El Abuso de la Ley - Leo Zuckerman

Leo Zuckermann
15 de febrero de 2006

El abuso de la ley

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/33373.html


LAS autoridades mexicanas, en ciertos casos, castigan de menos a presuntos criminales mediante investigaciones a modo, todo al supuesto amparo de la ley. En otras instancias, la situación es exactamente la contraria: las autoridades castigan de más por medio de leyes ridículas que sacan de un cajón. En la aplicación de la ley, la justicia pasa a un segundo plano: se protege o se hostiliza porque así conviene a los poderosos.

La verdad se tuerce; por un lado, se encubre una corrupción evidente y, por el otro, se manipulan peligrosos sentimientos nacionalistas. Los casos de Arturo Montiel y del hotel María Isabel Sheraton ilustran nítidamente cómo una de las prácticas del antiguo régimen autoritario perdura todavía entre nosotros: el nefasto abuso de la ley con fines políticos.

Es un hecho que Montiel y su familia se enriquecieron durante la gestión de aquél como gobernador del estado de México. La pregunta es si esta fortuna súbita es producto de negocios legítimos o de prácticas ilícitas. La mayoría de los mexicanos, con los pocos elementos que sabemos, tendemos a pensar más en lo segundo. La verdad es que no es común conocer a personas probas que, en un periodo de seis años, se enriquezcan como los Montiel. De ahí que se sospeche del origen de su fortuna.

Las dudas se han potenciado debido a la obsecuencia del gobierno mexiquense, encabezado por Enrique Peña Nieto, en la investigación correspondiente. Tanto la Contraloría como la Procuraduría del estado de México encontraron, con prontitud inusitada, que el ex gobernador no era culpable de nada: su riqueza obedecía a una ética de trabajo que el más virtuoso cuáquero envidiaría. El procurador estatal, Alfonso Navarrete Prida, nombrado en su puesto por el propio Montiel, defendió las conclusiones del no ejercicio penal con el discurso legalista de siempre: "La investigación judicial se hizo conforme a derecho".

La sumisión con que el Ministerio Público trató al ex gobernador deja la imagen de una mafia donde los iniciados (el contralor, el procurador y el mismísimo gobernador del estado de México) protegen a su padrino.

En el caso Montiel, la justicia está en falta, y seguirá estándolo mientras desconozcamos cómo un funcionario público acumula súbitamente tanta riqueza. Faltan explicaciones porque, de ser el dinero lícito, el ex gobernador, en lugar de esconderse, podría escribir un libro sobre cómo volverse rico, el cual podría convertirse en un best-seller. En suma, mientras la investigación siga siendo dudosa, este asunto tendrá el tufillo de una manera de abusar con la ley: la de proteger al camarada.

Mismo tufillo tiene, pero para castigar de más, el caso del hotel María Isabel Sheraton. No hay duda que la expulsión de los cubanos que allí se hospedaban merecía un castigo de la autoridad mexicana, sobre todo por la discriminación ejercida. Sin embargo, ni tardos ni perezosos, los perredistas encontraron la oportunidad de medrar electoralmente con el tema. Primero, Federico Arreola, uno de los operadores de la campaña de López Obrador, anunció en la radio que el establecimiento debería ser clausurado porque obedecía las órdenes de un gobierno extranjero.

Luego, la delegada en Cuauhtémoc, Virginia Jaramillo, informó que se clausuraría definitivamente al hotel por una serie de faltas que habían encontrado sus disciplinados inspectores. Se encontró, por ejemplo, que el establecimiento tenía menos cajones de estacionamiento, que algunos de sus bares operaban sin permiso y, en el colmo de la severidad, que no existían menús en Braille.

Los perredistas urdieron una estrategia concertada para la clausura definitiva del hotel Sheraton con fines electorales. Querían medrar despertando en la gente el típico revanchismo de un nacionalismo burdo.

¡Ahora resulta que los gobernantes de esta capital se acordaron de aplicar la ley, incluso desenterrando una nimiedad jurídica como los menús para invidentes, cuando no han hecho lo mismo con faltas más graves como las cometidas a diario por sus clientelas electorales de comerciantes ambulantes y taxis piratas!

¡Increíble que intenten este abuso tan sólo unos meses después de que sus adversarios pretendieron inhabilitar políticamente a López Obrador con otra nimiedad jurídica como fue el caso de El Encino!

Hay que reconocer, sin embargo, que los abusos de la ley en este país ya no tienen el mismo efecto que en el pasado autoritario. Hoy existen contrapesos sociales e institucionales que le impiden a los gobernantes salirse con la suya, sea para no castigar o para castigar de más. Los abusos, por fortuna, acarrean costos.

Tomemos de nuevo los casos de Montiel y el Sheraton. En el primero, la presunta corrupción del ex gobernador le costará electoralmente al PRI, tanto en las elecciones locales que se llevarán a cabo en el estado de México el 12 de marzo, como en las federales del 2 de julio. No por nada, cada vez más priístas exigen una investigación a fondo que efectivamente explique la súbita fortuna de Montiel y compañía. Además, este caso siempre ensombrecerá la carrera política a dos mexiquenses muy ambiciosos: Navarrete Prida y Peña Nieto. Para éstos, lo de Montiel será lo que sigue siendo la "caída del sistema" para Manuel Bartlett: una verdadera lápida.

En el segundo caso, el hotel Sheraton consiguió una suspensión de amparo de la justicia federal, lo que le permitirá evitar su clausura. Es positivo que los mexicanos contemos con una institución como el amparo para protegernos frente a posibles atropellos del poder. Pero, al mismo tiempo, la actuación de las autoridades del Distrito Federal volvió a colocar en la agenda la duda que se tiene acerca de la posible conducta de los perredistas en caso de ganar el 2 de julio. ¿Abusarán de la ley con fines políticos, pero ahora con el aparato del gobierno federal? ¿Clausurarán negocios porque esto es popular? La duda ha regresado.

Profesor investigador del CIDE

leo.zuckermann@cide.edu