema es que ahora, como ha comenzando a pagarlo y a un precio altísimo, ya quiere bajar los costos. Pero ha quedado atrapado entre su responsabilidad y el chantaje de los duros que sólo están esperando a ver quién es el primero que se deslinda del ex candidato para denunciar al “traidor”...y luego seguir el mismo camino sin cargo de conciencia.
Lo que está en el fondo del tema y que ha sido un tema recurrente en la práctica política de López Obrador es que existe entre un desconocimiento y un desprecio por la legalidad básica del Estado, que permea todas sus acciones. Ello viene desde aquellas tomas y marchas de López Obrador en Tabasco, hasta su designación como candidato al GDF cuando no cumplía con los requisitos legales para ello, hasta sus controversias y rechazos a cumplir con la ley durante su gestión en el DF y ahora su negativa a aceptar que perdió la elección y no puede hacer nada para evitarlo. Claro, ante ello sólo queda el argumento de “purgar” y “refundar” las instituciones. O “sorprenderse”, porque la Suprema Corte amparó a Oscar Espinosa después de años de procesos inútiles, porque el Gobierno capitalino, simplemente ignoró la ley al procesarlo, ya que no tenía atribuciones para ello.
Wednesday, August 09, 2006
Delito y mentira - Juan Molinar Horcasitas
Andrés Manuel López Obrador cometió un acto deleznable que me afecta directamente: ante una audiencia masiva, agitada por él y por sus seguidores, me acusó de haber influido sobre las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pretendió fundar sus argumentos en el texto de un correo electrónico que envié a una persona. El razonamiento que utilizó fue absurdo, pero eso no fue lo peor. Lo más grave fue que Andrés Manuel López Obrador disponía de ese correo gracias a una acción delictiva de sus colaboradores. Tan sólo por esa razón, sería comprensible que yo comentara el asunto. Pero hay razones más fuertes para hacerlo: me parece injustificable que una persona que alguna vez pretendió ser Presidente de la República recurra a la mentira y el delito para promover sus intereses.
Para ilustrar adecuadamente el asunto al lector, explicaré primero el contenido del mensaje ilegalmente interceptado y divulgado, para comentar después los aspectos legales y morales de la acción de López Obrador.
El texto de marras le solicita a uno de mis colaboradores que analice los datos de las actas de votación de los paquetes electorales que según el PRD deberían ser abiertos y recontados. El análisis consistía en dos cosas: primero verificar las cifras del PRD y compararlas con las actas oficiales; segundo, revisar en cuántos casos se cumplían los requisitos que el Cofipe señala para proceder al recuento. Comprobamos que los datos de las actas publicadas por el PRD no eran falsos, es decir, que correspondían con los de las actas oficiales. Con base en ese simple hecho, López Obrador pretendió afirmar que hasta yo aceptaba veracidad de sus argumentos sobre el fraude. Esa afirmación es simplemente absurda. De hecho, López Obrador omitió decir que en ese mismo correo criminalmente obtenido, se dice que con base en esos datos, y usando los criterios legales, no había fundamento para cuestionar la limpieza de la elección y que, en el peor de los casos, podría justificarse la apertura de 6 mil 700 casillas. Esta parte del argumento de López Obrador es, en suma, una falacia absurda. Pero no fue todo. López Obrador argumentó que el hecho de que el Tribunal hubiese abierto sólo algunas casillas, y no todas, como él pretendía, probaba que los magistrados habían seguido los lineamientos que le marcamos los autores de ese correo. Esta afirmación sería simplemente ridícula, pero también es injuriosa, especialmente para los magistrados del Tribunal.
Me extendí en el comentario del contenido de esos correos porque los perredistas, especialmente el diputado Horacio Duarte, han tratado de explotarlos como presuntas pruebas a su favor. Con ello, Duarte muestra limitaciones intelectuales severas, pues todos sus esfuerzos por demostrar alguna conexión entre esos textos y un posible fraude electoral han terminado en el ridículo, producido por el balbuceo repetido de incoherencias.
Pero el tema de fondo no es ése. Lo que importa es entender que el señor López Obrador ha utilizado recientemente en dos ocasiones información proveniente de actos criminales. Ya antes utilizó la misma plaza mayor de la ciudad de México para divulgar conversaciones telefónicas, ilegalmente interceptadas y grabadas, que presuntamente probaban alguno de sus argumentos. Tal como en el caso de mi correspondencia, el contenido de esas comunicaciones no probaba nada, pero igualmente las usó ante una audiencia agitada por él, señalando con ello a los que considera sus enemigos. La señora Gordillo, involucrada en ese episodio, denunció penalmente el hecho.
Ante esto, me pregunto quién espió a los adversarios de López Obrador. Si fue un aparato privado contratado por ellos, mal, pues estaríamos ante crímenes inducidos desde la política. Si fue un órgano del partido, peor, pues sería la comisión sistemática de un delito realizado por una institución de interés público, que debería ser bastión de los valores de la legalidad y la democracia. Si fue el gobierno capitalino, mucho peor, pues entonces estaríamos ante evidencia de elementos totalitarios en órganos del Estado mexicano, inducidos por los intereses de un sector del PRD. En todo caso, los líderes que cometieron estas infamias han pasado de la falta de respeto a la ley, a su violación sistemática. Ese es el tema.
Diputado Federal (PAN)
Para ilustrar adecuadamente el asunto al lector, explicaré primero el contenido del mensaje ilegalmente interceptado y divulgado, para comentar después los aspectos legales y morales de la acción de López Obrador.
El texto de marras le solicita a uno de mis colaboradores que analice los datos de las actas de votación de los paquetes electorales que según el PRD deberían ser abiertos y recontados. El análisis consistía en dos cosas: primero verificar las cifras del PRD y compararlas con las actas oficiales; segundo, revisar en cuántos casos se cumplían los requisitos que el Cofipe señala para proceder al recuento. Comprobamos que los datos de las actas publicadas por el PRD no eran falsos, es decir, que correspondían con los de las actas oficiales. Con base en ese simple hecho, López Obrador pretendió afirmar que hasta yo aceptaba veracidad de sus argumentos sobre el fraude. Esa afirmación es simplemente absurda. De hecho, López Obrador omitió decir que en ese mismo correo criminalmente obtenido, se dice que con base en esos datos, y usando los criterios legales, no había fundamento para cuestionar la limpieza de la elección y que, en el peor de los casos, podría justificarse la apertura de 6 mil 700 casillas. Esta parte del argumento de López Obrador es, en suma, una falacia absurda. Pero no fue todo. López Obrador argumentó que el hecho de que el Tribunal hubiese abierto sólo algunas casillas, y no todas, como él pretendía, probaba que los magistrados habían seguido los lineamientos que le marcamos los autores de ese correo. Esta afirmación sería simplemente ridícula, pero también es injuriosa, especialmente para los magistrados del Tribunal.
Me extendí en el comentario del contenido de esos correos porque los perredistas, especialmente el diputado Horacio Duarte, han tratado de explotarlos como presuntas pruebas a su favor. Con ello, Duarte muestra limitaciones intelectuales severas, pues todos sus esfuerzos por demostrar alguna conexión entre esos textos y un posible fraude electoral han terminado en el ridículo, producido por el balbuceo repetido de incoherencias.
Pero el tema de fondo no es ése. Lo que importa es entender que el señor López Obrador ha utilizado recientemente en dos ocasiones información proveniente de actos criminales. Ya antes utilizó la misma plaza mayor de la ciudad de México para divulgar conversaciones telefónicas, ilegalmente interceptadas y grabadas, que presuntamente probaban alguno de sus argumentos. Tal como en el caso de mi correspondencia, el contenido de esas comunicaciones no probaba nada, pero igualmente las usó ante una audiencia agitada por él, señalando con ello a los que considera sus enemigos. La señora Gordillo, involucrada en ese episodio, denunció penalmente el hecho.
Ante esto, me pregunto quién espió a los adversarios de López Obrador. Si fue un aparato privado contratado por ellos, mal, pues estaríamos ante crímenes inducidos desde la política. Si fue un órgano del partido, peor, pues sería la comisión sistemática de un delito realizado por una institución de interés público, que debería ser bastión de los valores de la legalidad y la democracia. Si fue el gobierno capitalino, mucho peor, pues entonces estaríamos ante evidencia de elementos totalitarios en órganos del Estado mexicano, inducidos por los intereses de un sector del PRD. En todo caso, los líderes que cometieron estas infamias han pasado de la falta de respeto a la ley, a su violación sistemática. Ese es el tema.
Diputado Federal (PAN)
Insensatez - Eugenio Anguiano
Es claro que para muchos millones de mexicanos, Andrés Manuel López Obrador representó o sigue representando la esperanza de un cambio sustantivo en cuanto a la manera de dirigir al país. Este político de perfil más bien provinciano, pero con sensibilidad para captar las necesidades de cambio de una sociedad que lleva años polarizándose entre sectores minoritarios muy ricos y una mayoría empobrecida, sin la presencia de una robusta clase media que pudiera amortiguar los contrastes, logró atraer casi 14.8 millones de votos en las pasadas elecciones del 2 de julio, a pesar de la feroz campaña que se montó en su contra desde las altas esferas del gobierno federal -la fiscal para la Atención de Delitos Electorales informaba hace poco que la investigación realizada por diversos peritos determinó que los mensajes derogatorios de AMLO, enviados a unos 7 millones de usuarios de internet, habían salido desde oficinas como la Secretaría de la Función Pública y la Presidencia de la República (EL UNIVERSAL, 6 de agosto de 2006)-, con la participación de numerosos empresarios, algunas organizaciones empresariales y figuras relevantes de los medios de información.
Entre las cosas que se han dicho en contra de AMLO, tanto en los mensajes electrónicos como por otros medios muy diversos, quiero resaltar la de que al líder de la coalición Por el Bien de Todos se le atribuye un comportamiento mesiánico que lo hace incapaz de aceptar críticas o reveses. Tal caracterización me había parecido exagerada, incluso en el contexto de una campaña electoral en la que abundaron las descalificaciones de los aspirantes a la Presidencia y se cruzaron epítetos de todo tipo que hicieron del adjetivo mesiánico algo sumamente suave.
Pero a la luz del comportamiento de AMLO desde el momento que salieron los resultados del PREP, pasando por el cómputo de los votos sufragados, hasta la fecha, me parece cada vez menos exagerada esa descripción del hombre que ha convocado a sus seguidores a la resistencia civil contra, primero, "el fraude maquinado" supuestamente por varios cientos de miles de ciudadanos bajo los auspicios del IFE, y luego contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por haber resuelto, en forma unánime, que ninguno de los argumentos presentados por la coalición mencionada era suficiente para ordenar el recuento voto por voto, como lo demandan AMLO y sus huestes.
No me cabe la menor duda de que hubo muchas irregularidades durante el periodo de las campañas electorales y de que la Presidencia de la República propició buena parte de ellas, respecto a las cuales el Tribunal no encontró elementos suficientes, "jurídicos y doctrinarios", como para satisfacer la exigencia del recuento total, ni tampoco que el IFE ha tenido, en conjunto, una conducta sesgada y acompañada de errores, pero no veo razones para aceptar que todas las instancias institucionales electorales están confabuladas o equivocadas en cuanto a resultados y a la revisión de los mismos. ¿Por qué habría de ser inapelable la creencia de López Obrador y del PRD y sus aliados de que ganaron la elección presidencial? Solamente por un acto de fe o de fanatismo político puede creerse que AMLO ganó las elecciones, cuando todos los elementos institucionales y de observación con que cuenta el sistema electoral mexicano no convalidan, hasta ahora, esa creencia.
Expresiones de AMLO como las de que "los observadores (extranjeros) observaron pero no vieron"; "no queremos diezmos (por aquello del recuento de casi 10% de las casillas) sino el ciento por ciento"; "hacemos resistencia civil porque defendemos la democracia"; "se fueron a la cargada (en referencia a intelectuales que apoyaron a López pero se deslindaron de los plantones), y la ominosa advertencia de que "vamos .. a purificar la vida pública", reflejan actitudes de iluminado o de apóstol poseedor de la verdad única e incontrovertible. Lo grave es que pudiera haber otra intención menos mística y más material del lenguaje y las acciones del grupo que se erige como exponente de la izquierda mexicana y de las causas populares del país; la de una premeditada acción para hacer abortar decisiones emanadas del electorado y revisadas por los mecanismos que, con tanto esfuerzo, se han construido en los últimos años. Ahora resulta que López Obrador y quienes por convicción u obligación siguen acompañándolo, actúan en defensa de la democracia y del voto de los mexicanos. Se le recrimina al Tribunal su extremo legalismo y el haber fallado en su función de tutelaje de los derechos electorales, cuando justamente el resolutivo del sábado tutela esos derechos: los de quienes interpusieron recursos de invalidez y también de quienes confían en que las instituciones convalidarán sus preferencias electorales. AMLO parece empeñado en deslegitimar las instituciones de una República laica a la que pretende gobernar por obra y gracia de su apostolado.
Profesor investigador de El Colegio de México
Entre las cosas que se han dicho en contra de AMLO, tanto en los mensajes electrónicos como por otros medios muy diversos, quiero resaltar la de que al líder de la coalición Por el Bien de Todos se le atribuye un comportamiento mesiánico que lo hace incapaz de aceptar críticas o reveses. Tal caracterización me había parecido exagerada, incluso en el contexto de una campaña electoral en la que abundaron las descalificaciones de los aspirantes a la Presidencia y se cruzaron epítetos de todo tipo que hicieron del adjetivo mesiánico algo sumamente suave.
Pero a la luz del comportamiento de AMLO desde el momento que salieron los resultados del PREP, pasando por el cómputo de los votos sufragados, hasta la fecha, me parece cada vez menos exagerada esa descripción del hombre que ha convocado a sus seguidores a la resistencia civil contra, primero, "el fraude maquinado" supuestamente por varios cientos de miles de ciudadanos bajo los auspicios del IFE, y luego contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por haber resuelto, en forma unánime, que ninguno de los argumentos presentados por la coalición mencionada era suficiente para ordenar el recuento voto por voto, como lo demandan AMLO y sus huestes.
No me cabe la menor duda de que hubo muchas irregularidades durante el periodo de las campañas electorales y de que la Presidencia de la República propició buena parte de ellas, respecto a las cuales el Tribunal no encontró elementos suficientes, "jurídicos y doctrinarios", como para satisfacer la exigencia del recuento total, ni tampoco que el IFE ha tenido, en conjunto, una conducta sesgada y acompañada de errores, pero no veo razones para aceptar que todas las instancias institucionales electorales están confabuladas o equivocadas en cuanto a resultados y a la revisión de los mismos. ¿Por qué habría de ser inapelable la creencia de López Obrador y del PRD y sus aliados de que ganaron la elección presidencial? Solamente por un acto de fe o de fanatismo político puede creerse que AMLO ganó las elecciones, cuando todos los elementos institucionales y de observación con que cuenta el sistema electoral mexicano no convalidan, hasta ahora, esa creencia.
Expresiones de AMLO como las de que "los observadores (extranjeros) observaron pero no vieron"; "no queremos diezmos (por aquello del recuento de casi 10% de las casillas) sino el ciento por ciento"; "hacemos resistencia civil porque defendemos la democracia"; "se fueron a la cargada (en referencia a intelectuales que apoyaron a López pero se deslindaron de los plantones), y la ominosa advertencia de que "vamos .. a purificar la vida pública", reflejan actitudes de iluminado o de apóstol poseedor de la verdad única e incontrovertible. Lo grave es que pudiera haber otra intención menos mística y más material del lenguaje y las acciones del grupo que se erige como exponente de la izquierda mexicana y de las causas populares del país; la de una premeditada acción para hacer abortar decisiones emanadas del electorado y revisadas por los mecanismos que, con tanto esfuerzo, se han construido en los últimos años. Ahora resulta que López Obrador y quienes por convicción u obligación siguen acompañándolo, actúan en defensa de la democracia y del voto de los mexicanos. Se le recrimina al Tribunal su extremo legalismo y el haber fallado en su función de tutelaje de los derechos electorales, cuando justamente el resolutivo del sábado tutela esos derechos: los de quienes interpusieron recursos de invalidez y también de quienes confían en que las instituciones convalidarán sus preferencias electorales. AMLO parece empeñado en deslegitimar las instituciones de una República laica a la que pretende gobernar por obra y gracia de su apostolado.
Profesor investigador de El Colegio de México
López Obrador y la lógica golpista - Jorge Fernández Menéndez
Hoy comenzará el recuento de unas once mil casillas, ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, casillas en las cuales el propio Tribunal estimó que pudiera existir alguna irregularidad o error en el cómputo. Se ha dicho que el IFE podría haber ordenado, en el conteo distrital del miércoles 5 de julio, abrir esas casillas: podría ser, pero también podría haber ocurrido, que si se accedía al argumento de abrir todas las casillas, o un número muy considerable de éstas, la llamada alianza Por el Bien de Todos, obtuviera con ello su principal objetivo: anular las elecciones. No era algo nuevo, ya lo habían puesto en práctica, con éxito, en Tabasco en 2000. Por eso era importante que el Tribunal fuera el que decidiera para no volver a caer en la misma trampa de entonces.
El Trife ya decidió y todos los sectores políticos han aceptado la resolución, menos, obviamente, López Obrador. El ex candidato cada día oculta menos sus verdaderas intenciones y ahora anunció que el famoso “voto por voto” ya no es suficiente. Lo que quiere, dijo en el mitin realizado en las puertas del propio Trife, es “cambiar inmediatamente todas las instituciones”, de “cualquier forma”. Si alguien tenía dudas de que López Obrador, en realidad lo que quiere es el poder, a como dé lugar, para instalar un sistema político creado a su imagen y semejanza, podría despejarla con estas declaraciones. ¿Qué instituciones quiere López Obrador? Después de veinte años de trabajo, con costos muy altos, sociales y económicos, los mexicanos hemos construido un sistema político y por ende también electoral, que podrá tener muchas fallas pero que indudablemente está basado en instituciones democráticas sólidas: el IFE, el Trife, los distintos poderes de la Unión autónomos, el respeto a la autonomía municipal y estatales respecto a la federal, la limitación del poder presidencial a sus atribuciones constitucionales, el control de la fuerza pública a los poderes civiles, las elecciones, donde los votos son los que determinan los gobernantes, un Congreso plural donde desde hace nueve años el partido del Presidente no tiene mayoría propia, un sistema donde existe plena libertad de prensa, de asociación, de reunión, son todos elementos que se han convertido en parte de la cotidianidad democrática de nuestro país. Así lo entienden la sociedad, los partidos, los sindicatos, los medios. Entonces ¿qué instituciones quiere cambiar “inmediatamente” y “como sea” López Obrador y hacia dónde quiere orientar esas “nuevas instituciones”?
El ejemplo del tabasqueño es claro: allí está Hugo Chávez y su “revolución bolivariana” con sus “nuevas instituciones”. Por eso los videos con los discursos del Mandatario venezolano son los más vistos en los desangelados plantones del perredismo capitalino. Se podrá o no estar de acuerdo con Chávez, pero que en esta ocasión, tampoco nadie se llame a engaño: las instituciones “bolivarianas” del chavismo no tienen nada que ver con un sistema democrático, con la división de poderes, con la pluralidad, con la libertad de prensa, de asociación y de reunión. Y es un sistema que políticamente los mexicanos hemos rechazado una y otra vez: los esfuerzos políticos y sociales de dos décadas se han concentrado en crear un sistema democrático relativamente eficiente. Falta, sin duda, mucho por hacer, pero sería trágico que ahora, simplemente por un capricho totalitario, se intentara cambiar ese rumbo.
Pero, para ser como Chávez,a López Obrador le falta sólo una cosa: militares golpistas. Debe estar muy satisfecho su asesor jurídico Javier Quijano, con el curso de los acontecimientos: Quijano fue el que inventó aquello, de que si procedía el desafuero, se estaría realizando una suerte de “golpe de Estado” en contra de López Obrador. Ahora, paradójicamente, el que intenta el “golpe de Estado” es el propio ex candidato. Alguien dirá que es una afirmación exagerada, pero ¿qué se pretende cuando se desconocen las reglas del juego democrático, cuando se apuesta a la desestabilización y se amenaza con la violencia, cuando las autoridades capitalinas, controladas por López Obrador ponen los recursos públicos y las fuerzas de seguridad locales no al servicio de la ciudadanía sino de una causa partidaria, cuando se dice que se deben cambiar las instituciones inmediatamente y de “cualquier forma”? En los hechos, lo que se pretende, como dijimos en su momento, es reconstruir el sistema de partido “prácticamente único”, sólo que entronizado ahora en torno al nuevo caudillo. Es, como hemos dicho muchas veces, una visión conservadora, restauradora del viejo sistema, que nada tiene que ver con la izquierda moderna y la construcción de un sistema más democrático y tolerante.
Pero las Fuerzas Armadas mexicanas no son las venezolanas y en nuestro Ejército no hay golpistas. Y cuando la causa que se impulsa no tiene respaldo social masivo y representa a una minoría aunque sea numerosa, como ocurre con López Obrador, la única forma de imponer ese “cambio de sistema” es mediante la fuerza. Sin ésta, los intentos autoritarios no tienen futuro. Por eso, López Obrador se está quedando cada día más solo y, al tiempo que ello ocurre, se está radicalizando cada vez más.
Pero no deja de ser positivo que el verdadero rostro de Andrés Manuel se muestre sin máscaras. En realidad ya lo había mostrado antes: dijo en San Lázaro que no respetaba al Poder Ejecutivo, ni al Legislativo ni al Judicial, que no aceptaba las leyes vigentes, porque en su concepto eran injustas, ni las reglas del juego democrático, porque eran parte del “complot” urdido en su contra. Nadie tendría que asombrarse ahora, salvo aquellos de sus aliados y adversarios que pensaron que todo era una puesta en escena y que se atemperaría con el paso del tiempo. No es así, López Obrador siempre fue un restaurador autoritario, sólo que ahora lo muestra sin tapujos.
El Trife ya decidió y todos los sectores políticos han aceptado la resolución, menos, obviamente, López Obrador. El ex candidato cada día oculta menos sus verdaderas intenciones y ahora anunció que el famoso “voto por voto” ya no es suficiente. Lo que quiere, dijo en el mitin realizado en las puertas del propio Trife, es “cambiar inmediatamente todas las instituciones”, de “cualquier forma”. Si alguien tenía dudas de que López Obrador, en realidad lo que quiere es el poder, a como dé lugar, para instalar un sistema político creado a su imagen y semejanza, podría despejarla con estas declaraciones. ¿Qué instituciones quiere López Obrador? Después de veinte años de trabajo, con costos muy altos, sociales y económicos, los mexicanos hemos construido un sistema político y por ende también electoral, que podrá tener muchas fallas pero que indudablemente está basado en instituciones democráticas sólidas: el IFE, el Trife, los distintos poderes de la Unión autónomos, el respeto a la autonomía municipal y estatales respecto a la federal, la limitación del poder presidencial a sus atribuciones constitucionales, el control de la fuerza pública a los poderes civiles, las elecciones, donde los votos son los que determinan los gobernantes, un Congreso plural donde desde hace nueve años el partido del Presidente no tiene mayoría propia, un sistema donde existe plena libertad de prensa, de asociación, de reunión, son todos elementos que se han convertido en parte de la cotidianidad democrática de nuestro país. Así lo entienden la sociedad, los partidos, los sindicatos, los medios. Entonces ¿qué instituciones quiere cambiar “inmediatamente” y “como sea” López Obrador y hacia dónde quiere orientar esas “nuevas instituciones”?
El ejemplo del tabasqueño es claro: allí está Hugo Chávez y su “revolución bolivariana” con sus “nuevas instituciones”. Por eso los videos con los discursos del Mandatario venezolano son los más vistos en los desangelados plantones del perredismo capitalino. Se podrá o no estar de acuerdo con Chávez, pero que en esta ocasión, tampoco nadie se llame a engaño: las instituciones “bolivarianas” del chavismo no tienen nada que ver con un sistema democrático, con la división de poderes, con la pluralidad, con la libertad de prensa, de asociación y de reunión. Y es un sistema que políticamente los mexicanos hemos rechazado una y otra vez: los esfuerzos políticos y sociales de dos décadas se han concentrado en crear un sistema democrático relativamente eficiente. Falta, sin duda, mucho por hacer, pero sería trágico que ahora, simplemente por un capricho totalitario, se intentara cambiar ese rumbo.
Pero, para ser como Chávez,a López Obrador le falta sólo una cosa: militares golpistas. Debe estar muy satisfecho su asesor jurídico Javier Quijano, con el curso de los acontecimientos: Quijano fue el que inventó aquello, de que si procedía el desafuero, se estaría realizando una suerte de “golpe de Estado” en contra de López Obrador. Ahora, paradójicamente, el que intenta el “golpe de Estado” es el propio ex candidato. Alguien dirá que es una afirmación exagerada, pero ¿qué se pretende cuando se desconocen las reglas del juego democrático, cuando se apuesta a la desestabilización y se amenaza con la violencia, cuando las autoridades capitalinas, controladas por López Obrador ponen los recursos públicos y las fuerzas de seguridad locales no al servicio de la ciudadanía sino de una causa partidaria, cuando se dice que se deben cambiar las instituciones inmediatamente y de “cualquier forma”? En los hechos, lo que se pretende, como dijimos en su momento, es reconstruir el sistema de partido “prácticamente único”, sólo que entronizado ahora en torno al nuevo caudillo. Es, como hemos dicho muchas veces, una visión conservadora, restauradora del viejo sistema, que nada tiene que ver con la izquierda moderna y la construcción de un sistema más democrático y tolerante.
Pero las Fuerzas Armadas mexicanas no son las venezolanas y en nuestro Ejército no hay golpistas. Y cuando la causa que se impulsa no tiene respaldo social masivo y representa a una minoría aunque sea numerosa, como ocurre con López Obrador, la única forma de imponer ese “cambio de sistema” es mediante la fuerza. Sin ésta, los intentos autoritarios no tienen futuro. Por eso, López Obrador se está quedando cada día más solo y, al tiempo que ello ocurre, se está radicalizando cada vez más.
Pero no deja de ser positivo que el verdadero rostro de Andrés Manuel se muestre sin máscaras. En realidad ya lo había mostrado antes: dijo en San Lázaro que no respetaba al Poder Ejecutivo, ni al Legislativo ni al Judicial, que no aceptaba las leyes vigentes, porque en su concepto eran injustas, ni las reglas del juego democrático, porque eran parte del “complot” urdido en su contra. Nadie tendría que asombrarse ahora, salvo aquellos de sus aliados y adversarios que pensaron que todo era una puesta en escena y que se atemperaría con el paso del tiempo. No es así, López Obrador siempre fue un restaurador autoritario, sólo que ahora lo muestra sin tapujos.
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