1. Si a alguno de los candidatos tuvieras que pedirle que temporalmente administre tu negocio u ocupe tu puesto, que es la base de tu sustento, ¿a quién se lo pedirías?
2. Si a alguno de estos candidatos le tuvieras que encargar a tu hijo para que lo eduque, ¿por quién te inclinarías?
3. Si fueras prestamista y todos los candidatos te piden prestado, ¿a quién refaccionarías con mayor tranquilidad?
4. Si los candidatos fueran tus vecinos de al lado, se les incendiaran sus casas y te pidieran asilo temporal por tres meses con sus familias mientras arreglan sus hogares, ¿a cuál de ellos le abrirías tus puertas con mayor confianza?
Cualquiera que sea tu respuesta, si a las cuatro preguntas respondiste en forma igual, vota por él (o por ella), sin importar cuál de ellos sea. Si das respuestas diferentes, piensa cuál pregunta es la que mejor refleja tus valores personales o prioridades en tu vida. Cualquiera que sea la respuesta a esa pregunta, ¡vota por él (o por ella)!
Friday, June 23, 2006
Votar contra el autoritarismo - Luis de la Barreda Solórzano
Si las encuestas son acertadas, Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón llegan a la elección presidencial prácticamente empatados en la intención de voto, lo que supone que: a) cualquiera de los dos tiene posibilidades de ganar el domingo 2 de julio la Presidencia de la República, y b) probablemente quienes hoy aún están indecisos sean quienes inclinen la balanza. Cada sufragio, entonces, puede ser decisivo. Por primera vez en mi vida votaré por un candidato del PAN aun cuando varias de las posturas conservadoras de ese partido me resultan inaceptables, sobre todo aquellas que se refieren a aspectos que conciernen a las convicciones morales de los individuos. Por ejemplo, me parece farisaico el rechazo a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y a la píldora del día después. Sin embargo, es evidente que si el PAN vuelve a ganar la Presidencia no habrá un retroceso en esos temas, pues ni Calderón va a intentarlo ni la correlación de fuerzas parlamentarias se lo permitiría. Por otra parte, el programa económico y social del aspirante panista parece razonable, en tanto que el del perredista es, como lo ha calificado Jaime Sánchez Susarrey, un proyecto irresponsable que podemos pagar muy caro los mexicanos. Pero esa no es la razón principal para decidir el sentido de mi voto. Más que votar por Calderón, votaré contra López Obrador por un motivo que considero muy fuerte. El ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal ha dado muestras inequívocas y abundantes de autoritarismo, intolerancia y desprecio al derecho. No me parece un exceso considerar que tiene alma de dictador (quieran los dioses que, si gana la elección, me equivoque).
La afirmación de que el ex priista es un peligro para México no se basa en elucubraciones acerca de lo que podría hacer o dejar de hacer si llegara a ser Presidente, sino en la certeza de lo que ya hizo y lo que dejó de hacer como gobernante de la capital de la República. A la vista de cómo gobernó, no puede menos que sorprenderme que cuente con el respaldo de intelectuales que se habían caracterizado, entre otras cosas, por su vocación democrática. En el breve espacio de esta columna apenas podré esbozar algunos de los desplantes, de las acciones y de las omisiones de López Obrador cuya evocación quizá sea suficiente para ilustrar mi temor.
Yo era Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Uno de los principales destinatarios de nuestras recomendaciones, por atropellos muy serios, era el Procurador Samuel del Villar. López Obrador, Jefe de Gobierno electo, aseveró que todos los ombudsman del país eran priistas y se fatigó en anunciar, una y otra vez, que sostendría en el cargo al doctor Del Villar, a quien comparaba con Benito Juárez. No lo sostuvo porque le fue imposible: la designación del Procurador requería la anuencia del Presidente de la República, y Fox no estaba dispuesto a otorgarla pues sabía de los abusos de Del Villar, entre los cuales estaban el encarcelamiento de personas inocentes inculpadas por el homicidio de Paco Stanley con base en el testimonio inducido de un preso al que después se amenazó para que no se retractara, la persecución penal de jueces y magistrados cuyas resoluciones desagradaron al Procurador, y la designación de delincuentes (sí, individuos que habían sido condenados incluso por delitos tan graves como el secuestro) en altos cargos de la Procuraduría.
Ya en el ejercicio de la jefatura de gobierno, Andrés Manuel López Obrador ocultó información de interés público, tal como la relativa a los precios y los proveedores de los segundos pisos o la nómina de pago a los mayores de 70 años. Para no tener que proporcionarla boicoteó la instauración de un organismo autónomo negándose a otorgarle oficinas y presupuesto, disolviendo el consejo designado y creando otro del que se excluyó arbitrariamente a la más incómoda de las consejeras —por su autonomía y su honestidad—, María Elena Pérez Jaén, (que ya acudió a la Suprema Corte buscando que se revierta el atropello).
Andrés Manuel López Obrador mostró un absoluto desprecio por la ley y por las resoluciones judiciales. Entre la justicia y la ley, expresó varias veces, había que optar por la justicia. “Ley que no es justa no sirve... Una ley que no imparte justicia no tiene sentido... La Corte no puede estar por encima de la soberanía del pueblo... La jurisprudencia tiene que ver, precisamente, con el sentimiento popular”, predicó.
El problema con esa concepción es, por una parte, que el pueblo —las masas, la mayoría— no siempre tiene razón ni todo lo que pide o exige es indiscutible: ¿qué sucedería si la mayoría se manifestara, por ejemplo, contra la libertad de expresión, a favor de la pena de muerte o a favor de la justicia colectiva por propia mano?
Por otra parte, surge la pregunta de quién descifra la voluntad popular y quién decide lo que es justo. En los hechos, lo decide quien detenta el poder. “¿Y quién interpreta el divino poder de la ‘soberanía popular’? El líder social que se autodesignaba ‘el rayo de esperanza’: López Obrador”, escribió Enrique Krauze (El mesías tropical, en Letras libres, junio de 2006).
Cuando las resoluciones judiciales fueron desfavorables a su gobierno y le provocaron especial molestia, el entonces Jefe de Gobierno no paró mientes en calumniar a los juzgadores acusándolos de corruptos sin presentar la denuncia o las pruebas correspondientes. Lo peor fue que, al desacatar suspensiones provisionales ordenadas por jueces de distrito, debilitó al amparo, instrumento jurídico de los gobernados para defenderse de los abusos de los gobernantes. Recordemos que, después de su desafuero, si se detuvo la acción penal en su contra no fue porque su conducta no estuviera tipificada como delito sino porque no quedaba claro, por una laguna legislativa, qué sanción correspondía a esa conducta. De ahí en adelante cualquier servidor público puede violar la suspensión provisional concedida en amparo a sabiendas de que quedará impune su trasgresión. El daño causado al Estado de Derecho ha sido enorme.
Lo aquí señalado es grave; pero me falta referirme al capítulo más funesto y vergonzoso: Tláhuac. Como se me acabó el espacio, será la próxima semana.
La afirmación de que el ex priista es un peligro para México no se basa en elucubraciones acerca de lo que podría hacer o dejar de hacer si llegara a ser Presidente, sino en la certeza de lo que ya hizo y lo que dejó de hacer como gobernante de la capital de la República. A la vista de cómo gobernó, no puede menos que sorprenderme que cuente con el respaldo de intelectuales que se habían caracterizado, entre otras cosas, por su vocación democrática. En el breve espacio de esta columna apenas podré esbozar algunos de los desplantes, de las acciones y de las omisiones de López Obrador cuya evocación quizá sea suficiente para ilustrar mi temor.
Yo era Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Uno de los principales destinatarios de nuestras recomendaciones, por atropellos muy serios, era el Procurador Samuel del Villar. López Obrador, Jefe de Gobierno electo, aseveró que todos los ombudsman del país eran priistas y se fatigó en anunciar, una y otra vez, que sostendría en el cargo al doctor Del Villar, a quien comparaba con Benito Juárez. No lo sostuvo porque le fue imposible: la designación del Procurador requería la anuencia del Presidente de la República, y Fox no estaba dispuesto a otorgarla pues sabía de los abusos de Del Villar, entre los cuales estaban el encarcelamiento de personas inocentes inculpadas por el homicidio de Paco Stanley con base en el testimonio inducido de un preso al que después se amenazó para que no se retractara, la persecución penal de jueces y magistrados cuyas resoluciones desagradaron al Procurador, y la designación de delincuentes (sí, individuos que habían sido condenados incluso por delitos tan graves como el secuestro) en altos cargos de la Procuraduría.
Ya en el ejercicio de la jefatura de gobierno, Andrés Manuel López Obrador ocultó información de interés público, tal como la relativa a los precios y los proveedores de los segundos pisos o la nómina de pago a los mayores de 70 años. Para no tener que proporcionarla boicoteó la instauración de un organismo autónomo negándose a otorgarle oficinas y presupuesto, disolviendo el consejo designado y creando otro del que se excluyó arbitrariamente a la más incómoda de las consejeras —por su autonomía y su honestidad—, María Elena Pérez Jaén, (que ya acudió a la Suprema Corte buscando que se revierta el atropello).
Andrés Manuel López Obrador mostró un absoluto desprecio por la ley y por las resoluciones judiciales. Entre la justicia y la ley, expresó varias veces, había que optar por la justicia. “Ley que no es justa no sirve... Una ley que no imparte justicia no tiene sentido... La Corte no puede estar por encima de la soberanía del pueblo... La jurisprudencia tiene que ver, precisamente, con el sentimiento popular”, predicó.
El problema con esa concepción es, por una parte, que el pueblo —las masas, la mayoría— no siempre tiene razón ni todo lo que pide o exige es indiscutible: ¿qué sucedería si la mayoría se manifestara, por ejemplo, contra la libertad de expresión, a favor de la pena de muerte o a favor de la justicia colectiva por propia mano?
Por otra parte, surge la pregunta de quién descifra la voluntad popular y quién decide lo que es justo. En los hechos, lo decide quien detenta el poder. “¿Y quién interpreta el divino poder de la ‘soberanía popular’? El líder social que se autodesignaba ‘el rayo de esperanza’: López Obrador”, escribió Enrique Krauze (El mesías tropical, en Letras libres, junio de 2006).
Cuando las resoluciones judiciales fueron desfavorables a su gobierno y le provocaron especial molestia, el entonces Jefe de Gobierno no paró mientes en calumniar a los juzgadores acusándolos de corruptos sin presentar la denuncia o las pruebas correspondientes. Lo peor fue que, al desacatar suspensiones provisionales ordenadas por jueces de distrito, debilitó al amparo, instrumento jurídico de los gobernados para defenderse de los abusos de los gobernantes. Recordemos que, después de su desafuero, si se detuvo la acción penal en su contra no fue porque su conducta no estuviera tipificada como delito sino porque no quedaba claro, por una laguna legislativa, qué sanción correspondía a esa conducta. De ahí en adelante cualquier servidor público puede violar la suspensión provisional concedida en amparo a sabiendas de que quedará impune su trasgresión. El daño causado al Estado de Derecho ha sido enorme.
Lo aquí señalado es grave; pero me falta referirme al capítulo más funesto y vergonzoso: Tláhuac. Como se me acabó el espacio, será la próxima semana.
Thursday, June 22, 2006
AMLO, las encuestas y el imperialismo - Francisco Baez Rodriguez
Sucedió en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en los años setenta, cuando en aquella institución tenía sus reales un grupo extremista denominado Los Enfermos, que cometía actos vandálicos como quemar las cosechas de campesinos que no “jalaban” con ellos, asesinó a militantes de izquierda y terminó desintegrándose, aunque algunos de sus miembros confluyeron en la Liga Comunista 23 de Septiembre.
Era una reunión en Mazatlán. Los Enfermos, bajo la consigna de la “Universidad-Fábrica”, querían cambiar los planes de estudio para imponer su particular (y enferma) versión del marxismo. De uno de ellos surgió la propuesta: eliminar el inglés del programa de preparatoria, porque ese era “el idioma del imperialismo”. Un maestro de inglés, supongo que para salvar su chamba, pidió la palabra y propuso que el cambio fuera de matiz: en vez de enseñar “inglés burgués”, la UAS enseñaría “inglés proletario”, para que los representantes de la clase obrera mexicana se pudieran comunicar mejor con sus similares de otros países, en pos del internacionalismo revolucionario. Los Enfermos quedaron confundidos y la enseñanza del inglés no se suprimió.
El asunto viene a cuenta por la más reciente ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador. En su entrevista con Carlos Loret de Mola, el candidato de la Coalición Por el Bien de Todos descalificó las encuestas, aún aquellas que lo ubican en primer lugar, porque “la metodología es norteamericana, se aplica en Estados Unidos”. Y concluyó: “nuestra sociedad no funciona así”.
Podría utilizar lo que queda de espacio de esta columna para explicar por qué la medición demoscópica, si bien tiene muchas características de las ciencias sociales, es esencialmente un trabajo estadístico-matemático. Podría también hacer un recuento del avance que ha tenido esta técnica en nuestro país a lo largo de las últimas dos décadas, en las que ha superado prejuicios y ha enmendado sus errores de noviciado. Pero no creo que sea lo esencial: en todo caso, quienes viven de la demoscopía tienen de seguro muy buenos argumentos.
A lo que voy es a otras dos cosas. La primera es la falta de congruencia de López Obrador. Durante más de cuatro años utilizó los resultados de las encuestas para afianzar su posición política, dentro del PRD y a nivel nacional. ¿Cuántas veces no lo escuchamos presumir del alto nivel de popularidad y de aceptación que le otorgaba este instrumento hecho con “metodología norteamericana”? ¿Cuántas veces no tomó decisiones políticas relevantes en función de lo que decían las mediciones de opinión pública? Ahora que no pintan el mundo color de rosa (o amarillo y negro) resulta que están, de alguna manera, viciadas por el imperialismo.
Esto quiere decir, en pocas palabras, que no creo que AMLO no crea en las encuestas. Simplemente, las usa o las desecha de acuerdo con el momento táctico (con su voluntad).
Lo que sí creo es que, al señalar el supuesto pecado de origen de las encuestas, López Obrador está enseñando su marca de aislacionismo cultural y, de nueva cuenta, su propensión a la intolerancia.
Así, no importa que las encuestas sean útiles en la India, en Grecia, en Japón o en Kenya. Lo que importa es que se trata de una metodología desarrollada primero en Estados Unidos. Eso mismo debe hacerlas sospechosas. Como ese líquido negro de nombre Coca-Cola.
La frase, “nuestra sociedad no funciona así” encierra un núcleo duro de ideología vieja, de nacionalismo revolucionario. “Como México no hay dos”, que puede traducirse en que aquí nuestra política puede no ser ni democrática ni autoritaria, sino todo lo contrario; que nuestra economía puede ser la administración voluntarista y clientelar de la abundancia; que nuestra vara de medir la ley tiene magnitudes “mexicanas”.
La “diferencia” de México fue, históricamente, una de las mejores coartadas para poner coto a la democracia sin adjetivos que pedía a gritos el país. También fue la coartada cultural para que desarrollara la manga ancha a la corrupción y a la impunidad. Y la coartada económica para una política proteccionista que se cebó sobre los consumidores y favoreció solamente a los empresarios favoritos del régimen, aquellos a los que antes llamábamos “burguesía nacional”.
Todo lo demás, encuestas incluidas, son “influencias extranjerizantes y ajenas a nuestra idiosincrasia” (Díaz Ordaz y Pinochet dixeunt).
Habría que avisarle a López Obrador que los años setenta y ochenta ya pasaron (yo hubiera suscrito su programa económico, pero hace 20 años), que las encuestas tienen el idioma común de las matemáticas, que México está inserto en el mundo, que la democracia es formal o no es democracia y que un estadunidense, llamado Abner Doubleday, inventó el beisbol.
Era una reunión en Mazatlán. Los Enfermos, bajo la consigna de la “Universidad-Fábrica”, querían cambiar los planes de estudio para imponer su particular (y enferma) versión del marxismo. De uno de ellos surgió la propuesta: eliminar el inglés del programa de preparatoria, porque ese era “el idioma del imperialismo”. Un maestro de inglés, supongo que para salvar su chamba, pidió la palabra y propuso que el cambio fuera de matiz: en vez de enseñar “inglés burgués”, la UAS enseñaría “inglés proletario”, para que los representantes de la clase obrera mexicana se pudieran comunicar mejor con sus similares de otros países, en pos del internacionalismo revolucionario. Los Enfermos quedaron confundidos y la enseñanza del inglés no se suprimió.
El asunto viene a cuenta por la más reciente ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador. En su entrevista con Carlos Loret de Mola, el candidato de la Coalición Por el Bien de Todos descalificó las encuestas, aún aquellas que lo ubican en primer lugar, porque “la metodología es norteamericana, se aplica en Estados Unidos”. Y concluyó: “nuestra sociedad no funciona así”.
Podría utilizar lo que queda de espacio de esta columna para explicar por qué la medición demoscópica, si bien tiene muchas características de las ciencias sociales, es esencialmente un trabajo estadístico-matemático. Podría también hacer un recuento del avance que ha tenido esta técnica en nuestro país a lo largo de las últimas dos décadas, en las que ha superado prejuicios y ha enmendado sus errores de noviciado. Pero no creo que sea lo esencial: en todo caso, quienes viven de la demoscopía tienen de seguro muy buenos argumentos.
A lo que voy es a otras dos cosas. La primera es la falta de congruencia de López Obrador. Durante más de cuatro años utilizó los resultados de las encuestas para afianzar su posición política, dentro del PRD y a nivel nacional. ¿Cuántas veces no lo escuchamos presumir del alto nivel de popularidad y de aceptación que le otorgaba este instrumento hecho con “metodología norteamericana”? ¿Cuántas veces no tomó decisiones políticas relevantes en función de lo que decían las mediciones de opinión pública? Ahora que no pintan el mundo color de rosa (o amarillo y negro) resulta que están, de alguna manera, viciadas por el imperialismo.
Esto quiere decir, en pocas palabras, que no creo que AMLO no crea en las encuestas. Simplemente, las usa o las desecha de acuerdo con el momento táctico (con su voluntad).
Lo que sí creo es que, al señalar el supuesto pecado de origen de las encuestas, López Obrador está enseñando su marca de aislacionismo cultural y, de nueva cuenta, su propensión a la intolerancia.
Así, no importa que las encuestas sean útiles en la India, en Grecia, en Japón o en Kenya. Lo que importa es que se trata de una metodología desarrollada primero en Estados Unidos. Eso mismo debe hacerlas sospechosas. Como ese líquido negro de nombre Coca-Cola.
La frase, “nuestra sociedad no funciona así” encierra un núcleo duro de ideología vieja, de nacionalismo revolucionario. “Como México no hay dos”, que puede traducirse en que aquí nuestra política puede no ser ni democrática ni autoritaria, sino todo lo contrario; que nuestra economía puede ser la administración voluntarista y clientelar de la abundancia; que nuestra vara de medir la ley tiene magnitudes “mexicanas”.
La “diferencia” de México fue, históricamente, una de las mejores coartadas para poner coto a la democracia sin adjetivos que pedía a gritos el país. También fue la coartada cultural para que desarrollara la manga ancha a la corrupción y a la impunidad. Y la coartada económica para una política proteccionista que se cebó sobre los consumidores y favoreció solamente a los empresarios favoritos del régimen, aquellos a los que antes llamábamos “burguesía nacional”.
Todo lo demás, encuestas incluidas, son “influencias extranjerizantes y ajenas a nuestra idiosincrasia” (Díaz Ordaz y Pinochet dixeunt).
Habría que avisarle a López Obrador que los años setenta y ochenta ya pasaron (yo hubiera suscrito su programa económico, pero hace 20 años), que las encuestas tienen el idioma común de las matemáticas, que México está inserto en el mundo, que la democracia es formal o no es democracia y que un estadunidense, llamado Abner Doubleday, inventó el beisbol.
Tuesday, June 20, 2006
Por eso es peligroso - Caton
Hay quienes me llaman alarmista porque digo que López Obrador es un peligro para México. Y otras cosas me llaman que no comienzan con la inocua letra a, sino con la pe -esa be exagerada-, o con la ce y la che, letra esta última que en México da para muchas rotundidades expletivas. Claro que considero a López Obrador un peligro para México. Me preocupa su desdén por la ley, que tantas veces ha mostrado; me preocupa que confunde su propia voluntad con la voluntad del pueblo; me preocupa su falta de preparación, la pobreza de ideas y conceptos que mostró en el debate, pobreza que ningún subsidio o dádiva podría remediar. Pero si López Obrador me inquieta, más me inquietan quienes con él llegarían al poder si AMLO ganara la elección. Llegarían, desde luego, todas las feroces tribus perredistas, entre las cuales las hay de radicales extremistas, y otras capitaneadas por gente ducha en todas las malas artes de la corrupción, mujeres y hombres sin oficio pero con mucho beneficio que han hecho de la violencia callejera y de la ilegalidad un modo de vivir, y que en toda su vida no completan un turno de ocho horas de trabajo. Es decir llegarían los Bejarano, los Ponce, los Ímaz, las señoras Padierna y similares, a quienes el eventual triunfo de López Obrador les lavaría todos los pecados. A su lado estarían los macheteros de Atenco, los taxistas piratas, los panchos y chuchos, el ambulantaje, los “maestros” que cobran siempre sin dar clases jamás, los porros y porras del Consejo General de Huelga, los grupos armados, los posesionarios e invasores profesionales de terrenos, y esas pobres mujeres que se desnudan y exhiben sus vergüenzas en el Paseo de la Reforma sin que ninguna feminista de la izquierda proteste por tan patético espectáculo en nombre de la dignidad de la mujer. Si López Obrador llega a la Presidencia no llegará solo. No puede pensarse que los reyezuelos que manejan los grupos del PRD en el Distrito Federal le hayan dado su apoyo –ese apoyo merced al cual el tabasqueño pudo hacer a un lado a Cuauhtémoc Cárdenas-, sin haber establecido con él compromisos que les permitirán mantener y acrecentar sus cotos de poder. Por eso he dicho y seguiré diciendo que López Obrador representa un peligro para México, por él y por los que llegarían con él si por desgracia AMLO ganara la elección. Me dicen que un Congreso fuerte y las instituciones nacionales evitarían esa peligrosidad. Pero nadie nos asegura que tendremos un Congreso fuerte. A las instituciones AMLO las ha descalificado ya. Y siempre tendría López Obrador el respaldo incondicional de su clientela para ejercer una presidencia fuerte, de corte autoritario. Por eso es peligroso: por su dogmatismo, su falta de actitudes democráticas, su populismo, el maniqueísmo de su discurso y su tendencia a crear la división en vez de llamar a la concordia. A más de eso, si los perredistas se alzan con el poder ya no estarían dispuestos a soltarlo; harían cualquier cosa para retenerlo. Dígase lo que se diga, díganme como me digan, Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México. El que tenga ojos para ver que vea...
Tuesday, June 13, 2006
Se le revierte a Amlo la guerra sucia; sus finanzas, a debate - Jose Carreño
El orden del día de la agenda quedó determinado anoche por el tema del financiamiento sucio de la campaña de Amlo, puesto en la mesa por la primera plana de El Economista.
Conforme fue avanzando el día —relata Consultores en Información y Análisis de Medios (CIAM)— creció la controversia en torno de lo publicado por el director de ese diario, Luis Enrique Mercado, acerca de que los gastos de campaña de Amlo están financiados con dinero ilícito obtenido a partir de la extorsión y de presupuestos inflados de obras públicas.
El tema –continúa CIAM— tendió una sombra sobre Marcelo Ebrard, unas horas antes del debate entre los candidatos a jefe de gobierno del DF.
Y además dificultó los esfuerzos del PRD por seguir manteniendo el Expediente Hildebrando en el primer plano de la agenda de los medios.
Por ejemplo, en una entrevista con Pepe Cárdenas (Radio Fórmula) el vocero perredista Gerardo Fernández Noroña vio frenados sus argumentos sobre el caso Hildebrando cuando el conductor le preguntó sobre lo publicado por El Economista.
Aunque el vocero del PRD buscó responder con serenidad, en su respuesta descontrolada retó a El Economista a que presentara documentos ante los medios, cosa que el diario había hecho la mañana de ayer mismo en sus 8 columnas.
No se vieron mejor Amlo y Claudia Sheinbaum.
El candidato rechazó que desde el gobierno capitalino se haya creado un fondo (“de reptiles”, lo llamaban los clásicos) para su campaña. Cuando se le preguntó sobre lo publicado por El Economista, respondió: “¿Qué periódico es ese? no lo he leído, no lo leo”.
Y su refuerzo en la campaña, la señora Sheinbaum, aseguró que esa información es falsa: “Todas las cuentas del segundo piso fueron entregadas… Los contratos están a disposición del público; es falso. No he leído la nota y no puedo decir más”.
A eso fue a lo que respondió por la noche el columnista cibernético, radiofónico y periodístico José Fonseca, con tres heladas frases: 1) “Con documentos que afirma tener en su poder, el diario El Economista ha lanzado graves acusaciones de extorsión a proveedores y contratistas del gobierno del Distrito Federal. 2) “No pueden, ni el gobierno del DF, ni Andrés Manuel López Obrador, ignorarlas. 3) “No vale decir que no leyeron el diario, porque la acusación es muy seria”.
Tan seria que el tema apunta a crecer a menos de tres semanas de la jornada electoral.
Fondo de reptiles ¿o de pejes?
“Fondos de reptiles” ya se llamaban en la época de Bismarck, el canciller alemán que desde el siglo antepasado creaba este tipo de reservas para repartir entre la prensa europea a cambio de que ésta generara condiciones favorables a las campañas militares que emprendía el canciller.
Entre reptil y pez es el pejelagarto, la especie del trópico cuyo nombre popular ha popularizado al candidato tropical.
Y este fondo de pejelagartos lo mismo aparece destinado a compensar a comunicadores aliados a Amlo que a actuar contra periodistas críticos.
Ya el PAN anunció que presentará ante el Congreso de la Unión un punto de acuerdo para que se integre una Comisión Especial de legisladores que investigue el tema. Su candidato a jefe de gobierno del DF, Demetrio Sodi anticipó que lo publicado confirma que el PRD hizo del gobierno un “botín”; clamó que la gente se debe de dar cuenta quiénes son Amlo y su hasta ahora seguro sucesor, Marcelo Ebrard, quien aparece en El Economista como el recaudador del fondo de pejes entre los ambulantes.
Y el sector privado, con Canaco y Coparmex a la cabeza, exigieron al IFE y la Fepade (PGR) investigar y perseguir hasta sus últimas consecuencias a los responsables.
Con Ezra Shabot (Radiópolis) Adríán Trejo indicó que esta información confirma las sospechas acerca de los motivos que llevaron al gobierno del DF a negarse a hacer público el costo de la construcción de los segundos pisos. Y Luis Enrique Mercado dijo que en esas obras del segundo piso y el metrobús, los documentos indican que se pidió a los empresarios que sobrefacturaran incluso al doble de lo que costó la obra. Recalcó que los documentos dicen que se les pagaba la mitad y el resto iba a la campaña.
Y Jorge Fernández Menéndez, en Imagen, hizo notar que en uno de los documentos se habla de comunicadores beneficiados, a lo que Luis Enrique Mercado precisó que habla de comunicadores que se beneficiaron con asignaciones presupuestales de promoción.
También indicó que en el documento se dice que hay que tomar acciones en contra de comunicadores enemigos. Explicó que no se dice cuáles son las acciones en contra, sino que sólo mencionan a Pedro Ferriz de Con, Pablo Hiriart, Óscar M Beteta, Jaime Sánchez Susarrey y probablemente a Carlos Ramírez, aunque sólo se menciona el apellido.
Faltan muchas aclaraciones.
Conforme fue avanzando el día —relata Consultores en Información y Análisis de Medios (CIAM)— creció la controversia en torno de lo publicado por el director de ese diario, Luis Enrique Mercado, acerca de que los gastos de campaña de Amlo están financiados con dinero ilícito obtenido a partir de la extorsión y de presupuestos inflados de obras públicas.
El tema –continúa CIAM— tendió una sombra sobre Marcelo Ebrard, unas horas antes del debate entre los candidatos a jefe de gobierno del DF.
Y además dificultó los esfuerzos del PRD por seguir manteniendo el Expediente Hildebrando en el primer plano de la agenda de los medios.
Por ejemplo, en una entrevista con Pepe Cárdenas (Radio Fórmula) el vocero perredista Gerardo Fernández Noroña vio frenados sus argumentos sobre el caso Hildebrando cuando el conductor le preguntó sobre lo publicado por El Economista.
Aunque el vocero del PRD buscó responder con serenidad, en su respuesta descontrolada retó a El Economista a que presentara documentos ante los medios, cosa que el diario había hecho la mañana de ayer mismo en sus 8 columnas.
No se vieron mejor Amlo y Claudia Sheinbaum.
El candidato rechazó que desde el gobierno capitalino se haya creado un fondo (“de reptiles”, lo llamaban los clásicos) para su campaña. Cuando se le preguntó sobre lo publicado por El Economista, respondió: “¿Qué periódico es ese? no lo he leído, no lo leo”.
Y su refuerzo en la campaña, la señora Sheinbaum, aseguró que esa información es falsa: “Todas las cuentas del segundo piso fueron entregadas… Los contratos están a disposición del público; es falso. No he leído la nota y no puedo decir más”.
A eso fue a lo que respondió por la noche el columnista cibernético, radiofónico y periodístico José Fonseca, con tres heladas frases: 1) “Con documentos que afirma tener en su poder, el diario El Economista ha lanzado graves acusaciones de extorsión a proveedores y contratistas del gobierno del Distrito Federal. 2) “No pueden, ni el gobierno del DF, ni Andrés Manuel López Obrador, ignorarlas. 3) “No vale decir que no leyeron el diario, porque la acusación es muy seria”.
Tan seria que el tema apunta a crecer a menos de tres semanas de la jornada electoral.
Fondo de reptiles ¿o de pejes?
“Fondos de reptiles” ya se llamaban en la época de Bismarck, el canciller alemán que desde el siglo antepasado creaba este tipo de reservas para repartir entre la prensa europea a cambio de que ésta generara condiciones favorables a las campañas militares que emprendía el canciller.
Entre reptil y pez es el pejelagarto, la especie del trópico cuyo nombre popular ha popularizado al candidato tropical.
Y este fondo de pejelagartos lo mismo aparece destinado a compensar a comunicadores aliados a Amlo que a actuar contra periodistas críticos.
Ya el PAN anunció que presentará ante el Congreso de la Unión un punto de acuerdo para que se integre una Comisión Especial de legisladores que investigue el tema. Su candidato a jefe de gobierno del DF, Demetrio Sodi anticipó que lo publicado confirma que el PRD hizo del gobierno un “botín”; clamó que la gente se debe de dar cuenta quiénes son Amlo y su hasta ahora seguro sucesor, Marcelo Ebrard, quien aparece en El Economista como el recaudador del fondo de pejes entre los ambulantes.
Y el sector privado, con Canaco y Coparmex a la cabeza, exigieron al IFE y la Fepade (PGR) investigar y perseguir hasta sus últimas consecuencias a los responsables.
Con Ezra Shabot (Radiópolis) Adríán Trejo indicó que esta información confirma las sospechas acerca de los motivos que llevaron al gobierno del DF a negarse a hacer público el costo de la construcción de los segundos pisos. Y Luis Enrique Mercado dijo que en esas obras del segundo piso y el metrobús, los documentos indican que se pidió a los empresarios que sobrefacturaran incluso al doble de lo que costó la obra. Recalcó que los documentos dicen que se les pagaba la mitad y el resto iba a la campaña.
Y Jorge Fernández Menéndez, en Imagen, hizo notar que en uno de los documentos se habla de comunicadores beneficiados, a lo que Luis Enrique Mercado precisó que habla de comunicadores que se beneficiaron con asignaciones presupuestales de promoción.
También indicó que en el documento se dice que hay que tomar acciones en contra de comunicadores enemigos. Explicó que no se dice cuáles son las acciones en contra, sino que sólo mencionan a Pedro Ferriz de Con, Pablo Hiriart, Óscar M Beteta, Jaime Sánchez Susarrey y probablemente a Carlos Ramírez, aunque sólo se menciona el apellido.
Faltan muchas aclaraciones.
El financiamiento sucio de una campaña - Jorge Fernandez Menendez
Desde el poder nos han mentido tanto, se han cometido tantas arbitrariedades, que cuando las mentiras provienen de sectores sólo en apariencia ajenos a éste, muchos terminan aceptándolas, sin verificar su verosimilitud. López Obrador y otros dirigentes políticos de su partido, han desarrollado esa habilidad hasta el límite y les ha dado magníficos dividendos: cuando se mostraron los famosos videos de Bejarano, Imaz y Ponce Meléndez en lugar de investigar y exigir el castigo a los culpables, se “descubrió” el complot en su contra; cuando acusa a los empresarios, a “los ricos”, las “elites” o los de “cuello blanco”, paradójicamente no es él quien debe demostrar la veracidad de sus acusaciones, sino los acusados los que deben demostrar que son inocentes. Cuando acusa a Calderón, con una evidente mentira, de tener un cuñado que no paga impuestos, es éste el que debe demostrar que no ha cometido un delito, por más que el candidato perredista no haya probado sus acusaciones. Si se le recuerda al propio López Obrador los claroscuros de su historia familiar y personal, o la cantidad de personajes alrededor suyo que han tenido graves acusaciones políticas o penales, ellos o sus familiares más cercanos, nos encontramos con que estamos ante otro complot. Ni él ni los suyos deben rendir cuentas.
Pues ahora tendrán que hacerlo. Los documentos que presentó el periódico El Economista sobre la forma en que se financia de manera subterránea la campaña lopezobradorista, coloca en negro sobre blanco lo que se sospechaba de tiempo atrás. La operación, según los documentos, comenzó en abril del 2003 cuando Claudia Sheimbaum Pardo, en un documento enviado al equipo más cercano del todavía jefe de gobierno, explica cómo se deben buscar mecanismos de financiamiento “que no puedan ser contabilizados en los topes de campaña”. Los documentos están firmados con las iniciales de la autora CSP. Otros documentos están firmados por Alberto Pérez Mendoza (APM, coordinador de defensa del voto de López Obrador) y Nicolás Mollinedo Bastar (NMB, director de logística de AMLO). La operación financiera, según esos documentos, la dirigió otro cercano amigo, Octavio Romero Oropeza, ex oficial mayor del GDF y responsable de las finanzas del candidato.
El documento de CSP, según El Economista, dice que se deben obtener recursos “buscando proveedores afines y darles proyectos de obra (distribuidor vial, segundo piso del Periférico y Viaducto y otras vialidades) y pagarles a tiempo para que no incurran en gastos financieros y pedirles su apoyo económico en retribución”. Sugiere identificar los proveedores más proclives y pedirles sobreestimaciones, facturación parcial y pagar el resto por fuera. “Con alguno de ellos, agrega Sheimbaum, quedaremos en deuda, sin embargo al llegar a la presidencia se les recompensará con más proyectos”. Más adelante, en otros documentos, se enumeran las fuentes de recursos e incluso quiénes se deben encargar de cada uno de ellos: Alberto Pérez Mendoza y Sheimbaum se encargaron de “disuadir” a las empresas constructoras que pudieran estar descontentas con la sobrefacturación e incluso especifican, en el llamado Documento 9, Nota Informativa Confidencial que deben hablar con el “maestro” (se supone que el procurador Bátiz) para que asigne un ministerio público leal si se presentan casos. En prensa, César Yañez debe “vigilar a los comunicadores que se beneficiaron con asignaciones presupuestales de promoción y que podrían voltearse en los últimos dos meses de campaña”. Incluso plantea “emprender acciones” contra los comunicadores que considera enemigos.
Marcelo Ebrard y Jesús Ortega, debían buscar al apoyo de la hermandad policíaca y verificar que el 40 por ciento de los ingresos se depositen en las cuentas “blancas” de la campaña. También Ebrard y Ortega debían ocuparse de los taxis piratas y deslindar al PRD de grupos como los Montaña, Pantera y Asamblea de Barrios. Pérez Mendoza era el responsable de las “aportaciones” de los giros negros y los aportes provenientes del programa de viviendas.
Ya en octubre del 2004, Pérez Mendoza, en otro documento, hace una evaluación del operativo y considera que fue un acierto encarga a Sheimbaum del segundo piso y no a la secretaría de finanzas porque éstos, “podrían ser imprudentes con su perfeccionismo”. Del metrobús asegura que dejará “excedentes importantes”. Los giros negros proporcionan “excelentes ingresos” pero advierte que algunos delegados “han abusado al tomar su parte”. Existen, asegura, muchos “cabos sueltos” en el tema de los taxis y microbuses tolerados y piratas, pero no con los ambulantes, “controlados por Bejarano y Padierna”. La hermandad policial “ha colaborado generosamente” y el blindaje legal de la asociación “es absoluto”. El programa de vivienda ha sido “todo un éxito” y “hemos entregado, dice, grandes cantidades de dinero a miembros activistas del partido y a personas físicas afines”.
Hasta allí los documentos, pero todo checa. La operación comienza en abril del 2003, cuando comienza también, por ejemplo, el chantaje a Ahumada (y las filmaciones de éste). ¿Quiénes reciben el dinero de Ahumada?: Bejarano y entre otros, Imaz, el esposo de Claudia Sheimbaum, ésta ya ha cargo de las obras del distribuidor vial y el segundo piso, pese a desconocer absolutamente el tema. ¿A dónde iba a parar el dinero que entregaban Ahumada y otros empresarios?. Pues a la campaña, pero ¿era para la del 2003 o para el fondo que se estaba creando para el 2006?. ¿Por qué se mantiene a Sheimbaum a pesar de ese cargo de corrupción sobre su esposo?. Porque es la pieza clave de la operación. ¿Quiénes estaban sentados en primera fila en el IFE el día de la toma de protesta de López Obrador?. Los empresarios beneficiados con las obras viales y de vivienda del GDF, por adjudicaciones directas. ¿Por qué tanto empeño en reventar el instituto de transparencia? Para blindar la información. Todas las piezas encajan. Ahora esperemos, por lo menos, una explicación del candidato López Obrador.
Pues ahora tendrán que hacerlo. Los documentos que presentó el periódico El Economista sobre la forma en que se financia de manera subterránea la campaña lopezobradorista, coloca en negro sobre blanco lo que se sospechaba de tiempo atrás. La operación, según los documentos, comenzó en abril del 2003 cuando Claudia Sheimbaum Pardo, en un documento enviado al equipo más cercano del todavía jefe de gobierno, explica cómo se deben buscar mecanismos de financiamiento “que no puedan ser contabilizados en los topes de campaña”. Los documentos están firmados con las iniciales de la autora CSP. Otros documentos están firmados por Alberto Pérez Mendoza (APM, coordinador de defensa del voto de López Obrador) y Nicolás Mollinedo Bastar (NMB, director de logística de AMLO). La operación financiera, según esos documentos, la dirigió otro cercano amigo, Octavio Romero Oropeza, ex oficial mayor del GDF y responsable de las finanzas del candidato.
El documento de CSP, según El Economista, dice que se deben obtener recursos “buscando proveedores afines y darles proyectos de obra (distribuidor vial, segundo piso del Periférico y Viaducto y otras vialidades) y pagarles a tiempo para que no incurran en gastos financieros y pedirles su apoyo económico en retribución”. Sugiere identificar los proveedores más proclives y pedirles sobreestimaciones, facturación parcial y pagar el resto por fuera. “Con alguno de ellos, agrega Sheimbaum, quedaremos en deuda, sin embargo al llegar a la presidencia se les recompensará con más proyectos”. Más adelante, en otros documentos, se enumeran las fuentes de recursos e incluso quiénes se deben encargar de cada uno de ellos: Alberto Pérez Mendoza y Sheimbaum se encargaron de “disuadir” a las empresas constructoras que pudieran estar descontentas con la sobrefacturación e incluso especifican, en el llamado Documento 9, Nota Informativa Confidencial que deben hablar con el “maestro” (se supone que el procurador Bátiz) para que asigne un ministerio público leal si se presentan casos. En prensa, César Yañez debe “vigilar a los comunicadores que se beneficiaron con asignaciones presupuestales de promoción y que podrían voltearse en los últimos dos meses de campaña”. Incluso plantea “emprender acciones” contra los comunicadores que considera enemigos.
Marcelo Ebrard y Jesús Ortega, debían buscar al apoyo de la hermandad policíaca y verificar que el 40 por ciento de los ingresos se depositen en las cuentas “blancas” de la campaña. También Ebrard y Ortega debían ocuparse de los taxis piratas y deslindar al PRD de grupos como los Montaña, Pantera y Asamblea de Barrios. Pérez Mendoza era el responsable de las “aportaciones” de los giros negros y los aportes provenientes del programa de viviendas.
Ya en octubre del 2004, Pérez Mendoza, en otro documento, hace una evaluación del operativo y considera que fue un acierto encarga a Sheimbaum del segundo piso y no a la secretaría de finanzas porque éstos, “podrían ser imprudentes con su perfeccionismo”. Del metrobús asegura que dejará “excedentes importantes”. Los giros negros proporcionan “excelentes ingresos” pero advierte que algunos delegados “han abusado al tomar su parte”. Existen, asegura, muchos “cabos sueltos” en el tema de los taxis y microbuses tolerados y piratas, pero no con los ambulantes, “controlados por Bejarano y Padierna”. La hermandad policial “ha colaborado generosamente” y el blindaje legal de la asociación “es absoluto”. El programa de vivienda ha sido “todo un éxito” y “hemos entregado, dice, grandes cantidades de dinero a miembros activistas del partido y a personas físicas afines”.
Hasta allí los documentos, pero todo checa. La operación comienza en abril del 2003, cuando comienza también, por ejemplo, el chantaje a Ahumada (y las filmaciones de éste). ¿Quiénes reciben el dinero de Ahumada?: Bejarano y entre otros, Imaz, el esposo de Claudia Sheimbaum, ésta ya ha cargo de las obras del distribuidor vial y el segundo piso, pese a desconocer absolutamente el tema. ¿A dónde iba a parar el dinero que entregaban Ahumada y otros empresarios?. Pues a la campaña, pero ¿era para la del 2003 o para el fondo que se estaba creando para el 2006?. ¿Por qué se mantiene a Sheimbaum a pesar de ese cargo de corrupción sobre su esposo?. Porque es la pieza clave de la operación. ¿Quiénes estaban sentados en primera fila en el IFE el día de la toma de protesta de López Obrador?. Los empresarios beneficiados con las obras viales y de vivienda del GDF, por adjudicaciones directas. ¿Por qué tanto empeño en reventar el instituto de transparencia? Para blindar la información. Todas las piezas encajan. Ahora esperemos, por lo menos, una explicación del candidato López Obrador.
Hildebrando - Javier Corral
Lo que López Obrador hizo el pasado martes 6 de junio, ya casi para concluir el debate, se llama difamación. Está también muy cerca de la calumnia, y es clarísimo que para llevarlo a cabo lo único que ha requerido es no tener escrúpulos. Al igual que otros, podrá decir que en la política como en la guerra todo se vale, y que ya entrados en la propaganda negra, en la sucia táctica de los spots falaces, en la descalificación permanente, lo suyo es una reacción natural, su turno magistral en el charco de lodo y mugre en el que han convertido la campaña presidencial.
Sin embargo, nada justificará su exceso en contra de una familia respetable, su andanada contra una persona física a quien por ser hermano de la esposa del candidato del PAN, le sirve para el propósito poco encomiable de substituir con el escándalo su mal desempeño en el terreno de la confrontación de las ideas; ayuno de propuestas concretas, repitió frases de la nueva lucha de clases que encabeza y, enredoso en el planteamiento acusador, asestó un golpe estrictamente mediático, no político ni jurídico.
Porque el candidato del PRD tenía bien medida la estrategia: sabedor del nivel en que se desenvuelve la intermediación informativa de la mayoría de nuestros medios de comunicación, apostó a que sin más se recogieran los dichos, aunque después se investiguen los hechos y se aclare en justa dimensión la forma y los tiempos en que la empresa de Diego Zavala ha sido contratada por varios gobiernos -de distinto signo político- para prestar servicios en el desarrollo de sistemas de información; actividad lícita a la que se dedica desde hace 20 años.
Quizá eso es lo que más asombra, el método utilizado por López Obrador da para mantener una polémica, no una acusación, porque así como siembra la duda, también le permite un margen de maniobra para su defensa legal -que no ética-. Acusa y no al mismo tiempo, ofrece el dato impresionante de 2 mil 500 millones de pesos, pero no necesariamente dice que Calderón se los otorgó; en frases sueltas mezcla hechos ciertos y falsos, en lealtad a la técnica del difamador y con ese objetivo: dañar la imagen de una persona, por la vía de explotar un vínculo familiar apostillado "el cuñado incómodo".
Es preciso remitirnos a lo que textualmente dijo en el debate López Obrador: "Nada más para decir que voy a entregar un expediente donde el cuñado de Felipe, cuñado incómodo, tiene una empresa que le trabaja al gobierno, que ha recibido contratos precisamente de la secretaría o mejor dicho del sector energético cuando Felipe fue secretario, tuvo ingresos por 2 mil 500 millones y no pagó impuestos, y eso es lo que queremos que ya no siga pasando".
En efecto, Diego Zavala le ofrece servicios al gobierno federal, como al de otros estados de la República, y como lo hace en la mayoría de sus contratos a diversas empresas privadas, incluidos clientes de EU y de Europa, pues no se trata de una empresa ficticia o fantasma, sino de una empresa que tiene méritos propios para competir en cualquier concurso, licitación o asignación directa en el sector público o privado. Han sabido desarrollar una tecnología en el mundo de la sistematización de la información para el conocimiento. ¿A poco no se sabe que este desarrollo puede efectivamente nacer en el seno de un hogar y tener ese crecimiento exponencial?
Lo que no es cierto es que la empresa haya crecido hasta obtener 2 mil 500 millones de pesos gracias a los sólo nueve meses que Felipe Calderón estuvo al frente de la Secretaría de Energía, como lo pretende hacer suponer la construcción verbal del candidato perredista. Y menos cierto es que debido a algún apoyo o gestión directa de Calderón, la empresa Hildebrando S.A. de C.V. haya obtenido contrato alguno del sector energético, mucho menos directamente de la secretaría.
Los ingresos de 2 mil 500 millones de pesos provienen de 20 años de estar en el mercado, es el acumulado de su facturación. Que durante esos nueve meses de Calderón al frente de la Secretaría de Energía la empresa haya renovado contratos anteriores, tampoco es un acto ilegal o imputable a una deshonestidad del candidato panista. Varias cosas recordamos de Calderón en su breve tránsito por esa dependencia, de manera partícular la dignidad con la que le renunció al presidente Vicente Fox, cuando éste sólo le permitía hacer precampaña para sucederlo a su esposa y al secretario de Gobernación.
Se puede tener diferencias con el candidato del PAN, provenientes de la vida partidaria o externas, yo mismo he expresado algunas en temas que me parecen más para la discusión religiosa que para el debate de la nación y el papel del Estado, pero lo indiscutible es que si algunos han dado la batalla contra el tráfico de influencias, el conflicto de intereses, la no separación clara de los negocios privados con el ámbito público, son los Calderón Hinojosa. En el CEN del PAN y en la tribuna parlamentaria, en su manejo personal y público. De ahí que lo que ha hecho el licenciado López Obrador me parezca injusto y moralmente condenable.
Senador de la República (PAN)
Sin embargo, nada justificará su exceso en contra de una familia respetable, su andanada contra una persona física a quien por ser hermano de la esposa del candidato del PAN, le sirve para el propósito poco encomiable de substituir con el escándalo su mal desempeño en el terreno de la confrontación de las ideas; ayuno de propuestas concretas, repitió frases de la nueva lucha de clases que encabeza y, enredoso en el planteamiento acusador, asestó un golpe estrictamente mediático, no político ni jurídico.
Porque el candidato del PRD tenía bien medida la estrategia: sabedor del nivel en que se desenvuelve la intermediación informativa de la mayoría de nuestros medios de comunicación, apostó a que sin más se recogieran los dichos, aunque después se investiguen los hechos y se aclare en justa dimensión la forma y los tiempos en que la empresa de Diego Zavala ha sido contratada por varios gobiernos -de distinto signo político- para prestar servicios en el desarrollo de sistemas de información; actividad lícita a la que se dedica desde hace 20 años.
Quizá eso es lo que más asombra, el método utilizado por López Obrador da para mantener una polémica, no una acusación, porque así como siembra la duda, también le permite un margen de maniobra para su defensa legal -que no ética-. Acusa y no al mismo tiempo, ofrece el dato impresionante de 2 mil 500 millones de pesos, pero no necesariamente dice que Calderón se los otorgó; en frases sueltas mezcla hechos ciertos y falsos, en lealtad a la técnica del difamador y con ese objetivo: dañar la imagen de una persona, por la vía de explotar un vínculo familiar apostillado "el cuñado incómodo".
Es preciso remitirnos a lo que textualmente dijo en el debate López Obrador: "Nada más para decir que voy a entregar un expediente donde el cuñado de Felipe, cuñado incómodo, tiene una empresa que le trabaja al gobierno, que ha recibido contratos precisamente de la secretaría o mejor dicho del sector energético cuando Felipe fue secretario, tuvo ingresos por 2 mil 500 millones y no pagó impuestos, y eso es lo que queremos que ya no siga pasando".
En efecto, Diego Zavala le ofrece servicios al gobierno federal, como al de otros estados de la República, y como lo hace en la mayoría de sus contratos a diversas empresas privadas, incluidos clientes de EU y de Europa, pues no se trata de una empresa ficticia o fantasma, sino de una empresa que tiene méritos propios para competir en cualquier concurso, licitación o asignación directa en el sector público o privado. Han sabido desarrollar una tecnología en el mundo de la sistematización de la información para el conocimiento. ¿A poco no se sabe que este desarrollo puede efectivamente nacer en el seno de un hogar y tener ese crecimiento exponencial?
Lo que no es cierto es que la empresa haya crecido hasta obtener 2 mil 500 millones de pesos gracias a los sólo nueve meses que Felipe Calderón estuvo al frente de la Secretaría de Energía, como lo pretende hacer suponer la construcción verbal del candidato perredista. Y menos cierto es que debido a algún apoyo o gestión directa de Calderón, la empresa Hildebrando S.A. de C.V. haya obtenido contrato alguno del sector energético, mucho menos directamente de la secretaría.
Los ingresos de 2 mil 500 millones de pesos provienen de 20 años de estar en el mercado, es el acumulado de su facturación. Que durante esos nueve meses de Calderón al frente de la Secretaría de Energía la empresa haya renovado contratos anteriores, tampoco es un acto ilegal o imputable a una deshonestidad del candidato panista. Varias cosas recordamos de Calderón en su breve tránsito por esa dependencia, de manera partícular la dignidad con la que le renunció al presidente Vicente Fox, cuando éste sólo le permitía hacer precampaña para sucederlo a su esposa y al secretario de Gobernación.
Se puede tener diferencias con el candidato del PAN, provenientes de la vida partidaria o externas, yo mismo he expresado algunas en temas que me parecen más para la discusión religiosa que para el debate de la nación y el papel del Estado, pero lo indiscutible es que si algunos han dado la batalla contra el tráfico de influencias, el conflicto de intereses, la no separación clara de los negocios privados con el ámbito público, son los Calderón Hinojosa. En el CEN del PAN y en la tribuna parlamentaria, en su manejo personal y público. De ahí que lo que ha hecho el licenciado López Obrador me parezca injusto y moralmente condenable.
Senador de la República (PAN)
Antes de votar debe saber... - Macario Schettino
En varias ocasiones hemos dicho, aquí mismo, que en la elección decidimos por muchos años, y no sólo por seis. Hemos insistido en que hay dos opciones muy claras, avanzar por donde vamos, o regresarnos. Y en cada ocasión en que comenté esto recibí buena cantidad de opiniones de lectores, seguidores de Andrés Manuel López Obrador, rechazando que la elección debiese plantearse en estos términos. Bueno, pues ya lo hizo el mismo candidato en el debate. Ya dijo que son dos opciones, que se trata del "proyecto de Nación", y no sólo de un sexenio más, y reiteró lo que ha dicho durante toda su campaña. Una propuesta totalmente anacrónica.
De ahí no va a salir. No conoce más que eso. En un mundo que cambia a toda velocidad, AMLO quiere que nos dediquemos a la política interior, que es la mejor política exterior. Son palabras de él. Insiste en que la seguridad pública es un problema de pobreza, aunque los problemas más serios de seguridad no estén ocurriendo en las regiones pobres de México, sino en las ricas. Propone impulsar la economía desde el gobierno, como tantas veces, con más construcción y con desarrollo energético. Hace un par de semanas lo decía con igual énfasis en un programa televisivo. No ha de saber Andrés que ya no hay petróleo, ni gas ni electricidad. Aunque ya se haya dicho, vale la pena repetirlo, porque el debate lo mostró con claridad: Andrés vive en el pasado, y a éste quiere que regrese México.
Lo interesante no es eso, sino que haya un tercio de los votantes que está dispuesto a acompañarlo en ese regreso. Y que ese tercio lo coloca como la segunda fuerza frente a la elección, sin que podamos aún descartarlo.
Me llama todavía más la atención el apoyo desproporcionado que tiene entre opinadores, académicos e intelectuales. No es que sorprenda, puesto que muchos, como Andrés, no han podido salir del pasado, pero hay otros colegas que sucumben ante la dificultad que para ellos supone votar por el Partido Acción Nacional, y ni pensar en el Revolucionario Institucional. Racionalizan entonces su apoyo a López Obrador insistiendo en que sólo él se preocupa por los pobres. De nada sirve explicarles que AMLO no ha propuesto prácticamente nada para los pobres, sino que ha concentrado su programa en ese segmento del que vivió el régimen de la Revolución: ese grupo que tiene poco y que no quiere perderlo, que se fue convirtiendo en clientela del régimen por diversos mecanismos. Es a ellos a los que habla Andrés, no a los pobres. Si lo duda, vea usted mi colaboración de ayer lunes en Finanzas de EL UNIVERSAL.
El régimen de la Revolución, no lo vaya usted a olvidar, fue un régimen autoritario, corrupto por esencia y construcción, que impidió que México se desarrollara durante el siglo XX. Por décadas nos vendieron la idea de un mítico milagro económico durante la posguerra, que nunca existió. México creció lo mismo que Perú en esos años, y menos que Brasil. Claro, mucho menos que cualquier país europeo.
No tenemos hoy, ni tuvimos durante el siglo XX, ni mejor educación, ni mejores servicios de salud que cualquier país comparable a nosotros. No tuvimos nada que no tuvieran otras naciones. Nada produjo el régimen de la Revolución que no sea la caterva de corruptos que tan bien conocemos.
Y es a eso a lo que Andrés quiere regresarnos. Claro, dice que será igual, pero sin corrupción. Desde hoy puedo decirle que eso es imposible: el régimen de la Revolución es inseparable de la corrupción. Desde que los hermanos de Pancho Villa empezaron a robar en el gobierno de Chihuahua en 1914, pasando por los múltiples negocios de los sonorenses, mejorando con la especulación inmobiliaria de Miguel Alemán a Luis Echeverría, y llegando a los negocios financieros de los años ochenta, el régimen debió ser corrupto para existir. Con esa corrupción se compraban voluntades, se mantenía la clientela. El corporativismo usó la corrupción para no usar la represión.
Y ya René Bejarano, Gustavo Ponce y Carlos Ímaz mostraron que eso no ha cambiado. Tampoco lo olvide.
Si aún así quiere usted votar por Andrés, hágalo, que para eso es la democracia. Pero hágalo con toda la información, para que después no se llame engañado.
macario@macarios.com.mx
Profesor de la EGAP del ITESM-CCM
De ahí no va a salir. No conoce más que eso. En un mundo que cambia a toda velocidad, AMLO quiere que nos dediquemos a la política interior, que es la mejor política exterior. Son palabras de él. Insiste en que la seguridad pública es un problema de pobreza, aunque los problemas más serios de seguridad no estén ocurriendo en las regiones pobres de México, sino en las ricas. Propone impulsar la economía desde el gobierno, como tantas veces, con más construcción y con desarrollo energético. Hace un par de semanas lo decía con igual énfasis en un programa televisivo. No ha de saber Andrés que ya no hay petróleo, ni gas ni electricidad. Aunque ya se haya dicho, vale la pena repetirlo, porque el debate lo mostró con claridad: Andrés vive en el pasado, y a éste quiere que regrese México.
Lo interesante no es eso, sino que haya un tercio de los votantes que está dispuesto a acompañarlo en ese regreso. Y que ese tercio lo coloca como la segunda fuerza frente a la elección, sin que podamos aún descartarlo.
Me llama todavía más la atención el apoyo desproporcionado que tiene entre opinadores, académicos e intelectuales. No es que sorprenda, puesto que muchos, como Andrés, no han podido salir del pasado, pero hay otros colegas que sucumben ante la dificultad que para ellos supone votar por el Partido Acción Nacional, y ni pensar en el Revolucionario Institucional. Racionalizan entonces su apoyo a López Obrador insistiendo en que sólo él se preocupa por los pobres. De nada sirve explicarles que AMLO no ha propuesto prácticamente nada para los pobres, sino que ha concentrado su programa en ese segmento del que vivió el régimen de la Revolución: ese grupo que tiene poco y que no quiere perderlo, que se fue convirtiendo en clientela del régimen por diversos mecanismos. Es a ellos a los que habla Andrés, no a los pobres. Si lo duda, vea usted mi colaboración de ayer lunes en Finanzas de EL UNIVERSAL.
El régimen de la Revolución, no lo vaya usted a olvidar, fue un régimen autoritario, corrupto por esencia y construcción, que impidió que México se desarrollara durante el siglo XX. Por décadas nos vendieron la idea de un mítico milagro económico durante la posguerra, que nunca existió. México creció lo mismo que Perú en esos años, y menos que Brasil. Claro, mucho menos que cualquier país europeo.
No tenemos hoy, ni tuvimos durante el siglo XX, ni mejor educación, ni mejores servicios de salud que cualquier país comparable a nosotros. No tuvimos nada que no tuvieran otras naciones. Nada produjo el régimen de la Revolución que no sea la caterva de corruptos que tan bien conocemos.
Y es a eso a lo que Andrés quiere regresarnos. Claro, dice que será igual, pero sin corrupción. Desde hoy puedo decirle que eso es imposible: el régimen de la Revolución es inseparable de la corrupción. Desde que los hermanos de Pancho Villa empezaron a robar en el gobierno de Chihuahua en 1914, pasando por los múltiples negocios de los sonorenses, mejorando con la especulación inmobiliaria de Miguel Alemán a Luis Echeverría, y llegando a los negocios financieros de los años ochenta, el régimen debió ser corrupto para existir. Con esa corrupción se compraban voluntades, se mantenía la clientela. El corporativismo usó la corrupción para no usar la represión.
Y ya René Bejarano, Gustavo Ponce y Carlos Ímaz mostraron que eso no ha cambiado. Tampoco lo olvide.
Si aún así quiere usted votar por Andrés, hágalo, que para eso es la democracia. Pero hágalo con toda la información, para que después no se llame engañado.
macario@macarios.com.mx
Profesor de la EGAP del ITESM-CCM
Monday, June 12, 2006
Cuñado Incomodo - Sergio Sarmiento
Más que lo que se dice, lo que realmente importa en los debates es la percepción de lo que se dice. En su confusa sintaxis, Andrés Manuel López Obrador dijo en el debate del 6 de junio que una empresa del “cuñado de Felipe, cuñado incómodo, tiene una empresa que le trabaja al Gobierno, que ha recibido contratos precisamente de la Secretaría, mejor dicho del sector energético, cuando Felipe fue Secretario, tuvo ingresos por 2,500 millones de pesos y no pagó impuestos”.
En entrevistas posteriores Claudia Sheinbaum, quien ha asumido la función de portavoz en la campaña de López Obrador, como la tuvo en el Gobierno del Distrito Federal en el caso del segundo piso del Periférico, ha explicado que Andrés Manuel no dijo que la Secretaría de Energía o siquiera el sector energético hubieran dado contratos por 2,500 millones de pesos a las empresas de Zavala durante el breve periodo, ocho meses, en que Calderón fue Secretario de energía: de septiembre de 2003 a mayo de 2004. No, aclara Sheinbaum, eran dos afirmaciones distintas: una, que las empresas de Zavala recibieron contratos del sector energético (sin importar si Calderón era o no Secretario de energía); y dos, que esas empresas facturaron 2,500 millones de pesos sin pagar impuestos.
La información que tenemos disponible hasta este momento nos permite aclarar la sintaxis y los hechos. Sabemos ya, por ejemplo, que sí, que una empresa de Zavala sí tuvo cuando menos un contrato con Pemex Exploración, el cual fue, al parecer, por ocho millones de pesos. Sabemos también que esa empresa, Meta Data, fue comprada por Hildebrando, la firma de Zavala, en 2003. El contrato con Pemex Exploración procedía de 1997, pero se renovó en 2003 cuando Calderón era secretario de energía. Sabemos también que Calderón, como Secretario, no tenía responsabilidad formal en los contratos de Pemex Exploración y que, al contrario del corporativo de Pemex, no era siquiera miembro del consejo de administración de esa paraestatal.
Sabemos que los contratos gubernamentales representan apenas un 10 por ciento de la facturación total de las empresas de Zavala. Sabemos que éstas se dedican al campo de la tecnología y del software, en el cual compiten principalmente con firmas extranjeras, y que han tenido un constante crecimiento desde 1987, su fecha de fundación. Sabemos que no le pertenecen solamente a Zavala sino que cuentan con otros socios, entre ellos el fondo de inversión internacional Advent. Sabemos también que las empresas del grupo son auditadas por una firma externa profesional y que están al corriente en sus pagos de impuestos. Sabemos que las empresas han tenido ingresos brutos por 2,500 millones de pesos, pero no en ocho meses de función de Calderón en la Secretaría de Energía sino a lo largo de muchos años, y que la mayor parte de éstos proceden de contratos privados. Sabemos también que en 2005 la empresa central, Hildebrando, declaró ingresos iguales a sus gastos, pero que los resultados estaban todavía siendo sometidos a auditoría externa en junio.
Claro que todos estos hechos son complicados y no pueden por lo tanto explicarse con facilidad en un minuto de televisión. Así, López Obrador continúa insistiendo en que Calderón entregó contratos indebidos a un cuñado incómodo y que éste, pese a tener ingresos multimillonarios, no paga impuestos.
¿Es indebido el contrato de Meta Data con Pemex Exploración? A primera vista no. El punto crucial es que el contrato es anterior a la compra de Meta Data por Hildebrando. Pero la Secretaría de la Función Pública debe determinar, de todas maneras, si la normatividad vigente habría impedido la renovación. Debe ventilarse también en qué condiciones se dio esta renovación.
En cuanto a la supuesta evasión fiscal, todo parece señalar que las empresas de Zavala no han hecho más que ajustarse a la legislación vigente. Eso no puede cuestionársele a ninguna compañía en el mundo. No deja de ser interesante que si se legislara la propuesta de tasa única que ha venido impulsando Calderón, la cual establecería un impuesto sobre la renta que se aplicaría con pocas o casi ninguna deducción a los ingresos brutos de las empresas, seguramente las firmas de Zavala habrían tenido que pagar un mayor impuesto sobre la renta independientemente de sus gastos.
Ahí está quizá el meollo del asunto. López Obrador tiene razón cuando dice que los ricos no pagan impuestos en este país. Ciertamente pagan menos de lo que deberían. Pero el problema es del sistema fiscal que permite que quienes tienen buenos abogados y contadores puedan reducir sus impuestos de manera legal. Quizá Andrés Manuel debería apoyar la iniciativa de tasa única que promueve Calderón.
TRES A UNO
La selección dio el primer paso ayer, con solidez, pese a haber sufrido buena parte del encuentro. Pero no sobreestimemos el triunfo. Irán se encuentra en el lugar 23 de las listas de la FIFA contra el cuarto de México. Ayer en los momios de los apostadores aparecía como 30 de los 32 participantes en la Copa, sólo detrás de Trinidad y Costa Rica. Lo mejor, sin embargo, es que al equipo nacional se le notó la capacidad de reaccionar ante una situación adversa.
En entrevistas posteriores Claudia Sheinbaum, quien ha asumido la función de portavoz en la campaña de López Obrador, como la tuvo en el Gobierno del Distrito Federal en el caso del segundo piso del Periférico, ha explicado que Andrés Manuel no dijo que la Secretaría de Energía o siquiera el sector energético hubieran dado contratos por 2,500 millones de pesos a las empresas de Zavala durante el breve periodo, ocho meses, en que Calderón fue Secretario de energía: de septiembre de 2003 a mayo de 2004. No, aclara Sheinbaum, eran dos afirmaciones distintas: una, que las empresas de Zavala recibieron contratos del sector energético (sin importar si Calderón era o no Secretario de energía); y dos, que esas empresas facturaron 2,500 millones de pesos sin pagar impuestos.
La información que tenemos disponible hasta este momento nos permite aclarar la sintaxis y los hechos. Sabemos ya, por ejemplo, que sí, que una empresa de Zavala sí tuvo cuando menos un contrato con Pemex Exploración, el cual fue, al parecer, por ocho millones de pesos. Sabemos también que esa empresa, Meta Data, fue comprada por Hildebrando, la firma de Zavala, en 2003. El contrato con Pemex Exploración procedía de 1997, pero se renovó en 2003 cuando Calderón era secretario de energía. Sabemos también que Calderón, como Secretario, no tenía responsabilidad formal en los contratos de Pemex Exploración y que, al contrario del corporativo de Pemex, no era siquiera miembro del consejo de administración de esa paraestatal.
Sabemos que los contratos gubernamentales representan apenas un 10 por ciento de la facturación total de las empresas de Zavala. Sabemos que éstas se dedican al campo de la tecnología y del software, en el cual compiten principalmente con firmas extranjeras, y que han tenido un constante crecimiento desde 1987, su fecha de fundación. Sabemos que no le pertenecen solamente a Zavala sino que cuentan con otros socios, entre ellos el fondo de inversión internacional Advent. Sabemos también que las empresas del grupo son auditadas por una firma externa profesional y que están al corriente en sus pagos de impuestos. Sabemos que las empresas han tenido ingresos brutos por 2,500 millones de pesos, pero no en ocho meses de función de Calderón en la Secretaría de Energía sino a lo largo de muchos años, y que la mayor parte de éstos proceden de contratos privados. Sabemos también que en 2005 la empresa central, Hildebrando, declaró ingresos iguales a sus gastos, pero que los resultados estaban todavía siendo sometidos a auditoría externa en junio.
Claro que todos estos hechos son complicados y no pueden por lo tanto explicarse con facilidad en un minuto de televisión. Así, López Obrador continúa insistiendo en que Calderón entregó contratos indebidos a un cuñado incómodo y que éste, pese a tener ingresos multimillonarios, no paga impuestos.
¿Es indebido el contrato de Meta Data con Pemex Exploración? A primera vista no. El punto crucial es que el contrato es anterior a la compra de Meta Data por Hildebrando. Pero la Secretaría de la Función Pública debe determinar, de todas maneras, si la normatividad vigente habría impedido la renovación. Debe ventilarse también en qué condiciones se dio esta renovación.
En cuanto a la supuesta evasión fiscal, todo parece señalar que las empresas de Zavala no han hecho más que ajustarse a la legislación vigente. Eso no puede cuestionársele a ninguna compañía en el mundo. No deja de ser interesante que si se legislara la propuesta de tasa única que ha venido impulsando Calderón, la cual establecería un impuesto sobre la renta que se aplicaría con pocas o casi ninguna deducción a los ingresos brutos de las empresas, seguramente las firmas de Zavala habrían tenido que pagar un mayor impuesto sobre la renta independientemente de sus gastos.
Ahí está quizá el meollo del asunto. López Obrador tiene razón cuando dice que los ricos no pagan impuestos en este país. Ciertamente pagan menos de lo que deberían. Pero el problema es del sistema fiscal que permite que quienes tienen buenos abogados y contadores puedan reducir sus impuestos de manera legal. Quizá Andrés Manuel debería apoyar la iniciativa de tasa única que promueve Calderón.
TRES A UNO
La selección dio el primer paso ayer, con solidez, pese a haber sufrido buena parte del encuentro. Pero no sobreestimemos el triunfo. Irán se encuentra en el lugar 23 de las listas de la FIFA contra el cuarto de México. Ayer en los momios de los apostadores aparecía como 30 de los 32 participantes en la Copa, sólo detrás de Trinidad y Costa Rica. Lo mejor, sin embargo, es que al equipo nacional se le notó la capacidad de reaccionar ante una situación adversa.
Los Enemigos son los Empresarios - Jorger Fernandez Menendez
Quizás en términos electorales le pueda funcionar, pero no deja de sorprenderme, la estrategia que ha adoptado López Obrador en las tres últimas semanas. Ha realizado su apuesta más arriesgada, probablemente porque no se siente confiado en el resultado electoral y quiere recurrir a las emociones más que al raciocinio, pero también porque ha resuelto mostrarse tal cual es. En lugar de moderar su discurso, en vez de presentarse con un proyecto incluyente, integrador para la nación y la sociedad, se ha radicalizado, ha decidido apostar a la división, a la confrontación entre “ricos y pobres”, al mesianismo en su máxima expresión. Y ha elegido como enemigos principales a los empresarios.
En los últimos días, desde la gira previa al debate por Jalisco, López Obrador se ha empeñado en demostrarle a aquellos que pensaban que el candidato de la alianza por el bien de todos, actuaría como Luis Inácio da Silva “Lula”, que por tanto se movería hacia el centro y respetaría tanto a la iniciativa privada, el ambiente de negocios, como los parámetros macroeconómicos, que no será así, que están equivocados. En apenas unos días, López Obrador ha dicho que respetará la autonomía del Banco de México (algo que, por otra parte debe hacer, porque es una obligación constitucional) pero agregó que no aceptará las políticas de éste que favorecen a “los ricos y especuladores”. En otras palabras, no lo respetará. Ha dicho que respetará las políticas macroeconómicas pero siempre y cuando no sean “ortodoxas” (o sea que tampoco las respetará) y como ejemplo dijo que utilizará las reservas del país para impulsar programas sociales, quizás pensando, o queriéndole hacer creer al electorado, que existe alguna bóveda en la que se guardan esos miles de millones de dólares, que en realidad son el resultado de movimientos contables, financieros y que para “utilizar” esas reservas, en realidad lo que hará será soltar el gasto público y con él la inflación y el nivel de endeudamiento. Confirmó que no abrirá el sector energético a la inversión privada. Dijo, además, que renegociará la deuda externa (un problema superado hace años) y el TLC, dos decisiones que sólo pueden traer conflictos financieros internacionales, sin ningún beneficio para la economía del país.
Pero eso no es lo más grave. Para López Obrador los empresarios no generan riqueza ni empleos, al contrario: son parásitos, no pagan impuestos, especulan. Será el Estado, o sea él mismo, quien lo hará en lugar de ellos. En los últimos días, además de parásitos, especuladores y evasores fiscales, dijo que su lucha es contra los de “cuello blanco” (sé que es una exageración, pero la expresión, dicha en el debate del 6 de junio, me recordó cuando Pol Pot en Camboya, decidió que todos los que utilizan anteojos eran “intelectuales pequeños burgueses” y por ende enemigos de la revolución). Siguió ejemplificando con otro tema cerrado, el Fobaproa, pero no sólo ha hablado de Roberto Hernández, al que injustamente sigue acusando de haber realizado una operación ilegítima en la venta de Banamex, sino que, además, en reuniones con otros empresarios ha dicho que dividirá Telmex en cuatro (quizás también por ello la virulencia en los ataques, también absolutamente injustificados, mentirosos, contra Diego Zavala, porque éste, en realidad, en la empresa Blitz, es socio minoritario nada más y nada menos que del grupo Carso, que encabeza Carlos Slim y del que depende Telmex); ha dicho, a otros empresarios que tomará control de la industria del cemento porque considera que existe un monopolio en ella que controla los precios (no importa que existan una decena de empresas en el sector, la advertencia es para otro gran empresario, Lorenzo Zambrano). Ha hablado, a pesar de la indulgencia de la que se ha hecho acreedor en ese ámbito, de romper con el control de las grandes empresas de comunicación, que dice “manipulan la opinión pública”. Ha dicho que acabará con el sector financiero “especulador”.
La lista podría continuar pero lo más claro fue lo que dijo en Tapachula y que motivó una queja formal del Consejo Coordinador Empresarial: que los empresarios no pagan impuestos y viven a costa de los impuestos de los más pobres. En realidad ocurre exactamente al contrario: uno de los graves problemas estructurales que sufrimos es que la enorme mayoría de la población no participa del esfuerzo fiscal y que la política adoptada por personajes como López Obrador, impulsando y protegiendo el comercio informal, los giros piratas, aleja a cada vez más sectores de la formalidad y del pago de impuestos. Hoy, lo que tenemos son unos pocos millones de contribuyentes que soportan toda la carga fiscal del país, la que se nos hace cada vez más onerosa y al mismo tiempo el candidato nos dice que no contribuimos lo suficiente. No ha hablado en un solo discurso de campaña de ampliar la base de contribuyentes, tampoco de generalizar algún impuesto, sino que los reducirá, que exentará a todo aquel que gane menos de nueve mil pesos mensuales del pago de ISR y lo aumentará aún más para los demás, con lo que terminaremos con uno de los sistemas fiscales más injustos del mundo.
Pero la lucha, lo ha dicho López Obrador, es entre “los ricos y los pobres” e incluso ha colocado el límite entre unos y otros: los que ganan menos de nueve mil pesos contra todos los demás.
Poco importan en este sentido los datos duros, comprobar que la iniciativa privada (que va desde el changarro de la colonia hasta las grandes empresas) contribuye con el 68 por ciento del esfuerzo fiscal del país o que no habrá creación de empleos sustentable sin apoyar la creación de empresas privadas, sin impulsar su desarrollo e integrarlas plenamente al desarrollo. López Obrador, al igual que Chávez, sigue pensando que será el Estado el que sustentará la economía, el que “dará”, exprimiendo a las clases medias urbanas y a los empresarios, a los “pobres”. Hay que reconocer que lo ha dicho con claridad: si llega a la presidencia nadie se debería llamar a engaño.
En los últimos días, desde la gira previa al debate por Jalisco, López Obrador se ha empeñado en demostrarle a aquellos que pensaban que el candidato de la alianza por el bien de todos, actuaría como Luis Inácio da Silva “Lula”, que por tanto se movería hacia el centro y respetaría tanto a la iniciativa privada, el ambiente de negocios, como los parámetros macroeconómicos, que no será así, que están equivocados. En apenas unos días, López Obrador ha dicho que respetará la autonomía del Banco de México (algo que, por otra parte debe hacer, porque es una obligación constitucional) pero agregó que no aceptará las políticas de éste que favorecen a “los ricos y especuladores”. En otras palabras, no lo respetará. Ha dicho que respetará las políticas macroeconómicas pero siempre y cuando no sean “ortodoxas” (o sea que tampoco las respetará) y como ejemplo dijo que utilizará las reservas del país para impulsar programas sociales, quizás pensando, o queriéndole hacer creer al electorado, que existe alguna bóveda en la que se guardan esos miles de millones de dólares, que en realidad son el resultado de movimientos contables, financieros y que para “utilizar” esas reservas, en realidad lo que hará será soltar el gasto público y con él la inflación y el nivel de endeudamiento. Confirmó que no abrirá el sector energético a la inversión privada. Dijo, además, que renegociará la deuda externa (un problema superado hace años) y el TLC, dos decisiones que sólo pueden traer conflictos financieros internacionales, sin ningún beneficio para la economía del país.
Pero eso no es lo más grave. Para López Obrador los empresarios no generan riqueza ni empleos, al contrario: son parásitos, no pagan impuestos, especulan. Será el Estado, o sea él mismo, quien lo hará en lugar de ellos. En los últimos días, además de parásitos, especuladores y evasores fiscales, dijo que su lucha es contra los de “cuello blanco” (sé que es una exageración, pero la expresión, dicha en el debate del 6 de junio, me recordó cuando Pol Pot en Camboya, decidió que todos los que utilizan anteojos eran “intelectuales pequeños burgueses” y por ende enemigos de la revolución). Siguió ejemplificando con otro tema cerrado, el Fobaproa, pero no sólo ha hablado de Roberto Hernández, al que injustamente sigue acusando de haber realizado una operación ilegítima en la venta de Banamex, sino que, además, en reuniones con otros empresarios ha dicho que dividirá Telmex en cuatro (quizás también por ello la virulencia en los ataques, también absolutamente injustificados, mentirosos, contra Diego Zavala, porque éste, en realidad, en la empresa Blitz, es socio minoritario nada más y nada menos que del grupo Carso, que encabeza Carlos Slim y del que depende Telmex); ha dicho, a otros empresarios que tomará control de la industria del cemento porque considera que existe un monopolio en ella que controla los precios (no importa que existan una decena de empresas en el sector, la advertencia es para otro gran empresario, Lorenzo Zambrano). Ha hablado, a pesar de la indulgencia de la que se ha hecho acreedor en ese ámbito, de romper con el control de las grandes empresas de comunicación, que dice “manipulan la opinión pública”. Ha dicho que acabará con el sector financiero “especulador”.
La lista podría continuar pero lo más claro fue lo que dijo en Tapachula y que motivó una queja formal del Consejo Coordinador Empresarial: que los empresarios no pagan impuestos y viven a costa de los impuestos de los más pobres. En realidad ocurre exactamente al contrario: uno de los graves problemas estructurales que sufrimos es que la enorme mayoría de la población no participa del esfuerzo fiscal y que la política adoptada por personajes como López Obrador, impulsando y protegiendo el comercio informal, los giros piratas, aleja a cada vez más sectores de la formalidad y del pago de impuestos. Hoy, lo que tenemos son unos pocos millones de contribuyentes que soportan toda la carga fiscal del país, la que se nos hace cada vez más onerosa y al mismo tiempo el candidato nos dice que no contribuimos lo suficiente. No ha hablado en un solo discurso de campaña de ampliar la base de contribuyentes, tampoco de generalizar algún impuesto, sino que los reducirá, que exentará a todo aquel que gane menos de nueve mil pesos mensuales del pago de ISR y lo aumentará aún más para los demás, con lo que terminaremos con uno de los sistemas fiscales más injustos del mundo.
Pero la lucha, lo ha dicho López Obrador, es entre “los ricos y los pobres” e incluso ha colocado el límite entre unos y otros: los que ganan menos de nueve mil pesos contra todos los demás.
Poco importan en este sentido los datos duros, comprobar que la iniciativa privada (que va desde el changarro de la colonia hasta las grandes empresas) contribuye con el 68 por ciento del esfuerzo fiscal del país o que no habrá creación de empleos sustentable sin apoyar la creación de empresas privadas, sin impulsar su desarrollo e integrarlas plenamente al desarrollo. López Obrador, al igual que Chávez, sigue pensando que será el Estado el que sustentará la economía, el que “dará”, exprimiendo a las clases medias urbanas y a los empresarios, a los “pobres”. Hay que reconocer que lo ha dicho con claridad: si llega a la presidencia nadie se debería llamar a engaño.
Las Cajas Vacias - Javier Lozano
Todo comenzó cuando López Obrador lanzó, en el segundo debate, una severa acusación a Felipe Calderón: "Nada más para decir que voy a entregar un expediente donde el cuñado de Felipe, cuñado incómodo, tiene una empresa que le trabaja al gobierno, que ha recibido contratos precisamente de la secretaría o, mejor dicho, del sector energético, cuando Felipe fue secretario. Tuvo ingresos por 2 mil 500 millones de pesos y no pagó impuestos. Y eso es lo que queremos que ya no siga pasando".
Fueron, pues, tres los agravios: que el sector energético concedió contratos a una empresa del cuñado de Calderón mientras éste fue Secretario de Energía; que el monto de tales adjudicaciones ascendía a 2 mil 500 millones de pesos, y que el beneficiario no pagó impuestos. Felipe negó en el debate, rotundamente, lo dicho por su contrincante.
Al día siguiente comenzó el road show mediático. Uno de los más activos voceros de AMLO para esta cruzada resultó ser Claudia Sheinbaum la esposa de quien fuera jefe delegacional en Tlalpan, mismo que apareció en televisión nacional embolsándose fajos de billetes en una grabación tomada en mayo de 2003 en las oficinas de Carlos Ahumada.
Ya la Secretaría de Hacienda atribuyó al Gobierno del Distrito Federal la filtración, por segunda ocasión (la primera fue en el caso de Gustavo Ponce), de la información utilizada por López Obrador sobre la situación fiscal del cuñado de Felipe Calderón.
Ante la falsedad de su dicho y la ausencia de pruebas, Diego Zavala presentó, a su vez, demanda civil en contra de AMLO por daño moral.
Pero la perversidad política no es el único vicio de AMLO y su equipo. También lo es la ignorancia. En efecto. Además de que la Sener, Pemex y la CFE han confirmado que no celebraron contrato alguno con las empresas en que participa Diego Zavala, durante la gestión de Calderón al frente de la Sener, el artículo 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales señala que la administración y representación de las empresas públicas está confiada a sus respectivos directores generales quienes, a su vez, delegan sus funciones en los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios. A mayor abundamiento, Felipe Calderón no formaba parte del Consejo de Administración de Pemex Exploración y Producción, organismo al que se le atribuye el otorgamiento de un contrato a la empresa Hildebrando S.A. de C.V.
El contrato aludido -único, por cierto, que prevalece de aquella fabulosa acusación de diversos convenios por 2 mil 500 millones de pesos adjudicados por el hoy candidato presidencial- fue otorgado a una empresa subsidaria de Hildebrando denominada Meta Data S.A. de C.V. desde 1997, y cuya renovación estaba programada desde su inicio para noviembre de 2004. Pero el ridículo mayor fue el montaje del pasado viernes, cuando acudieron Jesús Ortega, Gerardo Fernández Noroña y Claudia Sheinbaum de Ímaz con tremendo "diablito" para soportar el peso de tres grandes cajas en las que, supuestamente, transportaban las pruebas del dicho de López Obrador en cuanto al terrible tráfico de influencias denunciado. Para su sorpresa, en casa de campaña del candidato Calderón lo esperaba una comisión de alto nivel acompañada del notario público número 242 del Distrito Federal, Roberto Garzón Jiménez, quien dio fe de lo ocurrido.
Según el citado fedatario, las tres cajas, prácticamente vacías, contenían lo mismo: apenas unos cuantos sobres con copias fotostáticas. En ninguna de ellas obraba documento o contrato alguno suscrito por Calderón. La lección que arroja este lamentable episodio, más allá de la mentira característica de López Obrador y los suyos, es el uso faccioso de los instrumentos e información confidencial. Imagine el lector lo que este hombre podría fabricar si llegase a encabezar el gobierno federal. Imagínelo al mando de la PGR, del SAT, de la Profeco, de la Cofeco y demás instancias de autoridad. Si López Obrador fue capaz de armar todo este teatro en una contienda electoral, pasando por encima del honor de un ciudadano, de su empresa y su familia, sería capaz de perseguir y destruir, con el poder en la mano, a todo aquel que no siga su muy personal forma de ser y actuar.
Lo dicho. López Obrador es un auténtico peligro para México.
PD. Para Margarita y Juan Ignacio,
con un abrazo solidario
Analista económico
Fueron, pues, tres los agravios: que el sector energético concedió contratos a una empresa del cuñado de Calderón mientras éste fue Secretario de Energía; que el monto de tales adjudicaciones ascendía a 2 mil 500 millones de pesos, y que el beneficiario no pagó impuestos. Felipe negó en el debate, rotundamente, lo dicho por su contrincante.
Al día siguiente comenzó el road show mediático. Uno de los más activos voceros de AMLO para esta cruzada resultó ser Claudia Sheinbaum la esposa de quien fuera jefe delegacional en Tlalpan, mismo que apareció en televisión nacional embolsándose fajos de billetes en una grabación tomada en mayo de 2003 en las oficinas de Carlos Ahumada.
Ya la Secretaría de Hacienda atribuyó al Gobierno del Distrito Federal la filtración, por segunda ocasión (la primera fue en el caso de Gustavo Ponce), de la información utilizada por López Obrador sobre la situación fiscal del cuñado de Felipe Calderón.
Ante la falsedad de su dicho y la ausencia de pruebas, Diego Zavala presentó, a su vez, demanda civil en contra de AMLO por daño moral.
Pero la perversidad política no es el único vicio de AMLO y su equipo. También lo es la ignorancia. En efecto. Además de que la Sener, Pemex y la CFE han confirmado que no celebraron contrato alguno con las empresas en que participa Diego Zavala, durante la gestión de Calderón al frente de la Sener, el artículo 59 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales señala que la administración y representación de las empresas públicas está confiada a sus respectivos directores generales quienes, a su vez, delegan sus funciones en los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios. A mayor abundamiento, Felipe Calderón no formaba parte del Consejo de Administración de Pemex Exploración y Producción, organismo al que se le atribuye el otorgamiento de un contrato a la empresa Hildebrando S.A. de C.V.
El contrato aludido -único, por cierto, que prevalece de aquella fabulosa acusación de diversos convenios por 2 mil 500 millones de pesos adjudicados por el hoy candidato presidencial- fue otorgado a una empresa subsidaria de Hildebrando denominada Meta Data S.A. de C.V. desde 1997, y cuya renovación estaba programada desde su inicio para noviembre de 2004. Pero el ridículo mayor fue el montaje del pasado viernes, cuando acudieron Jesús Ortega, Gerardo Fernández Noroña y Claudia Sheinbaum de Ímaz con tremendo "diablito" para soportar el peso de tres grandes cajas en las que, supuestamente, transportaban las pruebas del dicho de López Obrador en cuanto al terrible tráfico de influencias denunciado. Para su sorpresa, en casa de campaña del candidato Calderón lo esperaba una comisión de alto nivel acompañada del notario público número 242 del Distrito Federal, Roberto Garzón Jiménez, quien dio fe de lo ocurrido.
Según el citado fedatario, las tres cajas, prácticamente vacías, contenían lo mismo: apenas unos cuantos sobres con copias fotostáticas. En ninguna de ellas obraba documento o contrato alguno suscrito por Calderón. La lección que arroja este lamentable episodio, más allá de la mentira característica de López Obrador y los suyos, es el uso faccioso de los instrumentos e información confidencial. Imagine el lector lo que este hombre podría fabricar si llegase a encabezar el gobierno federal. Imagínelo al mando de la PGR, del SAT, de la Profeco, de la Cofeco y demás instancias de autoridad. Si López Obrador fue capaz de armar todo este teatro en una contienda electoral, pasando por encima del honor de un ciudadano, de su empresa y su familia, sería capaz de perseguir y destruir, con el poder en la mano, a todo aquel que no siga su muy personal forma de ser y actuar.
Lo dicho. López Obrador es un auténtico peligro para México.
PD. Para Margarita y Juan Ignacio,
con un abrazo solidario
Analista económico
Monday, June 05, 2006
AMLO: Quebrar a México - Pablo Hiriart
"A la memoria de David Romero Ceyde"
López Obrador tiene un programa para quebrar a México.
El ingrediente esencial de la quiebra del país, en caso de ganar la Presidencia, no es únicamente su política económica.
La quiebra de México se va a dar por el desencanto popular ante el incumplimiento de sus promesas.
Y, desde luego, por la demolición de las instituciones democráticas.
Reprobado dos veces en la materia de Economía en la Universidad.
Ha prometido que todas las familias que tengan menos de diez mil pesos de ingresos mensuales, van a disponer de un 20 por ciento más de su salario gracias a rebajas en los precios del gas, la gasolina, la luz, útiles escolares gratis, medicinas gratis para todos, etc., etc.
Su propuesta tiene un costo de 80 mil millones de pesos y dice que la va a financiar con una política de austeridad, con recortes a los sueldos de los altos funcionarios públicos, lo que le va a permitir ahorros por cien mil millones de pesos.
Las cuentas, sin embargo, no le dan para tanto. Vaya, ni para un mínimo.
La alta burocracia del país está compuesta por dos mil 800 funcionarios que ganan en promedio 116 mil 702.25 pesos mensuales.
El total anual que se paga a esos funcionarios alcanza la cifra de cuatro mil 300 millones de pesos, en números redondos.
Vamos a suponer que les baje el sueldo a la mitad: significa un ahorro de dos mil 150 millones de pesos.
Es decir, para ahorrar 100 mil millones de pesos le estarían faltando 97 mil 850 millones al año.
Por el camino de recortar el sueldo a la burocracia media y alta, no le salen las cuentas. ¿De dónde va a sacar lo que necesita?
El grueso de los servicios personales —así se denomina a los salarios en el presupuesto— se va al pago de médicos, enfermeras y profesores.
¿Va a dejar de pagar sueldos en los hospitales y en las escuelas?
Es absurdo.
Como absurdo es pretender bajarle el sueldo a los funcionarios de nivel medio y alto.
El subsecretario va a ganar como director. El director va a ganar como jefe de departamento. El jefe de departamento va a ganar como analista. Y el analista, ¿va a tener que pagar por trabajar?
Su propuesta es inviable por donde se le mire.
Pero el sólo hecho de enunciarla entraña un riesgo.
Su discurso de apoyo a los pobres ha calado hondo en amplios sectores populares que, de buena fe y con entusiasmo, creen que con López Obrador van a salir de la pobreza a la que están sometidos por la voracidad de los ricos de este país.
Con el programa de gobierno de López Obrador, los pobres van a ser más pobres.
Y una desilusión de ese tamaño va a tener consecuencias sociales graves.
Todo eso abona en su tarea de quebrar a México.
En una reciente reunión con los rectores de las universidades públicas del país, agrupados en la ANUIES, López Obrador esbozó lo que será su política para las instituciones de educación superior: ya no habrá rechazados y el presupuesto para las universidades no estará condicionado a la calidad académica sino al número de alumnos.
Textualmente dijo que a él le gustaría “que hubiera calidad en la enseñanza, pero en un país como el nuestro eso, aunque es importante, no es lo más urgente: lo más urgente es la cobertura”.
Esa propuesta, apunta Jorge Fernández en su columna de Excélsior, es profundamente elitista: “solamente lograría deteriorar la calidad de las universidades públicas hasta hacerles imposible competir con las privadas que por supuesto continuarán apostando a la calidad y a seleccionar a sus estudiantes y aprovisionando al mercado laboral de alto nivel”.
En pocas palabras: el joven que carezca de recursos para pagar una universidad privada, estará condenado a ocupar los puestos inferiores en el mercado de trabajo, pues esos lugares van a ser para los egresados de instituciones preocupadas por la calidad académica.
O se tendrán que ir al subempleo.
¿Así va a beneficiar a los pobres?
Claro que no. Lo suyo es un engaño. Y lo peligroso, insistimos, es la reacción posterior de los desilusionados, que culparán de su fracaso a los ricos, a los partidos, al sistema político.
Pero esa no es la única pinza que hay en el programa de López Obrador que va a provocar la fractura del país.
Su desprecio por las instituciones democráticas es la crónica anunciada de una crisis mayor. Política, social y económica.
Veamos un botón de muestra. La semana anterior estuvo en Guadalajara, e hizo dos precisiones importantes. Dijo que va a impedir que el Banco de México “beneficie a grupos especuladores con un manejo técnico (sic) o ideológico, y mucho menos un manejo sextario de la economía, que es lo que ha venido pasando (sic)”.
Lo que nos está anunciando López Obrador es que sí va a interferir en las políticas del Banco de México, concretamente en aquellas que a él no le gustan porque desde su muy peculiar punto de vista cree que benefician “a los ricos”.
Nos está diciendo, desde ahora, que no va a respetar la autonomía del Banco de México.
Y el Banco de México autónomo ha sido el que ha mantenido la estabilidad financiera del país.
Se lo va a cargar. Sobre aviso no hay engaño.
El mismo destino le espera al Congreso y a poder Judicial. Como jefe de Gobierno del Distrito Federal los atacó de manera constante y en ocasiones violenta, como fue la toma de San Lázaro orquestada por Martí Batres, su subsecretario de gobierno de López Obrador.
¿Va a actuar de manera diferente si es que llega a la Presidencia?
En esa visita a Guadalajara del jueves anterior, arremetió contra los organismos financieros internacionales. Contra las directrices del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Alabó al presidente Kirchner de Argentina que supo hacer una buena negociación de la deuda externa, “eso es lo que vamos a buscar, utilizar todo el instrumental de la política para sacar adelante al país”.
¿De qué habla López Obrador?
Por lo visto, sigue creyendo que el problema central de México es la deuda externa y las condiciones del FMI.
La deuda externa ya no es un problema para el país desde 1989, año en que la reestructuró con una muy buena negociación su odiado Carlos Salinas de Gortari.
Alguien tiene que decirle a López Obrador que ahora México tiene más reservas en dólares que el monto de la deuda externa.
El de la deuda es un problema de Argentina, que el candidato presidencial del PRD lo está importando para México.
¿Qué quiso decir con eso?
¿Que va a poner, como en Argentina, un “corralito” que impide a los ahorradores sacar su dinero del banco?
¿Va a instaurar otra vez el control de cambios?
Confiemos en que sólo sea su ignorancia la que habla.
¿De dónde le salió su enojo contra el FMI y el Banco Mundial?
Hace muchos años que México no firma una carta de intención con esos organismos financieros internacionales. Hace más de una década, para ser precisos.
La visión económica que nos presentó López Obrador está atrasada en 20 años.
¿Qué nos espera, con esa mentalidad, si gana las elecciones presidenciales?
Nos espera lo que al Distrito Federal, pero en grande.
El INEGI reporta que de 2000 a 2004 el Distrito Federal fue la única entidad del país que registró un crecimiento económico negativo (menos 1.75 por ciento), mientras la media nacional fue de 6 por ciento de incremento y en 18 estados el crecimiento promedio fue de 12 por ciento, es decir, siete veces más que en la capital del país gobernada por López Obrador.
Y si a lo anterior sumamos la desilusión por el engaño, el empobrecimiento por el atraso y el embate contra las instituciones democráticas del país, no es una exageración afirmar que si gana López Obrador va a quebrar a México.
López Obrador tiene un programa para quebrar a México.
El ingrediente esencial de la quiebra del país, en caso de ganar la Presidencia, no es únicamente su política económica.
La quiebra de México se va a dar por el desencanto popular ante el incumplimiento de sus promesas.
Y, desde luego, por la demolición de las instituciones democráticas.
Reprobado dos veces en la materia de Economía en la Universidad.
Ha prometido que todas las familias que tengan menos de diez mil pesos de ingresos mensuales, van a disponer de un 20 por ciento más de su salario gracias a rebajas en los precios del gas, la gasolina, la luz, útiles escolares gratis, medicinas gratis para todos, etc., etc.
Su propuesta tiene un costo de 80 mil millones de pesos y dice que la va a financiar con una política de austeridad, con recortes a los sueldos de los altos funcionarios públicos, lo que le va a permitir ahorros por cien mil millones de pesos.
Las cuentas, sin embargo, no le dan para tanto. Vaya, ni para un mínimo.
La alta burocracia del país está compuesta por dos mil 800 funcionarios que ganan en promedio 116 mil 702.25 pesos mensuales.
El total anual que se paga a esos funcionarios alcanza la cifra de cuatro mil 300 millones de pesos, en números redondos.
Vamos a suponer que les baje el sueldo a la mitad: significa un ahorro de dos mil 150 millones de pesos.
Es decir, para ahorrar 100 mil millones de pesos le estarían faltando 97 mil 850 millones al año.
Por el camino de recortar el sueldo a la burocracia media y alta, no le salen las cuentas. ¿De dónde va a sacar lo que necesita?
El grueso de los servicios personales —así se denomina a los salarios en el presupuesto— se va al pago de médicos, enfermeras y profesores.
¿Va a dejar de pagar sueldos en los hospitales y en las escuelas?
Es absurdo.
Como absurdo es pretender bajarle el sueldo a los funcionarios de nivel medio y alto.
El subsecretario va a ganar como director. El director va a ganar como jefe de departamento. El jefe de departamento va a ganar como analista. Y el analista, ¿va a tener que pagar por trabajar?
Su propuesta es inviable por donde se le mire.
Pero el sólo hecho de enunciarla entraña un riesgo.
Su discurso de apoyo a los pobres ha calado hondo en amplios sectores populares que, de buena fe y con entusiasmo, creen que con López Obrador van a salir de la pobreza a la que están sometidos por la voracidad de los ricos de este país.
Con el programa de gobierno de López Obrador, los pobres van a ser más pobres.
Y una desilusión de ese tamaño va a tener consecuencias sociales graves.
Todo eso abona en su tarea de quebrar a México.
En una reciente reunión con los rectores de las universidades públicas del país, agrupados en la ANUIES, López Obrador esbozó lo que será su política para las instituciones de educación superior: ya no habrá rechazados y el presupuesto para las universidades no estará condicionado a la calidad académica sino al número de alumnos.
Textualmente dijo que a él le gustaría “que hubiera calidad en la enseñanza, pero en un país como el nuestro eso, aunque es importante, no es lo más urgente: lo más urgente es la cobertura”.
Esa propuesta, apunta Jorge Fernández en su columna de Excélsior, es profundamente elitista: “solamente lograría deteriorar la calidad de las universidades públicas hasta hacerles imposible competir con las privadas que por supuesto continuarán apostando a la calidad y a seleccionar a sus estudiantes y aprovisionando al mercado laboral de alto nivel”.
En pocas palabras: el joven que carezca de recursos para pagar una universidad privada, estará condenado a ocupar los puestos inferiores en el mercado de trabajo, pues esos lugares van a ser para los egresados de instituciones preocupadas por la calidad académica.
O se tendrán que ir al subempleo.
¿Así va a beneficiar a los pobres?
Claro que no. Lo suyo es un engaño. Y lo peligroso, insistimos, es la reacción posterior de los desilusionados, que culparán de su fracaso a los ricos, a los partidos, al sistema político.
Pero esa no es la única pinza que hay en el programa de López Obrador que va a provocar la fractura del país.
Su desprecio por las instituciones democráticas es la crónica anunciada de una crisis mayor. Política, social y económica.
Veamos un botón de muestra. La semana anterior estuvo en Guadalajara, e hizo dos precisiones importantes. Dijo que va a impedir que el Banco de México “beneficie a grupos especuladores con un manejo técnico (sic) o ideológico, y mucho menos un manejo sextario de la economía, que es lo que ha venido pasando (sic)”.
Lo que nos está anunciando López Obrador es que sí va a interferir en las políticas del Banco de México, concretamente en aquellas que a él no le gustan porque desde su muy peculiar punto de vista cree que benefician “a los ricos”.
Nos está diciendo, desde ahora, que no va a respetar la autonomía del Banco de México.
Y el Banco de México autónomo ha sido el que ha mantenido la estabilidad financiera del país.
Se lo va a cargar. Sobre aviso no hay engaño.
El mismo destino le espera al Congreso y a poder Judicial. Como jefe de Gobierno del Distrito Federal los atacó de manera constante y en ocasiones violenta, como fue la toma de San Lázaro orquestada por Martí Batres, su subsecretario de gobierno de López Obrador.
¿Va a actuar de manera diferente si es que llega a la Presidencia?
En esa visita a Guadalajara del jueves anterior, arremetió contra los organismos financieros internacionales. Contra las directrices del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Alabó al presidente Kirchner de Argentina que supo hacer una buena negociación de la deuda externa, “eso es lo que vamos a buscar, utilizar todo el instrumental de la política para sacar adelante al país”.
¿De qué habla López Obrador?
Por lo visto, sigue creyendo que el problema central de México es la deuda externa y las condiciones del FMI.
La deuda externa ya no es un problema para el país desde 1989, año en que la reestructuró con una muy buena negociación su odiado Carlos Salinas de Gortari.
Alguien tiene que decirle a López Obrador que ahora México tiene más reservas en dólares que el monto de la deuda externa.
El de la deuda es un problema de Argentina, que el candidato presidencial del PRD lo está importando para México.
¿Qué quiso decir con eso?
¿Que va a poner, como en Argentina, un “corralito” que impide a los ahorradores sacar su dinero del banco?
¿Va a instaurar otra vez el control de cambios?
Confiemos en que sólo sea su ignorancia la que habla.
¿De dónde le salió su enojo contra el FMI y el Banco Mundial?
Hace muchos años que México no firma una carta de intención con esos organismos financieros internacionales. Hace más de una década, para ser precisos.
La visión económica que nos presentó López Obrador está atrasada en 20 años.
¿Qué nos espera, con esa mentalidad, si gana las elecciones presidenciales?
Nos espera lo que al Distrito Federal, pero en grande.
El INEGI reporta que de 2000 a 2004 el Distrito Federal fue la única entidad del país que registró un crecimiento económico negativo (menos 1.75 por ciento), mientras la media nacional fue de 6 por ciento de incremento y en 18 estados el crecimiento promedio fue de 12 por ciento, es decir, siete veces más que en la capital del país gobernada por López Obrador.
Y si a lo anterior sumamos la desilusión por el engaño, el empobrecimiento por el atraso y el embate contra las instituciones democráticas del país, no es una exageración afirmar que si gana López Obrador va a quebrar a México.
Friday, June 02, 2006
¿Fantasiosa o ruinosa?, propuesta de AMLO - Marco A. Mares
El programa de apoyo al ingreso familiar de Andrés Manuel López Obrador con el que ofrece beneficiar a 18 millones de familias con 100 mil millones de pesos, es fantasioso en el mejor de los casos y ruinoso en el peor.
Por supuesto que en términos políticos es sumamente atractiva y muy seguramente le redituará una buena cantidad de votos.
¿A quién no le gusta que le prometan que le van a regalar dinero? Porque eso es lo que ofreció López Obrador: regalar el dinero de los contribuyentes.
El candidato perredista a la Presidencia está utilizando el dinero de los contribuyentes —porque los recursos para las campañas políticas que usan él y el resto de los contendientes salen de nuestros bolsillos—, para ofrecer propuestas fantasiosas, en el menos malo de los casos, o ruinosas, en el peor de ellos. Nos miente porque ofrece en cadena nacional una propuesta fantasiosa. Algunos expertos consultados por éste reportero coincidieron en que la propuesta que Andrés Manuel López Obrador presentó en un spot en cadena nacional —y que previamente explicó su asesor económico, Rogelio Ramírez de la O—, no resiste el menor análisis.
Es más, para algunos de ellos, si esa propuesta hubiera sido el trabajo de un estudiante de Economía I, lo hubiera reprobado.
La oferta de Andrés Manuel se funda en la premisa de que durante el sexenio de Vicente Fox el gasto corriente ha crecido de 67 mil millones de dólares a 109 mil millones de dólares. Es decir, ha tenido un incremento de 42 mil millones de dólares. Esta expansión del gasto corriente —advierte— se ha dirigido a fines que no se reflejan en una mejoría tangible de los niveles de vida de la gente. Y en consecuencia propone reducir precios del gas, electricidad y gasolina, para aumentar en 20 por ciento en promedio el ingreso disponible de 18 millones de familias.
Temerariamente, Ramírez de la O afirma que la reducción de los precios de la energía traerá consigo la reducción de otros precios en un efecto cascada, en un clima de competencia entre oferentes de bienes y servicios, los cuales registrarían menores costos de insumos, especialmente de electricidad.
En el spot López Obrador utilizó unos cuadros para afirmar que con más dinero en las familias habría más consumo, y el mayor consumo permitiría una mayor producción y un mayor crecimiento económico. A muchos podría parecerles muy bien la propuesta de López Obrador, pero lo cierto es que se trata de una propuesta populista e inflacionaria. La contraparte a los cuadros que mostró López Obrador es muy sencilla: a mayor consumo —no respaldado en el crecimiento de la producción y la inversión— habrá mayor inflación y a mayor inflación menor consumo y menor crecimiento y por supuesto menos empleos. La propuesta lopezobradorista se basa fundamentalmente en la reducción del gasto corriente del gobierno federal, que ciertamente ha crecido mucho en este sexenio.
Pero lo que no cuadra es cómo le va a hacer para reducir el creciente gasto corriente.
Para empezar parece que el equipo económico perredista no tiene claros los conceptos que se utilizan en el Presupuesto de Egresos Federal. El gasto corriente y el gasto de capital o de inversión son los dos principales componentes del gasto total. Y el gasto corriente está integrado, en su mayor parte, por sueldos y salarios que representan alrededor del 70% y el 20% corresponde a insumos, materiales y servicios. Bueno, este último renglón simple y sencillamente no puede ser recortado porque los insumos, materiales y servicios son las medicinas, los pizarrones y todos los materiales que se utilizan en la educación y servicios de salud en general.
Del 70 por ciento que corresponde a sueldos y salarios, la mayor parte es para el pago de los maestros, los burócratas y los empleados del IMSS, Pemex y CFE.
Del presupuesto de Educación Básica, alrededor del 96% se destina al pago de salarios. Tampoco es muy factible que puedan ser recortados; se trata de personal de base. Y entre el 9 y el 10% restante del gasto corriente corresponde a los salarios del personal no sindicalizado, es decir a los servidores públicos o funcionarios del gobierno federal con mayores sueldos. Bueno, pues de esta mínima parte, aun realizando los mayores recortes posibles a sus salarios, jamás podrían obtenerse 100 mil millones de pesos.
Según el CEESP, si se redujeran en 50% los salarios de los altos funcionarios apenas representaría un ahorro de 5 mil millones de pesos. Y con la eliminación total de los bonos se ahorrarían alrededor de 14 mil millones de pesos. Ambas cantidades sumarían casi 20 mil millones de pesos ¿De dónde saldrían los 80 mil millones de pesos restantes que necesita López Obrador para regalarlos a los pobres?
Por otra parte, asegura López Obrador que la reducción en los precios de la energía derivará en una reducción de precios en efecto cascada.
Lo que no explica es ¿en qué va a beneficiar a los industriales el que nuestros recibos de luz salgan más baratos?
¿Cómo se van a traducir en crecimiento económico nacional los supuestos beneficios que tendrán los 18 millones de familias mexicanas que mejoren sus ingresos? ¿Qué no ha pensado el equipo económico lopezobradorista que el gasto corriente seguirá creciendo año con año como lo ha hecho hasta hoy porque no se ha desactivado la bomba de tiempo de los sistemas de pensiones, que exigen anualmente cantidades millonarias para pagar a quienes se jubilan? ¿O de plano ya no les va a pagar los jubilados?¿O si no alcanza, pues aumentamos el déficit y/o nos endeudamos?. ¿No han escuchado que gobernantes que regalan dinero convierten a sus pueblos en limosneros? Al tiempo.
Por supuesto que en términos políticos es sumamente atractiva y muy seguramente le redituará una buena cantidad de votos.
¿A quién no le gusta que le prometan que le van a regalar dinero? Porque eso es lo que ofreció López Obrador: regalar el dinero de los contribuyentes.
El candidato perredista a la Presidencia está utilizando el dinero de los contribuyentes —porque los recursos para las campañas políticas que usan él y el resto de los contendientes salen de nuestros bolsillos—, para ofrecer propuestas fantasiosas, en el menos malo de los casos, o ruinosas, en el peor de ellos. Nos miente porque ofrece en cadena nacional una propuesta fantasiosa. Algunos expertos consultados por éste reportero coincidieron en que la propuesta que Andrés Manuel López Obrador presentó en un spot en cadena nacional —y que previamente explicó su asesor económico, Rogelio Ramírez de la O—, no resiste el menor análisis.
Es más, para algunos de ellos, si esa propuesta hubiera sido el trabajo de un estudiante de Economía I, lo hubiera reprobado.
La oferta de Andrés Manuel se funda en la premisa de que durante el sexenio de Vicente Fox el gasto corriente ha crecido de 67 mil millones de dólares a 109 mil millones de dólares. Es decir, ha tenido un incremento de 42 mil millones de dólares. Esta expansión del gasto corriente —advierte— se ha dirigido a fines que no se reflejan en una mejoría tangible de los niveles de vida de la gente. Y en consecuencia propone reducir precios del gas, electricidad y gasolina, para aumentar en 20 por ciento en promedio el ingreso disponible de 18 millones de familias.
Temerariamente, Ramírez de la O afirma que la reducción de los precios de la energía traerá consigo la reducción de otros precios en un efecto cascada, en un clima de competencia entre oferentes de bienes y servicios, los cuales registrarían menores costos de insumos, especialmente de electricidad.
En el spot López Obrador utilizó unos cuadros para afirmar que con más dinero en las familias habría más consumo, y el mayor consumo permitiría una mayor producción y un mayor crecimiento económico. A muchos podría parecerles muy bien la propuesta de López Obrador, pero lo cierto es que se trata de una propuesta populista e inflacionaria. La contraparte a los cuadros que mostró López Obrador es muy sencilla: a mayor consumo —no respaldado en el crecimiento de la producción y la inversión— habrá mayor inflación y a mayor inflación menor consumo y menor crecimiento y por supuesto menos empleos. La propuesta lopezobradorista se basa fundamentalmente en la reducción del gasto corriente del gobierno federal, que ciertamente ha crecido mucho en este sexenio.
Pero lo que no cuadra es cómo le va a hacer para reducir el creciente gasto corriente.
Para empezar parece que el equipo económico perredista no tiene claros los conceptos que se utilizan en el Presupuesto de Egresos Federal. El gasto corriente y el gasto de capital o de inversión son los dos principales componentes del gasto total. Y el gasto corriente está integrado, en su mayor parte, por sueldos y salarios que representan alrededor del 70% y el 20% corresponde a insumos, materiales y servicios. Bueno, este último renglón simple y sencillamente no puede ser recortado porque los insumos, materiales y servicios son las medicinas, los pizarrones y todos los materiales que se utilizan en la educación y servicios de salud en general.
Del 70 por ciento que corresponde a sueldos y salarios, la mayor parte es para el pago de los maestros, los burócratas y los empleados del IMSS, Pemex y CFE.
Del presupuesto de Educación Básica, alrededor del 96% se destina al pago de salarios. Tampoco es muy factible que puedan ser recortados; se trata de personal de base. Y entre el 9 y el 10% restante del gasto corriente corresponde a los salarios del personal no sindicalizado, es decir a los servidores públicos o funcionarios del gobierno federal con mayores sueldos. Bueno, pues de esta mínima parte, aun realizando los mayores recortes posibles a sus salarios, jamás podrían obtenerse 100 mil millones de pesos.
Según el CEESP, si se redujeran en 50% los salarios de los altos funcionarios apenas representaría un ahorro de 5 mil millones de pesos. Y con la eliminación total de los bonos se ahorrarían alrededor de 14 mil millones de pesos. Ambas cantidades sumarían casi 20 mil millones de pesos ¿De dónde saldrían los 80 mil millones de pesos restantes que necesita López Obrador para regalarlos a los pobres?
Por otra parte, asegura López Obrador que la reducción en los precios de la energía derivará en una reducción de precios en efecto cascada.
Lo que no explica es ¿en qué va a beneficiar a los industriales el que nuestros recibos de luz salgan más baratos?
¿Cómo se van a traducir en crecimiento económico nacional los supuestos beneficios que tendrán los 18 millones de familias mexicanas que mejoren sus ingresos? ¿Qué no ha pensado el equipo económico lopezobradorista que el gasto corriente seguirá creciendo año con año como lo ha hecho hasta hoy porque no se ha desactivado la bomba de tiempo de los sistemas de pensiones, que exigen anualmente cantidades millonarias para pagar a quienes se jubilan? ¿O de plano ya no les va a pagar los jubilados?¿O si no alcanza, pues aumentamos el déficit y/o nos endeudamos?. ¿No han escuchado que gobernantes que regalan dinero convierten a sus pueblos en limosneros? Al tiempo.
DF, irresponsabilidad financiera - Demetrio Sodi de la Tijera
En los últimos años, el Gobierno del DF nos ha enseñado cómo es posible asegurarse una clientela electoral a costa de destrozar las finanzas públicas de la ciudad. El problema no sólo está en la deuda, que es la más alta de todas las entidades federativas del país y ha crecido 300% en los últimos nueve años, sino en la forma en que se han desviado recursos de programas esenciales para el funcionamiento de la ciudad para financiar diversos programas sociales y la construcción de un segundo piso.
Es cierto que la deuda ha crecido en forma acelerada, al pasar de 11 mil millones a 43 mil millones de pesos, aun cuando en los últimos dos años se han tomado medidas para evitar que crezca más allá de lo conveniente.
La deuda per se no es mala si se canaliza a inversiones productivas, por el contrario, es pésima si se canaliza, como ha sucedido en la ciudad, a gasto corriente y obras innecesarias como el segundo piso.
Durante el actual sexenio, el gobierno capitalino inició una serie de programas sociales para apoyar a la gente de la tercera edad, madres solteras y niños discapacitados, así como la construcción de 16 preparatorias y la Universidad de la Ciudad de México.
Los programas, sin lugar a dudas, son convenientes, sin embargo, se están financiando a costa de programas e inversiones indispensables para el buen funcionamiento de la ciudad. En lo que va del sexenio el costo de estos programas, más las inversiones del segundo piso (8 mil millones) rebasa los 30 mil millones de pesos y han sido financiados, fundamentalmente, con recortes a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría del DF, a los programas de mantenimiento de agua, drenaje, basura, pavimentación, mercados e inversiones y mantenimiento del Metro, entre otros.
El gobierno local ha dicho que los recursos para financiar estos programas vienen de ahorros resultantes del programa de austeridad que, según ellos, ascienden a 12 mil millones de pesos; mienten, ya que el propio gobierno publicó en el mes de enero, en la revista Nexos, un informe detallado en donde señalaba que el ahorro del programa de austeridad ascendía sólo a 3 mil 600 millones de pesos durante los primeros cinco años del sexenio. O sea, los otros 26 mil 400 millones salieron de recortes irresponsables a programas esenciales de la ciudad.
Sólo en los casos de seguridad pública y procuración de justicia, el recorte es de más de 2 mil 500 millones de pesos anuales a precios constantes, o sea, 12 mil 500 millones en lo que va del sexenio se desviaron para financiar otros programas. A costa de la seguridad de la población o el abasto de agua se llevaron a cabo obras como el segundo piso. Nadie puede criticar los programas sociales del Gobierno del DF y como jefe de Gobierno estoy comprometido a mantenerlos y a buscar recursos adicionales para aumentarlos, lo que no es posible es seguirlos financiando con recortes a programas e inversiones indispensables para el buen funcionamiento de la ciudad.
Nunca, en su historia, la ciudad de México había enfrentado un deterioro tan grande en toda su infraestructura física como la que estamos viviendo. Nunca la inseguridad, la falta de agua, el riesgo de inundaciones, la basura en las calles y el deterioro ecológico habían sido tan grandes, y nunca había sido tan incapaz financieramente el Gobierno del DF para atender las urgencias y el deterioro que enfrenta nuestra ciudad.
La irresponsabilidad financiera y el populismo electoral del Gobierno del DF no tienen precedente; para crearse una clientela segura para las elecciones del 2 de julio de este año al gobierno no le importó el deterioro de la ciudad, y sobre todo de la calidad de vida de 8.5 millones de capitalinos.
Es cierto que la deuda ha crecido en forma acelerada, al pasar de 11 mil millones a 43 mil millones de pesos, aun cuando en los últimos dos años se han tomado medidas para evitar que crezca más allá de lo conveniente.
La deuda per se no es mala si se canaliza a inversiones productivas, por el contrario, es pésima si se canaliza, como ha sucedido en la ciudad, a gasto corriente y obras innecesarias como el segundo piso.
Durante el actual sexenio, el gobierno capitalino inició una serie de programas sociales para apoyar a la gente de la tercera edad, madres solteras y niños discapacitados, así como la construcción de 16 preparatorias y la Universidad de la Ciudad de México.
Los programas, sin lugar a dudas, son convenientes, sin embargo, se están financiando a costa de programas e inversiones indispensables para el buen funcionamiento de la ciudad. En lo que va del sexenio el costo de estos programas, más las inversiones del segundo piso (8 mil millones) rebasa los 30 mil millones de pesos y han sido financiados, fundamentalmente, con recortes a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría del DF, a los programas de mantenimiento de agua, drenaje, basura, pavimentación, mercados e inversiones y mantenimiento del Metro, entre otros.
El gobierno local ha dicho que los recursos para financiar estos programas vienen de ahorros resultantes del programa de austeridad que, según ellos, ascienden a 12 mil millones de pesos; mienten, ya que el propio gobierno publicó en el mes de enero, en la revista Nexos, un informe detallado en donde señalaba que el ahorro del programa de austeridad ascendía sólo a 3 mil 600 millones de pesos durante los primeros cinco años del sexenio. O sea, los otros 26 mil 400 millones salieron de recortes irresponsables a programas esenciales de la ciudad.
Sólo en los casos de seguridad pública y procuración de justicia, el recorte es de más de 2 mil 500 millones de pesos anuales a precios constantes, o sea, 12 mil 500 millones en lo que va del sexenio se desviaron para financiar otros programas. A costa de la seguridad de la población o el abasto de agua se llevaron a cabo obras como el segundo piso. Nadie puede criticar los programas sociales del Gobierno del DF y como jefe de Gobierno estoy comprometido a mantenerlos y a buscar recursos adicionales para aumentarlos, lo que no es posible es seguirlos financiando con recortes a programas e inversiones indispensables para el buen funcionamiento de la ciudad.
Nunca, en su historia, la ciudad de México había enfrentado un deterioro tan grande en toda su infraestructura física como la que estamos viviendo. Nunca la inseguridad, la falta de agua, el riesgo de inundaciones, la basura en las calles y el deterioro ecológico habían sido tan grandes, y nunca había sido tan incapaz financieramente el Gobierno del DF para atender las urgencias y el deterioro que enfrenta nuestra ciudad.
La irresponsabilidad financiera y el populismo electoral del Gobierno del DF no tienen precedente; para crearse una clientela segura para las elecciones del 2 de julio de este año al gobierno no le importó el deterioro de la ciudad, y sobre todo de la calidad de vida de 8.5 millones de capitalinos.
La ley Pascual - Sergio Sarmiento
Una de las grandes dudas sobre lo que significaría un gobierno del PRD tiene que ver con la disposición de los miembros de ese partido a respetar la ley y los fallos de los tribunales. El desacato en el caso de El Encino generó bastantes dudas en ese sentido y se saldó no con una demostración legal de la inocencia de Andrés Manuel López Obrador sino con una decisión política del Gobierno federal de no obedecer una orden de un juez. Un caso que parece ir en el mismo sentido es el de la refresquera Pascual.
Para Victoria Valdés Cacho, viuda de Rafael Jiménez, fundador de Pascual, y su familia esta historia es una de esas pesadillas que demuestran que en nuestro país el poder de los políticos vale más que la ley y los tribunales. Desde 1984, fecha en que la empresa Pascual fue expropiada, el grupo de trabajadores que conformaron la actual cooperativa ha ocupado de manera ilegal dos predios en los que se ubican sus instalaciones en la ciudad de México. En esos 22 años la cooperativa no ha pagado alquiler ni predial ni ha aceptado adquirir los terrenos a un precio justo.
La propietaria, una mujer de avanzada edad que no tiene machetes ni puede hacer bloqueos de calles para defender sus derechos, ha recurrido a los tribunales y ha ganado todas las instancias jurídicas. Pero como la cooperativa cuenta con amigos poderosos, ha hecho caso omiso de las decisiones de las cortes.
En el 2003, tras haber perdido la última instancia legal, la cooperativa recurrió al apoyo del entonces jefe de Gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, quien expropió los predios para entregarlos a la cooperativa. La viuda siguió peleando en los tribunales y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Ésta determinó en noviembre del 2005 –en una votación de 10 ministros contra uno—que la expropiación no procedía porque el beneficio de una empresa privada no cumplía con el requisito de utilidad pública que la Constitución establece para una expropiación.
El tiempo ha pasado, sin embargo, y el nuevo gobierno capitalino de Alejandro Encinas se ha negado a cumplir con el fallo de la Suprema Corte. Ha recurrido a nuevas instancias legales buscando un “cumplimiento sustituto”, pero los tribunales han rechazado su posición. El propósito del Gobierno parece ser simplemente el de “chicanear” el asunto, esto es, alargarlo indefinidamente para no cumplir con el fallo. El propio Encinas ha señalado que, en caso necesario, expropiaría nuevamente el predio para iniciar el proceso otra vez. La estrategia es, al parecer, esperar que la viuda muera sin que se le haga justicia.
El jefe de Gobierno ha dicho que la señora Valdés Cacho no quiere negociar. La familia, sin embargo, señala que son los funcionarios los que ni siquiera les devuelven las llamadas. A pesar de haber sido despojada de los beneficios de un patrimonio legítimo desde hace 22 años, la familia Jiménez Valdés está dispuesta a lograr un acuerdo. Sólo pide un trato justo.
La cooperativa afirma que no podría sobrevivir si tuviera que cubrir un alquiler o pagar un precio de mercado por los terrenos que ocupa en la ciudad de México. Aun cuando esto fuera cierto, por supuesto, no sería razón para desobedecer la decisión de la Suprema Corte. Pero, además, no hay ninguna indicación de que esta versión sea cierta. La empresa parece estar bien administrada y tener ventas y utilidades saludables. En otros lugares del país, por otra parte, ocupa predios de manera legítima y cubre los gastos correspondientes.
El caso de los terrenos de Pascual puede ser una prueba de fuego no sólo para el Gobierno del Distrito Federal sino para el PRD y su candidato a la Presidencia de la República. ¿Cómo creer que de ganar el 2 de julio respetarán la ley y las decisiones de los tribunales si no lo han hecho cuando han gobernado la ciudad de México?
Este asunto va más allá de una simple disputa por dos predios. El fondo es si los mexicanos seguiremos estando indefensos ante los abusos de los poderosos. ¿Continuarán los políticos “expropiando” lo que se les antoje para beneficiar a los grupos que los apoyen?
Nadie en México estará seguro en su persona o sus propiedades si permitimos que se sigan violando la ley y las decisiones de los tribunales. Los políticos como los gobernados podemos estar en desacuerdo con los fallos, pero eso no significa que los políticos deban quedar exentos de su cumplimiento. De otra manera, permitiremos que los poderosos y los influyentes continúen violando abiertamente la ley en perjuicio del resto de la sociedad.
POZO Y HUNDIMIENTO
El tema tiene también una vertiente ecológica. En el predio de Lorenzo Boturini, la cooperativa Pascual explota un pozo de agua para su producción de refrescos. Extrae así líquido de un centro histórico que se hunde precisamente por agotamiento del manto acuífero. No sólo es un absurdo tener una planta refresquera en el centro de la ciudad, sino permitirle extraer agua de un pozo y sin pagar nada por ello.
Para Victoria Valdés Cacho, viuda de Rafael Jiménez, fundador de Pascual, y su familia esta historia es una de esas pesadillas que demuestran que en nuestro país el poder de los políticos vale más que la ley y los tribunales. Desde 1984, fecha en que la empresa Pascual fue expropiada, el grupo de trabajadores que conformaron la actual cooperativa ha ocupado de manera ilegal dos predios en los que se ubican sus instalaciones en la ciudad de México. En esos 22 años la cooperativa no ha pagado alquiler ni predial ni ha aceptado adquirir los terrenos a un precio justo.
La propietaria, una mujer de avanzada edad que no tiene machetes ni puede hacer bloqueos de calles para defender sus derechos, ha recurrido a los tribunales y ha ganado todas las instancias jurídicas. Pero como la cooperativa cuenta con amigos poderosos, ha hecho caso omiso de las decisiones de las cortes.
En el 2003, tras haber perdido la última instancia legal, la cooperativa recurrió al apoyo del entonces jefe de Gobierno de la ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, quien expropió los predios para entregarlos a la cooperativa. La viuda siguió peleando en los tribunales y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Ésta determinó en noviembre del 2005 –en una votación de 10 ministros contra uno—que la expropiación no procedía porque el beneficio de una empresa privada no cumplía con el requisito de utilidad pública que la Constitución establece para una expropiación.
El tiempo ha pasado, sin embargo, y el nuevo gobierno capitalino de Alejandro Encinas se ha negado a cumplir con el fallo de la Suprema Corte. Ha recurrido a nuevas instancias legales buscando un “cumplimiento sustituto”, pero los tribunales han rechazado su posición. El propósito del Gobierno parece ser simplemente el de “chicanear” el asunto, esto es, alargarlo indefinidamente para no cumplir con el fallo. El propio Encinas ha señalado que, en caso necesario, expropiaría nuevamente el predio para iniciar el proceso otra vez. La estrategia es, al parecer, esperar que la viuda muera sin que se le haga justicia.
El jefe de Gobierno ha dicho que la señora Valdés Cacho no quiere negociar. La familia, sin embargo, señala que son los funcionarios los que ni siquiera les devuelven las llamadas. A pesar de haber sido despojada de los beneficios de un patrimonio legítimo desde hace 22 años, la familia Jiménez Valdés está dispuesta a lograr un acuerdo. Sólo pide un trato justo.
La cooperativa afirma que no podría sobrevivir si tuviera que cubrir un alquiler o pagar un precio de mercado por los terrenos que ocupa en la ciudad de México. Aun cuando esto fuera cierto, por supuesto, no sería razón para desobedecer la decisión de la Suprema Corte. Pero, además, no hay ninguna indicación de que esta versión sea cierta. La empresa parece estar bien administrada y tener ventas y utilidades saludables. En otros lugares del país, por otra parte, ocupa predios de manera legítima y cubre los gastos correspondientes.
El caso de los terrenos de Pascual puede ser una prueba de fuego no sólo para el Gobierno del Distrito Federal sino para el PRD y su candidato a la Presidencia de la República. ¿Cómo creer que de ganar el 2 de julio respetarán la ley y las decisiones de los tribunales si no lo han hecho cuando han gobernado la ciudad de México?
Este asunto va más allá de una simple disputa por dos predios. El fondo es si los mexicanos seguiremos estando indefensos ante los abusos de los poderosos. ¿Continuarán los políticos “expropiando” lo que se les antoje para beneficiar a los grupos que los apoyen?
Nadie en México estará seguro en su persona o sus propiedades si permitimos que se sigan violando la ley y las decisiones de los tribunales. Los políticos como los gobernados podemos estar en desacuerdo con los fallos, pero eso no significa que los políticos deban quedar exentos de su cumplimiento. De otra manera, permitiremos que los poderosos y los influyentes continúen violando abiertamente la ley en perjuicio del resto de la sociedad.
POZO Y HUNDIMIENTO
El tema tiene también una vertiente ecológica. En el predio de Lorenzo Boturini, la cooperativa Pascual explota un pozo de agua para su producción de refrescos. Extrae así líquido de un centro histórico que se hunde precisamente por agotamiento del manto acuífero. No sólo es un absurdo tener una planta refresquera en el centro de la ciudad, sino permitirle extraer agua de un pozo y sin pagar nada por ello.
Universidad para todos, trabajo para unos pocos - Jorge Fernandez Menendez
La mexicana es la 12 economía del mundo, sin embargo nuestra competitividad está evaluada debajo del lugar 50 a nivel internacional. Uno de los capítulos decisivos para establecer la competitividad de un país pasa por la calidad de su educación. Según un reciente estudio de la OCDE para que México alcance la calidad educativa de las naciones industrializadas, siguiendo la ruta actual, se requerirían 50 años: si se quiere alcanzar el nivel de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, necesitaríamos 70 años. La calidad de nuestra educación se ha convertido en una traba para el desarrollo.
En muchas oportunidades hemos sostenido en este espacio que la posibilidad de que López Obrador alcance la Presidencia de la República implicaría un regreso al pasado que en muchos sentidos resulta preocupante. Pero pocas cosas he visto algo con mayor preocupación que el mensaje que presentó ante los rectores de las universidades públicas en el encuentro de la ANUIES en Veracruz. No sé quién asesora en estos temas a López Obrador pero lo que dijo es, lisa y llanamente, una barbaridad: el candidato sostuvo que de llegar a la Presidencia pondrá fin a los rechazados en la universidad y el presupuesto de las universidades públicas ya no se condicionará a la calidad de la enseñanza sino a la cobertura de su matrícula. Dijo más López Obrador: aseguró que él quisiera “que hubiera calidad en la enseñanza, pero en un país como el nuestro eso, aunque es importante, no es lo más urgente, lo más urgente es la cobertura”. Fue más allá: dijo que el principal punto que trató con los rectores fue eliminar la existencia de jóvenes rechazados porque la calidad se utiliza “como pretexto” para que no ingresen los que reprueban el examen de admisión.
La intención puede ser buena: otorgarle mayor oportunidad a los jóvenes e incluso algunos dirían que serviría para sacarlos de la calle. Pero la propuesta de López Obrador provocaría daños irreversibles a nuestro sistema educativo y productivo, sería un golpe fatal a la competitividad del país y al propio futuro de esos jóvenes. Primero, ¿quién le dijo a López Obrador que todos los jóvenes, sin excepción, deben y pueden ir a la universidad?. En ningún país del mundo las cosas funcionan así: de la misma manera que no todos los jóvenes están capacitados para estudiar una carrera universitaria, no todos están capacitados para ser buenos técnicos u obreros. De nada sirve abrir las universidades públicas a todo el que lo desee: para estudiar una carrera universitaria se requiere un nivel de conocimientos y de capacidad determinados. Adicionalmente si partimos de la base de que no debe haber rechazados y si López Obrador considera que el no aprobar los exámenes de ingreso es sólo un “pretexto”, se debería concluir que lo mismo ocurriría con las evaluaciones a lo largo de su carrera. En otras palabras, con sólo ir a la universidad cualquier joven estaría en condiciones de obtener por lo menos su licenciatura.
El problema no es la cobertura universitaria sino la calidad. Las universidades públicas necesitan más presupuesto pero para mejorar su calidad, para competir en condiciones de equidad con las universidades privadas, para poder darle a sus egresados mayores oportunidades en el mercado de trabajo. ¿Qué sentido tendría que todos los jóvenes pudieran ingresar a la universidad si, cuando concluyan sus estudios el mercado de trabajo estaría cerrado para ellos?¿cree López Obrador que algún empresario va a contratar a un egresado de una universidad donde se pregona que la calidad de la enseñanza no importa?.
El propio López Obrador dice que construirá 30 nuevas universidades y 200 preparatorias con un costo de 123 mil millones de pesos. ¿Con base en qué dice el candidato que las necesitamos?. Hoy casi el 50 por ciento de los jóvenes de 15 años están fuera del sistema educativo y no lo están por falta de espacios: abandonan sus estudios porque buscan un empleo y como no existen las suficientes oportunidades en educación técnica y en oficios, terminan realizando las peores labores o emigrando a Estados Unidos. No necesitamos 30 universidades públicas más, como tampoco necesitamos algunos cientos de miles de licenciados en Derecho, en Comunicación o en Sociología adicionales: el país requiere una enorme cantidad de trabajadores calificados, de mejores técnicos en todos los oficios, para ellos sí hay mercado laboral. Si hubiera menos demagogia y mayor sentido común, esos recursos se deberían destinar a desarrollar, como en todos los países que han logrado su industrialización, universidades de alto nivel junto a una extensa, amplia, red de tecnológicos y escuelas que permitan aprovisionar el mercado con trabajadores que tengan los conocimientos suficientes como para desarrollar su labor en el mundo laboral actual. Hoy no necesitamos más médicos de los que ya tenemos: necesitamos más enfermeras, más técnicos en el área médica, más personal que no requiere una carrera universitaria para insertarse en el mercado de trabajo.
La propuesta de López Obrador, además, termina siendo profundamente elitista: lo único que lograría sería deteriorar la calidad de las universidades públicas hasta hacerles imposible competir con la privadas, que por supuesto continuarán apostando a la calidad y a seleccionar a sus estudiantes y aprovisionando al mercado laboral de alto nivel. No es, finalmente, nada nuevo: un esquema similar utilizó Luis Echeverría después del 68, masificando las universidades y diciendo que lo importante era la cobertura y no la calidad. Los resultados fueron desastrosos y las universidades públicas terminaran perdiendo preeminencia ante las privadas. Es profundamente injusto para nuestras universidades públicas y para los jóvenes que no recibirán la educación que están buscando y que una vez egresados no podrán trabajar en su carrera. La clave de la educación superior está en la calidad y para darle oportunidades a los jóvenes lo que hay que implementar es un sistema educativo integrado al mercado laboral. Lo otro es demagogia pura.
En muchas oportunidades hemos sostenido en este espacio que la posibilidad de que López Obrador alcance la Presidencia de la República implicaría un regreso al pasado que en muchos sentidos resulta preocupante. Pero pocas cosas he visto algo con mayor preocupación que el mensaje que presentó ante los rectores de las universidades públicas en el encuentro de la ANUIES en Veracruz. No sé quién asesora en estos temas a López Obrador pero lo que dijo es, lisa y llanamente, una barbaridad: el candidato sostuvo que de llegar a la Presidencia pondrá fin a los rechazados en la universidad y el presupuesto de las universidades públicas ya no se condicionará a la calidad de la enseñanza sino a la cobertura de su matrícula. Dijo más López Obrador: aseguró que él quisiera “que hubiera calidad en la enseñanza, pero en un país como el nuestro eso, aunque es importante, no es lo más urgente, lo más urgente es la cobertura”. Fue más allá: dijo que el principal punto que trató con los rectores fue eliminar la existencia de jóvenes rechazados porque la calidad se utiliza “como pretexto” para que no ingresen los que reprueban el examen de admisión.
La intención puede ser buena: otorgarle mayor oportunidad a los jóvenes e incluso algunos dirían que serviría para sacarlos de la calle. Pero la propuesta de López Obrador provocaría daños irreversibles a nuestro sistema educativo y productivo, sería un golpe fatal a la competitividad del país y al propio futuro de esos jóvenes. Primero, ¿quién le dijo a López Obrador que todos los jóvenes, sin excepción, deben y pueden ir a la universidad?. En ningún país del mundo las cosas funcionan así: de la misma manera que no todos los jóvenes están capacitados para estudiar una carrera universitaria, no todos están capacitados para ser buenos técnicos u obreros. De nada sirve abrir las universidades públicas a todo el que lo desee: para estudiar una carrera universitaria se requiere un nivel de conocimientos y de capacidad determinados. Adicionalmente si partimos de la base de que no debe haber rechazados y si López Obrador considera que el no aprobar los exámenes de ingreso es sólo un “pretexto”, se debería concluir que lo mismo ocurriría con las evaluaciones a lo largo de su carrera. En otras palabras, con sólo ir a la universidad cualquier joven estaría en condiciones de obtener por lo menos su licenciatura.
El problema no es la cobertura universitaria sino la calidad. Las universidades públicas necesitan más presupuesto pero para mejorar su calidad, para competir en condiciones de equidad con las universidades privadas, para poder darle a sus egresados mayores oportunidades en el mercado de trabajo. ¿Qué sentido tendría que todos los jóvenes pudieran ingresar a la universidad si, cuando concluyan sus estudios el mercado de trabajo estaría cerrado para ellos?¿cree López Obrador que algún empresario va a contratar a un egresado de una universidad donde se pregona que la calidad de la enseñanza no importa?.
El propio López Obrador dice que construirá 30 nuevas universidades y 200 preparatorias con un costo de 123 mil millones de pesos. ¿Con base en qué dice el candidato que las necesitamos?. Hoy casi el 50 por ciento de los jóvenes de 15 años están fuera del sistema educativo y no lo están por falta de espacios: abandonan sus estudios porque buscan un empleo y como no existen las suficientes oportunidades en educación técnica y en oficios, terminan realizando las peores labores o emigrando a Estados Unidos. No necesitamos 30 universidades públicas más, como tampoco necesitamos algunos cientos de miles de licenciados en Derecho, en Comunicación o en Sociología adicionales: el país requiere una enorme cantidad de trabajadores calificados, de mejores técnicos en todos los oficios, para ellos sí hay mercado laboral. Si hubiera menos demagogia y mayor sentido común, esos recursos se deberían destinar a desarrollar, como en todos los países que han logrado su industrialización, universidades de alto nivel junto a una extensa, amplia, red de tecnológicos y escuelas que permitan aprovisionar el mercado con trabajadores que tengan los conocimientos suficientes como para desarrollar su labor en el mundo laboral actual. Hoy no necesitamos más médicos de los que ya tenemos: necesitamos más enfermeras, más técnicos en el área médica, más personal que no requiere una carrera universitaria para insertarse en el mercado de trabajo.
La propuesta de López Obrador, además, termina siendo profundamente elitista: lo único que lograría sería deteriorar la calidad de las universidades públicas hasta hacerles imposible competir con la privadas, que por supuesto continuarán apostando a la calidad y a seleccionar a sus estudiantes y aprovisionando al mercado laboral de alto nivel. No es, finalmente, nada nuevo: un esquema similar utilizó Luis Echeverría después del 68, masificando las universidades y diciendo que lo importante era la cobertura y no la calidad. Los resultados fueron desastrosos y las universidades públicas terminaran perdiendo preeminencia ante las privadas. Es profundamente injusto para nuestras universidades públicas y para los jóvenes que no recibirán la educación que están buscando y que una vez egresados no podrán trabajar en su carrera. La clave de la educación superior está en la calidad y para darle oportunidades a los jóvenes lo que hay que implementar es un sistema educativo integrado al mercado laboral. Lo otro es demagogia pura.
Thursday, June 01, 2006
Mayor consumo - Sergio Sarmiento
En la forma, Andrés Manuel López Obrador decepcionó. Su muy publicitado “mensaje a la nación en cadena nacional” resultó un simple anuncio, como tantos otros que hemos visto a lo largo de esta campaña, programado para pasar a aproximadamente la misma hora en un amplio grupo de emisoras de radio y televisión.
La producción del comercial era francamente pobre. El candidato estaba mal iluminado y la posición de la cámara, que apuntaba de abajo hacia arriba, lo hacía ver extraño. Este tipo de toma se utiliza mucho en la cinematografía para crear un aura para los personajes que deben generar miedo o para los que representan una imagen de autoridad. Me pregunto si esta era la intención de los productores o si simplemente no consideraron el ambiente que generaría esta toma, la cual se antoja inadecuada para un candidato que está buscando el apoyo de sus conciudadanos en las urnas.
En el contenido, el mensaje seguramente fue más efectivo. No hay promesa más atractiva que pueda hacer un candidato que decir que subirá en un 20 por ciento los ingresos del 85 por ciento más pobre de la población, y que lo hará sin que ésta haga ningún esfuerzo. La última vez que tuvimos algo así fue en 1982, cuando José López Portillo ordenó aumentos de 30 por ciento en los salarios que produjeron un colapso posterior de la economía.
Esta es la propuesta de López Obrador. Y por supuesto que los mexicanos tenemos derecho a mostrar cuando menos cierto escepticismo. Ya escuchamos en el 2000 a un candidato, Vicente Fox, que prometió un crecimiento económico del 7 por ciento y que ofreció también bajar los impuestos, subir la recaudación y eliminar el déficit de gasto público… todo al mismo tiempo.
Mucho se ha hablado ya de los detalles técnicos de esta propuesta. López Obrador y su gente han insistido en que pueden recortar 100 mil millones del gasto burocrático y trasladarlo a apoyos sociales. En principio esto no debería ser imposible. Se trata de un 5 por ciento de un presupuesto gubernamental que asciende a 2 billones (millones de millones) de pesos. Cualquier administrador sabe bien que toda estructura burocrática puede resistir una poda de 5 por ciento, y en la obesa estructura del Estado mexicano esto sería extraordinariamente fácil. El problema es que la promesa es hacer el recorte sin afectar al personal de base o sindicalizado, que es la inmensa mayoría del ejército burocrático del país. Y ahí es donde las cosas se vuelven más difíciles.
En un principio López Obrador hablaba de lograr el ahorro reduciendo los sueldos de los altos funcionarios públicos. Pero además de que esto puede ocasionar una mayor fuga de talento del Gobierno federal de la que hemos presenciado en los últimos años, un recorte a la mitad del ingreso de todos los funcionarios públicos de director general hasta Presidente -aunado a la eliminación de las pensiones de los ex Presidentes en que tanto insiste Andrés Manuel- lograría un ahorro de tan sólo 3 mil millones de pesos. Faltarían, pues, otros 97 mil millones para llegar a la meta.
Rogelio Ramírez de la O, quien podría ser secretario de Hacienda en un gobierno de López Obrador, me decía ayer en una entrevista que hay mucho más espacio de dónde cortar en otros rubros. Mencionó, por ejemplo, los fletes que Pemex paga por el transporte de su mercancía, que ascienden a 24 mil millones de pesos. Según él se paga más de lo que se debería por este concepto. Si es así, y si el ahorro se puede hacer sin afectar la capacidad de mover los productos de la empresa, maravilloso. Pero habrá que ver si éste y otros ahorros son realmente posibles.
En el campo del gasto, puede uno aplaudir que se hagan esfuerzos por repartir dinero entre el 85 por ciento más pobre de la población. También mucha gente estaría contenta si se redujera el precio de los energéticos. Pero esa no es la manera de construir un país más próspero.
En su anuncio del 30 de mayo López Obrador señaló que un mayor consumo equivale a más prosperidad. Pero los países que han logrado aumentar su prosperidad no lo han hecho promoviendo el consumo o reduciendo artificialmente los precios de los combustibles. Estas políticas tienden a generar dispendios y una mala distribución de los escasos recursos económicos de una nación en desarrollo.
Las economías que han logrado darle un mejor nivel de vida a su población han seguido el camino contrario. En vez de impulsar el consumo han promovido el ahorro y la inversión productiva para generar actividad económica y empleos.
Entiendo que es mucho más vendible para un candidato ofrecer un aumento del 20 por ciento en el ingreso personal de los mexicanos sin exigir un esfuerzo a cambio que ofrecer las difíciles reformas que harían más competitiva a la economía nacional. Pero la experiencia nos dice que no hay nada gratis en la vida.
MULTA POR AZNAR
Al PAN le costó 146 mil pesos el apoyo que le brindó el ex presidente del Gobierno español José María Aznar. Y lo peor de todo es que ese respaldo no le consiguió ni un solo voto a Felipe Calderón. Este ha sido un error muy tonto que deja un precedente para todos los partidos.
La producción del comercial era francamente pobre. El candidato estaba mal iluminado y la posición de la cámara, que apuntaba de abajo hacia arriba, lo hacía ver extraño. Este tipo de toma se utiliza mucho en la cinematografía para crear un aura para los personajes que deben generar miedo o para los que representan una imagen de autoridad. Me pregunto si esta era la intención de los productores o si simplemente no consideraron el ambiente que generaría esta toma, la cual se antoja inadecuada para un candidato que está buscando el apoyo de sus conciudadanos en las urnas.
En el contenido, el mensaje seguramente fue más efectivo. No hay promesa más atractiva que pueda hacer un candidato que decir que subirá en un 20 por ciento los ingresos del 85 por ciento más pobre de la población, y que lo hará sin que ésta haga ningún esfuerzo. La última vez que tuvimos algo así fue en 1982, cuando José López Portillo ordenó aumentos de 30 por ciento en los salarios que produjeron un colapso posterior de la economía.
Esta es la propuesta de López Obrador. Y por supuesto que los mexicanos tenemos derecho a mostrar cuando menos cierto escepticismo. Ya escuchamos en el 2000 a un candidato, Vicente Fox, que prometió un crecimiento económico del 7 por ciento y que ofreció también bajar los impuestos, subir la recaudación y eliminar el déficit de gasto público… todo al mismo tiempo.
Mucho se ha hablado ya de los detalles técnicos de esta propuesta. López Obrador y su gente han insistido en que pueden recortar 100 mil millones del gasto burocrático y trasladarlo a apoyos sociales. En principio esto no debería ser imposible. Se trata de un 5 por ciento de un presupuesto gubernamental que asciende a 2 billones (millones de millones) de pesos. Cualquier administrador sabe bien que toda estructura burocrática puede resistir una poda de 5 por ciento, y en la obesa estructura del Estado mexicano esto sería extraordinariamente fácil. El problema es que la promesa es hacer el recorte sin afectar al personal de base o sindicalizado, que es la inmensa mayoría del ejército burocrático del país. Y ahí es donde las cosas se vuelven más difíciles.
En un principio López Obrador hablaba de lograr el ahorro reduciendo los sueldos de los altos funcionarios públicos. Pero además de que esto puede ocasionar una mayor fuga de talento del Gobierno federal de la que hemos presenciado en los últimos años, un recorte a la mitad del ingreso de todos los funcionarios públicos de director general hasta Presidente -aunado a la eliminación de las pensiones de los ex Presidentes en que tanto insiste Andrés Manuel- lograría un ahorro de tan sólo 3 mil millones de pesos. Faltarían, pues, otros 97 mil millones para llegar a la meta.
Rogelio Ramírez de la O, quien podría ser secretario de Hacienda en un gobierno de López Obrador, me decía ayer en una entrevista que hay mucho más espacio de dónde cortar en otros rubros. Mencionó, por ejemplo, los fletes que Pemex paga por el transporte de su mercancía, que ascienden a 24 mil millones de pesos. Según él se paga más de lo que se debería por este concepto. Si es así, y si el ahorro se puede hacer sin afectar la capacidad de mover los productos de la empresa, maravilloso. Pero habrá que ver si éste y otros ahorros son realmente posibles.
En el campo del gasto, puede uno aplaudir que se hagan esfuerzos por repartir dinero entre el 85 por ciento más pobre de la población. También mucha gente estaría contenta si se redujera el precio de los energéticos. Pero esa no es la manera de construir un país más próspero.
En su anuncio del 30 de mayo López Obrador señaló que un mayor consumo equivale a más prosperidad. Pero los países que han logrado aumentar su prosperidad no lo han hecho promoviendo el consumo o reduciendo artificialmente los precios de los combustibles. Estas políticas tienden a generar dispendios y una mala distribución de los escasos recursos económicos de una nación en desarrollo.
Las economías que han logrado darle un mejor nivel de vida a su población han seguido el camino contrario. En vez de impulsar el consumo han promovido el ahorro y la inversión productiva para generar actividad económica y empleos.
Entiendo que es mucho más vendible para un candidato ofrecer un aumento del 20 por ciento en el ingreso personal de los mexicanos sin exigir un esfuerzo a cambio que ofrecer las difíciles reformas que harían más competitiva a la economía nacional. Pero la experiencia nos dice que no hay nada gratis en la vida.
MULTA POR AZNAR
Al PAN le costó 146 mil pesos el apoyo que le brindó el ex presidente del Gobierno español José María Aznar. Y lo peor de todo es que ese respaldo no le consiguió ni un solo voto a Felipe Calderón. Este ha sido un error muy tonto que deja un precedente para todos los partidos.
La economía de AMLO: bienvenidos al pasado - Jorge Fernandez Menendez
Como lo dijimos en este espacio, realmente parecía que la decisión de López Obrador de enlazar a varios medios nacionales (incluso presentándolo pomposamente como un “mensaje a la nación” en “cadena nacional”) para anunciar los “principios de su propuesta económica”, era una buena idea: se concentraría, por supuesto, en las promesas, pero podía servir para presentarse un político responsable que sabe y entiende cómo funciona la economía de un país. Resultó una mezcla de fracaso y absurdo, por la forma y por el fondo. En la forma, López Obrador se veía fatal: hasta el nudo de la corbata traía mal atado (¿cuál de sus asesores de imagen considera que una corbata rosa se ve presidencial en televisión?). El mensaje, anunciado en tres minutos, apenas superó el minuto y su realización era tan mala que parecía un ejercicio estudiantil.
Pero el fondo de lo anunciado es mucho peor: López Obrador se limitó a decir que “incrementaría” los salarios de todas las personas que ganan menos de nueve mil pesos. Por supuesto no dijo cómo, lo dejó en una nebulosa en la cual se supone que ello se logrará mediante una combinación de elementos que van desde el subsidio sistemático a personas de la tercera edad (el martes en la mañana también había anunciado subsidios a los intelectuales y creadores, confundiendo la entrega de dinero, estilo Echeverría con una política cultural seria), madres solteras y demás, hasta un incremento al subsidio de los energéticos para reducir su costo y se supone que por una eliminación del ISR para ese sector de la población. Pomposamente, al final del anuncio, López Obrador dice que con mayores ingresos salariales, habrá mayor consumo y por ende mayor crecimiento económico. Si eso se parece a un programa económico, los operadores financieros internacionales deben prepararse, ya, a retirar cualquier inversión seria de México sin gana AMLO, porque decir que se trata de una propuesta sin pies ni cabeza resulta suave.
Horas antes, el economista de cabecera de López Obrador, Rogelio Ramírez de la O, convocó a una conferencia de prensa para “explicar” lo que querría decir su jefe. Por supuesto, Rogelio fue más articulado, pero se limitó a repetir lo ya dicho en el llamado proyecto alternativo de nación. Se habló de la reducción del precio de los energéticos, de la reducción del ISR, de la construcción de refinerías, viviendas, obras de infraestructura, de un aeropuerto internacional en Tizayuca y de mucho más. Cuando se hacía la pregunta obvia: ¿cómo se pagaría todo eso?, la única respuesta era que con ahorro en el gasto burocrático: se gastarán cien mil millones de pesos anuales menos y con eso se pagará todo.
El pequeño problema es que ese ahorro, como está planteado, es lisa y llanamente imposible. Se dice por ejemplo que se reducirá el 50 por ciento del salario del Presidente hacia abajo hasta llegar a todos los directores generales en el Gobierno. Se dice que así se ahorrarán 6 mil millones de pesos. El problema es que el salario total de toda la plantilla de mandos superiores del sector público suma un poco menos que eso: cinco mil 900 millones. ¿Espera López Obrador trabajar con un Gobierno que no gane ni un peso de sueldo?. Se habla también de la reducción salarial de los mandos medios del Gobierno: pues todos ellos ganan 38 mil millones de pesos al año ¿en cuánto piensa reducirles el salario?.
¿Cuánto es el presupuesto para personal de todo el Gobierno federal?. Suma, según el presupuesto 2005, unos 150 mil 323 millones de pesos y el 70 por ciento de ello se concentra en los sueldos de maestros, personal médico (incluyendo médicos y enfermeras), fuerzas armadas, policías y todo el personal relacionado con la justicia. Eso quiere decir que si se piensa reducir 100 mil millones de pesos en ese ámbito, estamos hablando de que más del 75 por ciento del gasto actual tendría que desaparecer, o sea el salario del Presidente pero también a médicos, enfermeras, maestros, policías, fuerzas armadas y mucho más. No hay posibilidades de realizar ese recorte: es pura demagogia.
Se habla de reducir el precio a los energéticos, en realidad debería decirse de aumentar el subsidio. Sólo en electricidad, hoy el subsidio alcanza los 55 mil millones de pesos: ¿se puede aumentar?, por supuesto, la pregunta, una vez más es de dónde saldrán los recursos. Eliminar el ISR a quienes ganan menos de 9 mil pesos mensuales implicaría una reducción de los ingresos de 30 mil millones de pesos: ¿cómo se van a compensar?. Dice López Obrador que ello aumentaría el consumo, pero al mismo tiempo dice que no gravará más el consumo vía IVA. Una vez más de ¿dónde saldrían, entonces, esos recursos?.
Jaime Sánchez Susarrey, analizando estas propuestas en su libro Un proyecto irresponsable de nación, hace un estimado del costo de sólo algunas de las promesas de López Obrador que no explica cómo las va a financiar. La cifra es ridículamente alta: unos 350 mil millones de pesos, incluyendo 62 mil millones para la construcción de cuatro nuevas refinerías; 75 mil millones adicionales para combate a la pobreza; 45 mil millones para apoyos a la tercera edad; 19 mil millones en medicinas gratuitas; 123 mil millones para la creación de 30 universidad y 200 preparatorias. Y por supuesto no se contemplan en estas cifras, aeropuertos, carreteras y la enorme cantidad de obra pública con la cual según López Obrador detonará la economía. El problema, insistimos, no está en la obra pública, las pensiones a la tercera edad o las medicinas gratuitas: el tema es cómo se puede financiar esa obra y esos proyectos. Y López Obrador no dice cómo lo hará, salvo el mítico recorte de cien mil millones de pesos al gasto público. En todo caso el resultado será, como en su gestión en el DF, decrecimiento económico, pérdida de competitividad, reducción de fuentes de empleos y un fuerte endeudamiento público. O sea indisciplina fiscal e inflación. Bienvenidos al pasado.
Pero el fondo de lo anunciado es mucho peor: López Obrador se limitó a decir que “incrementaría” los salarios de todas las personas que ganan menos de nueve mil pesos. Por supuesto no dijo cómo, lo dejó en una nebulosa en la cual se supone que ello se logrará mediante una combinación de elementos que van desde el subsidio sistemático a personas de la tercera edad (el martes en la mañana también había anunciado subsidios a los intelectuales y creadores, confundiendo la entrega de dinero, estilo Echeverría con una política cultural seria), madres solteras y demás, hasta un incremento al subsidio de los energéticos para reducir su costo y se supone que por una eliminación del ISR para ese sector de la población. Pomposamente, al final del anuncio, López Obrador dice que con mayores ingresos salariales, habrá mayor consumo y por ende mayor crecimiento económico. Si eso se parece a un programa económico, los operadores financieros internacionales deben prepararse, ya, a retirar cualquier inversión seria de México sin gana AMLO, porque decir que se trata de una propuesta sin pies ni cabeza resulta suave.
Horas antes, el economista de cabecera de López Obrador, Rogelio Ramírez de la O, convocó a una conferencia de prensa para “explicar” lo que querría decir su jefe. Por supuesto, Rogelio fue más articulado, pero se limitó a repetir lo ya dicho en el llamado proyecto alternativo de nación. Se habló de la reducción del precio de los energéticos, de la reducción del ISR, de la construcción de refinerías, viviendas, obras de infraestructura, de un aeropuerto internacional en Tizayuca y de mucho más. Cuando se hacía la pregunta obvia: ¿cómo se pagaría todo eso?, la única respuesta era que con ahorro en el gasto burocrático: se gastarán cien mil millones de pesos anuales menos y con eso se pagará todo.
El pequeño problema es que ese ahorro, como está planteado, es lisa y llanamente imposible. Se dice por ejemplo que se reducirá el 50 por ciento del salario del Presidente hacia abajo hasta llegar a todos los directores generales en el Gobierno. Se dice que así se ahorrarán 6 mil millones de pesos. El problema es que el salario total de toda la plantilla de mandos superiores del sector público suma un poco menos que eso: cinco mil 900 millones. ¿Espera López Obrador trabajar con un Gobierno que no gane ni un peso de sueldo?. Se habla también de la reducción salarial de los mandos medios del Gobierno: pues todos ellos ganan 38 mil millones de pesos al año ¿en cuánto piensa reducirles el salario?.
¿Cuánto es el presupuesto para personal de todo el Gobierno federal?. Suma, según el presupuesto 2005, unos 150 mil 323 millones de pesos y el 70 por ciento de ello se concentra en los sueldos de maestros, personal médico (incluyendo médicos y enfermeras), fuerzas armadas, policías y todo el personal relacionado con la justicia. Eso quiere decir que si se piensa reducir 100 mil millones de pesos en ese ámbito, estamos hablando de que más del 75 por ciento del gasto actual tendría que desaparecer, o sea el salario del Presidente pero también a médicos, enfermeras, maestros, policías, fuerzas armadas y mucho más. No hay posibilidades de realizar ese recorte: es pura demagogia.
Se habla de reducir el precio a los energéticos, en realidad debería decirse de aumentar el subsidio. Sólo en electricidad, hoy el subsidio alcanza los 55 mil millones de pesos: ¿se puede aumentar?, por supuesto, la pregunta, una vez más es de dónde saldrán los recursos. Eliminar el ISR a quienes ganan menos de 9 mil pesos mensuales implicaría una reducción de los ingresos de 30 mil millones de pesos: ¿cómo se van a compensar?. Dice López Obrador que ello aumentaría el consumo, pero al mismo tiempo dice que no gravará más el consumo vía IVA. Una vez más de ¿dónde saldrían, entonces, esos recursos?.
Jaime Sánchez Susarrey, analizando estas propuestas en su libro Un proyecto irresponsable de nación, hace un estimado del costo de sólo algunas de las promesas de López Obrador que no explica cómo las va a financiar. La cifra es ridículamente alta: unos 350 mil millones de pesos, incluyendo 62 mil millones para la construcción de cuatro nuevas refinerías; 75 mil millones adicionales para combate a la pobreza; 45 mil millones para apoyos a la tercera edad; 19 mil millones en medicinas gratuitas; 123 mil millones para la creación de 30 universidad y 200 preparatorias. Y por supuesto no se contemplan en estas cifras, aeropuertos, carreteras y la enorme cantidad de obra pública con la cual según López Obrador detonará la economía. El problema, insistimos, no está en la obra pública, las pensiones a la tercera edad o las medicinas gratuitas: el tema es cómo se puede financiar esa obra y esos proyectos. Y López Obrador no dice cómo lo hará, salvo el mítico recorte de cien mil millones de pesos al gasto público. En todo caso el resultado será, como en su gestión en el DF, decrecimiento económico, pérdida de competitividad, reducción de fuentes de empleos y un fuerte endeudamiento público. O sea indisciplina fiscal e inflación. Bienvenidos al pasado.
Olvido y traición - Ricardo Aleman
Priístas que combatían a la izquierda hoy son la corte del más aventajado de sus candidatos
Y a no hablemos de aquellos militantes de la izquierda mexicana que en las décadas de los 60 y 70 dieron la vida por las causas que enarbolaron -y que seguramente se revuelven en sus tumbas-, sino de los que lograron sobrevivir esos años y que en la década siguiente fueron víctimas no de las balas de Díaz Ordaz y de Echeverría, sino de persecución, cárcel y fraude electoral.
¿Qué les dice a esos mexicanos, entre quienes se encuentran dirigentes, activistas, intelectuales, luchadores sociales y periodistas, que el prohombre de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador, responda alegremente que no juzgará a personajes como Manuel Bartlett Díaz? Más aún, que le dé la bienvenida a su causa.
Algo grave está pasando entre esa izquierda mexicana, si dirigentes y luchadores sociales, intelectuales, activistas y periodistas han sido incapaces de alzar la voz contra el reclutamiento -en las filas de esa izquierda- de personajes como Manuel Camacho, Socorro Díaz, José Guadarrama, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Ricardo García Sáinz, Dante Delgado, Alberto Anaya, Leonel Cota, Arturo Núñez, César Raúl Ojeda, Víctor Emilio Anchondo, Alfonso Durazo, Roberto Vega Galina, Elías Dip Ramé, Víctor Gandarilla y Raúl Sifuentes Guerrero, por mencionar sólo algunos.
¿Qué no todos ellos representaron, en la larga marcha de la izquierda mexicana, los adversarios y hasta los enemigos a vencer? ¿Qué no algunos de ellos son responsables intelectuales, por omisión o por comisión, de la persecución de esa izquierda, de los fraudes electorales y las elecciones de Estado, y hasta de crímenes contra militantes de esa izquierda? ¿Ya se les olvidó a dirigentes y luchadores sociales, a intelectuales y periodistas de esa izquierda, que el PRI de los Muñoz Ledo, de los Manuel Bartlett, Manuel Camacho, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Socorro Diaz -entre muchos otros- fue el PRI responsable de las masacres del 68, del 71, de las elecciones de Estado y los despojos electorales como los de 88, y que esos personajes no fueron ajenos a esas purgas políticas y electorales que sufrió la izquierda mexicana?
En un insólito, en lo que parece la negación de la memoria y de la historia recientes, esos priístas que antaño combatían a la izquierda, la perseguían y la defraudaban electoralmente, hoy son la corte del más aventajado de los presidenciables que haya tenido la izquierda mexicana y quien -como buen mesías que se respete-, reparte indulgencias y perdona vidas pasadas para que el rebaño descarriado pueda entrar a su reino, que es el de la verdad, la honestidad y la valentía. Ser aceptado en el rebaño de AMLO es lo mismo que borrar el pasado ominoso, que perdonar los crímenes del poder, que alcanzar la purificación del alma y del cuerpo. Afiliarse a la izquierda que él representa, y a la causa de los pobres que dice enarbolar, convierte a los ex priístas en cruzados por el bien de todos.
Curiosa conversión, que anula la memoria, que borra el pasado, que aniquila la congruencia y, sobre todo, las capacidades de asombro e indignación de quienes fueron verdaderos líderes y militantes de izquierda, de luchadores y luchadoras sociales que lo fueron por la vida de los suyos; de intelectuales, hombres de ciencia y periodistas hoy deslumbrados por la proximidad al poder. ¿Qué bicho les picó para compartir causa y proyecto con los que ayer promovían el exterminio de la izquierda y a los que hoy convidan del banquete del poder?
Y no parece haber otra respuesta que esa, la del poder. Para alcanzar el poder y para ejercerlo, estorban memoria, principios, historia, congruencia, aunque sean las de la izquierda mexicana. ¿Cuántos luchadores sociales, dirigentes, intelectuales y periodistas de esa izquierda imaginaron, hace 10, 20 o más años, que compartirían la mesa del poder con apellidos lustrosos como Muñoz Ledo, Bartlett, Sáinz, Camacho, Díaz, Monreal, Ebrard, Guadarrama...? Seguramente ninguno. ¿Y cuántos de los sobrevivientes de esa izquierda esperan la señal, el 2 de julio, para compartir el banquete del poder con esos apellidos? Dolorosa confirmación: "el poder los hace iguales".
¿De veras los volvió amnésicos y cínicos el poder? Dice un viejo militante de izquierda, olvidado y relegado, que no. Y explica: "Lo que pasa es que se hicieron viejos". No es el poder, "es el miedo al fracaso", dice. Y puede tener razón. Toda una generación de luchadores de izquierda, que se jugó la vida en su lucha contra el PRI y por la democracia, no puede dejar la vida sin haber visto un gobierno de izquierda, aunque sea de esa izquierda. Apelar a la congruencia, a la conciencia, a la memoria y la historia sería decirle "no" a AMLO. Sería reconocer el fracaso propio. Pero si es así, ¡valiente triunfo de la izquierda! Porque de suyo, cuando AMLO nutre su candidatura presidencial de izquierda y a su partido de izquierda, con los ex priístas que combatieron a la izquierda, entonces estaría reconociendo que 30, 40 o más años de lucha en la izquierda mexicana fueron inútiles, porque no llegará al poder esa izquierda, sino un PRI reciclado. Gane o pierda, AMLO pasará a la historia como el aniquilador de la izquierda mexicana. Al tiempo.
aleman2@prodigy.net.mx
Y a no hablemos de aquellos militantes de la izquierda mexicana que en las décadas de los 60 y 70 dieron la vida por las causas que enarbolaron -y que seguramente se revuelven en sus tumbas-, sino de los que lograron sobrevivir esos años y que en la década siguiente fueron víctimas no de las balas de Díaz Ordaz y de Echeverría, sino de persecución, cárcel y fraude electoral.
¿Qué les dice a esos mexicanos, entre quienes se encuentran dirigentes, activistas, intelectuales, luchadores sociales y periodistas, que el prohombre de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador, responda alegremente que no juzgará a personajes como Manuel Bartlett Díaz? Más aún, que le dé la bienvenida a su causa.
Algo grave está pasando entre esa izquierda mexicana, si dirigentes y luchadores sociales, intelectuales, activistas y periodistas han sido incapaces de alzar la voz contra el reclutamiento -en las filas de esa izquierda- de personajes como Manuel Camacho, Socorro Díaz, José Guadarrama, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, Ricardo García Sáinz, Dante Delgado, Alberto Anaya, Leonel Cota, Arturo Núñez, César Raúl Ojeda, Víctor Emilio Anchondo, Alfonso Durazo, Roberto Vega Galina, Elías Dip Ramé, Víctor Gandarilla y Raúl Sifuentes Guerrero, por mencionar sólo algunos.
¿Qué no todos ellos representaron, en la larga marcha de la izquierda mexicana, los adversarios y hasta los enemigos a vencer? ¿Qué no algunos de ellos son responsables intelectuales, por omisión o por comisión, de la persecución de esa izquierda, de los fraudes electorales y las elecciones de Estado, y hasta de crímenes contra militantes de esa izquierda? ¿Ya se les olvidó a dirigentes y luchadores sociales, a intelectuales y periodistas de esa izquierda, que el PRI de los Muñoz Ledo, de los Manuel Bartlett, Manuel Camacho, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y Socorro Diaz -entre muchos otros- fue el PRI responsable de las masacres del 68, del 71, de las elecciones de Estado y los despojos electorales como los de 88, y que esos personajes no fueron ajenos a esas purgas políticas y electorales que sufrió la izquierda mexicana?
En un insólito, en lo que parece la negación de la memoria y de la historia recientes, esos priístas que antaño combatían a la izquierda, la perseguían y la defraudaban electoralmente, hoy son la corte del más aventajado de los presidenciables que haya tenido la izquierda mexicana y quien -como buen mesías que se respete-, reparte indulgencias y perdona vidas pasadas para que el rebaño descarriado pueda entrar a su reino, que es el de la verdad, la honestidad y la valentía. Ser aceptado en el rebaño de AMLO es lo mismo que borrar el pasado ominoso, que perdonar los crímenes del poder, que alcanzar la purificación del alma y del cuerpo. Afiliarse a la izquierda que él representa, y a la causa de los pobres que dice enarbolar, convierte a los ex priístas en cruzados por el bien de todos.
Curiosa conversión, que anula la memoria, que borra el pasado, que aniquila la congruencia y, sobre todo, las capacidades de asombro e indignación de quienes fueron verdaderos líderes y militantes de izquierda, de luchadores y luchadoras sociales que lo fueron por la vida de los suyos; de intelectuales, hombres de ciencia y periodistas hoy deslumbrados por la proximidad al poder. ¿Qué bicho les picó para compartir causa y proyecto con los que ayer promovían el exterminio de la izquierda y a los que hoy convidan del banquete del poder?
Y no parece haber otra respuesta que esa, la del poder. Para alcanzar el poder y para ejercerlo, estorban memoria, principios, historia, congruencia, aunque sean las de la izquierda mexicana. ¿Cuántos luchadores sociales, dirigentes, intelectuales y periodistas de esa izquierda imaginaron, hace 10, 20 o más años, que compartirían la mesa del poder con apellidos lustrosos como Muñoz Ledo, Bartlett, Sáinz, Camacho, Díaz, Monreal, Ebrard, Guadarrama...? Seguramente ninguno. ¿Y cuántos de los sobrevivientes de esa izquierda esperan la señal, el 2 de julio, para compartir el banquete del poder con esos apellidos? Dolorosa confirmación: "el poder los hace iguales".
¿De veras los volvió amnésicos y cínicos el poder? Dice un viejo militante de izquierda, olvidado y relegado, que no. Y explica: "Lo que pasa es que se hicieron viejos". No es el poder, "es el miedo al fracaso", dice. Y puede tener razón. Toda una generación de luchadores de izquierda, que se jugó la vida en su lucha contra el PRI y por la democracia, no puede dejar la vida sin haber visto un gobierno de izquierda, aunque sea de esa izquierda. Apelar a la congruencia, a la conciencia, a la memoria y la historia sería decirle "no" a AMLO. Sería reconocer el fracaso propio. Pero si es así, ¡valiente triunfo de la izquierda! Porque de suyo, cuando AMLO nutre su candidatura presidencial de izquierda y a su partido de izquierda, con los ex priístas que combatieron a la izquierda, entonces estaría reconociendo que 30, 40 o más años de lucha en la izquierda mexicana fueron inútiles, porque no llegará al poder esa izquierda, sino un PRI reciclado. Gane o pierda, AMLO pasará a la historia como el aniquilador de la izquierda mexicana. Al tiempo.
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