Delito y mentira - Juan Molinar Horcasitas

Andrés Manuel López Obrador cometió un acto deleznable que me afecta directamente: ante una audiencia masiva, agitada por él y por sus seguidores, me acusó de haber influido sobre las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pretendió fundar sus argumentos en el texto de un correo electrónico que envié a una persona. El razonamiento que utilizó fue absurdo, pero eso no fue lo peor. Lo más grave fue que Andrés Manuel López Obrador disponía de ese correo gracias a una acción delictiva de sus colaboradores. Tan sólo por esa razón, sería comprensible que yo comentara el asunto. Pero hay razones más fuertes para hacerlo: me parece injustificable que una persona que alguna vez pretendió ser Presidente de la República recurra a la mentira y el delito para promover sus intereses.

Para ilustrar adecuadamente el asunto al lector, explicaré primero el contenido del mensaje ilegalmente interceptado y divulgado, para comentar después los aspectos legales y morales de la acción de López Obrador.

El texto de marras le solicita a uno de mis colaboradores que analice los datos de las actas de votación de los paquetes electorales que según el PRD deberían ser abiertos y recontados. El análisis consistía en dos cosas: primero verificar las cifras del PRD y compararlas con las actas oficiales; segundo, revisar en cuántos casos se cumplían los requisitos que el Cofipe señala para proceder al recuento. Comprobamos que los datos de las actas publicadas por el PRD no eran falsos, es decir, que correspondían con los de las actas oficiales. Con base en ese simple hecho, López Obrador pretendió afirmar que hasta yo aceptaba veracidad de sus argumentos sobre el fraude. Esa afirmación es simplemente absurda. De hecho, López Obrador omitió decir que en ese mismo correo criminalmente obtenido, se dice que con base en esos datos, y usando los criterios legales, no había fundamento para cuestionar la limpieza de la elección y que, en el peor de los casos, podría justificarse la apertura de 6 mil 700 casillas. Esta parte del argumento de López Obrador es, en suma, una falacia absurda. Pero no fue todo. López Obrador argumentó que el hecho de que el Tribunal hubiese abierto sólo algunas casillas, y no todas, como él pretendía, probaba que los magistrados habían seguido los lineamientos que le marcamos los autores de ese correo. Esta afirmación sería simplemente ridícula, pero también es injuriosa, especialmente para los magistrados del Tribunal.

Me extendí en el comentario del contenido de esos correos porque los perredistas, especialmente el diputado Horacio Duarte, han tratado de explotarlos como presuntas pruebas a su favor. Con ello, Duarte muestra limitaciones intelectuales severas, pues todos sus esfuerzos por demostrar alguna conexión entre esos textos y un posible fraude electoral han terminado en el ridículo, producido por el balbuceo repetido de incoherencias.

Pero el tema de fondo no es ése. Lo que importa es entender que el señor López Obrador ha utilizado recientemente en dos ocasiones información proveniente de actos criminales. Ya antes utilizó la misma plaza mayor de la ciudad de México para divulgar conversaciones telefónicas, ilegalmente interceptadas y grabadas, que presuntamente probaban alguno de sus argumentos. Tal como en el caso de mi correspondencia, el contenido de esas comunicaciones no probaba nada, pero igualmente las usó ante una audiencia agitada por él, señalando con ello a los que considera sus enemigos. La señora Gordillo, involucrada en ese episodio, denunció penalmente el hecho.

Ante esto, me pregunto quién espió a los adversarios de López Obrador. Si fue un aparato privado contratado por ellos, mal, pues estaríamos ante crímenes inducidos desde la política. Si fue un órgano del partido, peor, pues sería la comisión sistemática de un delito realizado por una institución de interés público, que debería ser bastión de los valores de la legalidad y la democracia. Si fue el gobierno capitalino, mucho peor, pues entonces estaríamos ante evidencia de elementos totalitarios en órganos del Estado mexicano, inducidos por los intereses de un sector del PRD. En todo caso, los líderes que cometieron estas infamias han pasado de la falta de respeto a la ley, a su violación sistemática. Ese es el tema.

Diputado Federal (PAN)